El devenir diario, salpicado de vertiginosas malas nuevas que nos bombardean sin tregua, y la dura carrera por la simple supervivencia, muchas veces nos impiden tomarnos un minuto para valorar en su justa medida la gravedad de la situación que padecemos. No me refiero en este caso solamente a la inclemente crisis económica, hablo también de otros aspectos, particularmente perversos por su sutileza, que vienen moldeando las relaciones entre el poder y la ciudadanía en nuestra nación desde hace ya más de tres lustros, y que nos han convertido en un pueblo sumiso y desencajado, uno que ya no sabe ubicarse en el siglo en el que le tocó vivir y que, por el contrario, se ha visto forzado a aceptar atrasos que ya deberían haber sido superados.
Mientras el resto del mundo, con contadas excepciones, parece estar mirando hacia adelante, los venezolanos somos nariceados hacia el pasado. La excusa que es y ha sido siempre la “revolución” nos muestra patentes ejemplos esto. Son muchos, pero podemos referirnos a unos cuantos para demostrar la validez de la tesis.
Empecemos por el cuento de la reelección indefinida. Chávez propuso en 2007 una reforma a la Constitución que, al final los hechos lo demostraron, no tenía otro sentido que el de permitirle, cual monarca de los de antaño, enquistarse en el poder de por vida. Tan es así, que cuando el pueblo le dijo “no” a su esperpento, ya que olía tan mal que no gustaba ni a muchos de los mismos chavistas, de inmediato pataleó y propuso una ilegítima enmienda a nuestra Carta Magna en la que el único tema a discutir era el de si se le iba a permitir eternizarse en el poder o no. Al final del día, eso debe haber quedado ya claro a todos, eso era lo único que en realidad le interesaba de su reforma fallida, pues era lo único que no podría luego imponer disfrazado de decretos o de leyes que desconocerían la que fue una contundente expresión popular de rechazo a su proyecto político.
Lo demás es historia. Chávez había perdido esa batalla, pero solo “por ahora”, como nos los restregaron en cara cientos de costosas vallas a nivel nacional por esos días. Después de lograr su “comodín” (la reelección indefinida, que era lo único que le preocupaba verdaderamente), una a una las restricciones y limitaciones a nuestros derechos que habían sido propuestas en la fallida reforma de 2007, y las modalidades también fallidas de control del Estado sobre la economía y sobre nuestros capitales fueron implementadas, paso a paso pero por los caminos verdes, desconociendo la voluntad popular y a través de mecanismos engañosos. El pueblo le había dicho “no” a la visión socialista radical, excluyente y sesgada que Chávez planteó, pero eso no lo detuvo.
Porque el gran pecado del chavismo, y ahora del madurismo, es que gobiernan y hacen lo que les place con el pueblo, sin el pueblo o incluso contra el pueblo, si así les toca. Es una muy mala costumbre a la que nosotros nos hemos habituado. Los ciudadanos no somos más que instrumentos al servicio del poder, que solo somos “buenos” cuando les reímos las gracias, pues cuando se nos ocurre cuestionarle los modos pasamos de inmediato a ser, independientemente de que seamos o no oficialistas, “criminales”.
¿Otro ejemplo? La mala costumbre que seguimos validando de regalarle el sueldo a los legisladores, que nunca pierden la oportunidad, cuando así se les pide, de “habilitar” al presidente para que haga el trabajo, que se supone, ellos deben hacer. Ahora hasta se dan el tupé de sesionar formalmente solo una vez por semana, a menos, por supuesto, que alguna emergencia “revolucionaria” les imponga la carga de debatir temas tan “trascendentes” e “importantes” (la ironía es expresa) para nuestro país como los créditos adicionales que se le van a dar a Jorge Rodríguez para que mantenga el circo de “Suena Caracas” o el “dolor” de algún gobiernero cuando le “ofenden” los opositores. Para esas cosas sí hay tiempo, como también lo hay para aprobar, apurados y aprovechando el letargo popular de las fiestas decembrinas, la designación del nuevo Defensor del Pueblo, del nuevo Contralor o del nuevo Fiscal General de la República.
Lo peor del guiso “habilitante” ni Chávez ni Maduro han perdido la oportunidad para hacer con la encomienda legislativa lo que en ninguna parte tienen permitido hacer: Crear nuevos delitos o agravar las penas de los ya existentes, a placer y por vía de los denominados “decretos leyes”, que no son leyes en sentido estricto. La Constitución es clara (Art. 49, numeral 6º) cuando nos dice que solo las leyes pueden crear delitos, faltas o infracciones y también lo es cuando nos define, en su Art. 202 a la ley como el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Con las bravatas habilitantes, los ciudadanos nos estamos habituando a permitir que los legisladores no cumplan con sus obligaciones, y además a la mala costumbre de consentir que, como ocurría en las monarquías absolutistas, el soberano (no el pueblo, sino el monarca) monopolice el poder ejecutivo y también el legislativo. Lo único que nos falta es dejar que a Maduro se le conceda formalmente el poder de juzgar, lo cual por cierto sí hace, como lo hacía Chávez, cuando en cadena nacional se da el gusto de dictarle pautas a los jueces señalando quién debe ser tenido como criminal y quién no ¿No me lo creen? Busquen qué juez se atreve a ir, en este país desvencijado, contra la “condena” que emite públicamente el presidente contra cualquier ciudadano, sin pagar con su puesto o con su libertad por ello. Esto es el “efecto Afiuni”, así se le llama hoy, y nos está haciendo mucho daño.
Estudien ustedes las recientes normas contenidas en la marea apurada de nuevos “decretos con rango de ley” (que insisto, no son “leyes” en sentido estricto) que acaba de promulgar Maduro y veamos las pruebas de lo que afirmo. Puro retroceso. No solo estamos exacerbando el personalismo y promoviendo el carácter vitalicio del mandato presidencial (ya Chávez no había obligado a tragar esa píldora) sino además le estamos permitiendo al presidente que asuma funciones que no le corresponden. Peores aún son los atrasos que de ello nacen. Por solo mencionar uno, en el Decreto Ley que regula los ilícitos cambiarios se consagra como delito (en su Art. 22) la falta de reintegro de las divisas al Estado, cuando así se haya decretado. En otras palabras, el incumplimiento de una obligación patrimonial, del pago de una acreencia, en este caso con el Estado, pasa a ser punible, castigado con penas pecuniarias pero también con penas privativas de la libertad, lo cual nos devuelve al esquema superado de la “prisión por deudas” que fue abolido en Venezuela hace casi doscientos años por Juan Crisóstomo Falcón.
Si seguimos así, callando y validando estas malas costumbres y estos graves retrocesos, dentro poco estaremos aceptando de nuevo la esclavitud y formalizando otra vez, contra los “enemigos de la Patria”, la pena de muerte.
