La inmensa corrupción que ha sufrido Venezuela en los últimos años ha influido directa o indirectamente en el incremento de la inseguridad ciudadana. El saqueo del patrimonio público y la conducta desviada de muchos funcionarios, son elementos claramente relacionados con la altísima criminalidad que se desarrolla en nuestras calles.

La falta de inversión es un factor que ha afectado transversalmente la lucha contra el delito. Buena parte de los recursos dilapidados por la vía de la corrupción han podido ser destinados a solventar el gran déficit material y humano que presentan las policías, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario, entre otras instituciones relacionadas con la seguridad ciudadana.

La corrupción se ha llevado en gran medida el dinero destinado a la infraestructura judicial del país. Basta recordar, por ejemplo, lo ocurrido con el caso de la denominada Ciudad Lebrún (Petare), donde supuestamente se iba a construir la sede del Palacio de Justicia del Área Metropolitana de Caracas. Después de miles de millones despilfarrados en este proyecto, los tribunales penales de la capital continúan funcionando  en un edificio indigno para la administración de justicia. Esta misma historia se repitió en distintos estados del país.

El flagelo de la corrupción es el mecanismo a través del cual ingresan drogas, alcohol, armas de fuego y otros elementos perjudiciales a las cárceles del país. Sin funcionarios corruptos sería imposible la existencia de «pranes» u otros presos privilegiados, los cuales hoy se permiten hasta salir a la calle a parrandear, tal como ocurrió esta semana con unos detenidos de la cárcel de Sabaneta, en Maracaibo. La mayoría de las fugas tampoco se podrían producir sin la participación de funcionarios del sistema penitenciario. La corrupción ha impedido también que se construyan las cárceles necesarias para solventar el terrible hacinamiento que sufre la población reclusa. En este punto cabría preguntarse qué ha pasado con los recursos que el Ministerio del Servicio Penitenciario (a través del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias) debió destinar para levantar la infraestructura carcelaria del país.

Los policías, fiscales del Ministerio Público, jueces y funcionarios del sistema penitenciario, que desvían su actuación por la vía de la corrupción, contribuyen en gran medida con la impunidad de los criminales. La corrupción es una de las causas por las cuales hoy solo 2 de cada 100 delincuentes son efectivamente sancionados. Desde 1998 se prometió depurar los organismos del sistema de justicia, pero la realidad indica que poco o nada se ha hecho en esta materia.

Los anteriores son solo algunos ejemplos de cómo la corrupción se involucra y afecta nuestra seguridad ciudadana. Los responsables son los que tienen más de 14 años manejando a su antojo el presupuesto y el resto de los aspectos relacionados con las instituciones que deben luchar contra el crimen en Venezuela. La paradoja, es que hoy se quieren investigar a sí mismos.