La desatención del registro electoral para la diáspora venezolana ha sido por razones administrativas, pero también por razones políticas de un poder que está bajo el control del PSUV
El desafío del retorno a la democracia de Venezuela involucra entre muchas variables la inclusión del registro de electores que constituye la diáspora provocada por el propio régimen en el gobierno, que no cuenta con inscripción ni actualización por lo que no puede ejercer el derecho al voto
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga el derecho a ser elector a todos los venezolanos mayores de edad. Sin embargo, de acuerdo con la legislación electoral, esos mayores de edad se deben inscribir en el Registro Electoral, que a su vez debe estar actualizado para que se permita a los ciudadanos registrados ejercer su derecho al voto. El más reciente corte del registro electoral (al 31 de agosto de 2022). 1 indica que hay 21.129.519 venezolanos registrados para votar. De esos más veintiún millones de venezolanos, 20.793.027 se encuentran habilitados para ejercer su derecho al voto dentro del territorio nacional, mientras que apenas 107.892 están registrados para votar en las sedes de las representaciones diplomáticas del país en el exterior.
De acuerdo con las cifras Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, R4V (2), al pasado mes de diciembre, 7.131.435 venezolanos han migrado durante los últimos años a raíz de la crisis humanitaria, social, económica y política que atraviesa el país. Eso significa que, de la diáspora venezolana, solo 107.892 personas pueden votar actualmente. Y todo apunta a que en 2023 tendrá lugar la elección primaria del candidato unitario de la oposición, quien se medirá en 2024 en una elección presidencial contra al candidato del chavismo.
¿Cómo quedan los venezolanos que no cuentan con registro o datos actualizados? A continuación, se presentan algunos de los retos que hay que tener en cuenta para responder a esa pregunta.
El Registro Electoral… ¿permanente?
La legislación venezolana le da carácter de permanente al Registro Electoral, por lo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debería garantizar que cualquier ciudadano en cualquier momento del año se inscriba o actualice sus datos. La misma legislación vigente faculta a la Oficina Nacional de Registro Electoral, adscripta a la Comisión de registro Civil y Electoral (órgano subalterno del CNE), para que se realicen jornadas especiales de inscripción y actualización de los datos de los electores a través de agentes autorizados. Pero la realidad es que dichas jornadas especiales han sido escasas los últimos años, limitándose a ocasiones muy puntuales, poco difundidas, y con presencia acentuada en sectores que suelen coincidir con bases electorales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Cuando esas jornadas de actualización no tienen lugar, los electores (o potenciales electores) que viven en Venezuela cuentan con apenas 25 puntos de inscripción y actualización del registro electoral en todo el territorio. Cada entidad federal del país cuenta con un punto, más uno adicional en una de las sedes nacionales del CNE en Caracas. Estas limitaciones resultan violatorias de la actual legislación, según la cual el CNE debe atender al registro electoral de forma continua, con eficacia administrativa, priorizando la automatización y acercando el proceso al elector.
Esto significa que sin estas jornadas el registro o actualización de datos resulta sumamente limitado y difícil para los venezolanos que viven en Venezuela. Los venezolanos que viven fuera del país, por su parte, no tienen ninguna opción actualmente.
“De acuerdo con las cifras Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), al pasado mes de diciembre, 7.131.435 venezolanos han migrado durante los últimos años a raíz de la crisis humanitaria, social, económica y política que atraviesa el país. Eso significa que, de la diáspora venezolana, solo 107.892 personas pueden votar actualmente.”
Para poder asegurar la participación de los venezolanos que han migrado resulta indispensable llevar adelante un proceso de inscripción y actualización de quienes viven en el exterior para que puedan convertirse en electores efectivos desde sus nuevos lugares de residencia.
Actualmente el registro electoral en el exterior se encuentra bajo el control de la cancillería de Nicolás Maduro. A la fecha en la que se escribe este artículo, ninguna sede diplomática de la República Bolivariana de Venezuela cuenta con la inscripción y actualización del registro electoral entre los servicios consulares que prestan a diario, con lo cual millones de venezolanos que se encuentran en el exterior no tienen una instancia a la cual acudir a registrar o actualizar sus datos.
Pero el problema parece incluso mayor, pues si bien la actualización del registro electoral en el exterior ha sido históricamente en las sedes consulares de la República que hoy no ofrecen este servicio, la verdad es que en caso de habilitarlo se enfrentarán a un enorme reto. Dichas embajadas y consulados cuentan con una capacidad limitada para atender a un flujo de usuarios que no corresponde a la nueva realidad migratoria venezolana. Los servicios consulares se encuentran colapsados día a día debido a la afluencia de ciudadanos que acuden a renovar y emitir pasaportes, validar y tramitar documentos, apostillar, otorgar poderes, entre otras diligencias civiles que ya de por si presentan notables retrasos.
Atender en estas sedes a los ciudadanos venezolanos que deseen actualizar sus datos de registro electoral será extremadamente difícil ante la limitada capacidad física de los espacios, así como ante la escasa cantidad de consulados disponibles para atender a venezolanos que se pueden encontrar a horas de viaje -e incluso días- de un lugar oficial en el que puedan ser atendidos.
El significado de la residencia legal
Otra limitante que tiene la participación de los venezolanos en el exterior es de carácter legal. El artículo 26 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales condiciona la actualización en el registro a electores venezolanos que se encuentren “legalmente” residenciados en el extranjero. Este artículo ha sido interpretado con discrecionalidad, ya que funcionarios de cancillería aplican su criterio e interpretación para definir qué significa una residencia legal. ¿Es la residencia legal lo mismo que una residencia permanente? Los funcionarios de cancillería sí han podido actualizar sus datos en el registro electoral en el exterior con una visa diplomática, que para los países en los que residen es un documento de residencia legal.
Pero los venezolanos con visa de trabajo, visa de estudiantes u otras figuras legales migratorias como el estatus de protección temporal (TPS) en los Estados Unidos, el Permiso de Protección Temporal (PPT) en Colombia, o el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en Perú, suelen estar sometidos a la discrecionalidad de funcionarios de cancillería que no siempre reconocen estas figuras como residencia legal, a pesar de que los países de residencia sí las contemplan como tales.
¿Por qué un venezolano con visa diplomática sí puede ser considerado como ciudadano con “residencia legal”, mientras otros venezolanos con cualquiera del resto de figuras legales tienen una diferente consideración? A finales de diciembre de 2022, venezolanos residenciados en Chile entregaron una solicitud al Servicio Nacional de Migraciones para que emitan un oficio en el que se aclare lo que para la autoridad migratoria chilena se considera la condición de “residencia legal”.
Una acción de este tipo podría ser replicada por comunidades organizadas de venezolanos en otros países, representando a su vez una oportunidad para la comunidad internacional que quiere contribuir a la solución de la crisis humanitaria, política, económica y social de Venezuela a través de la realización de elecciones libres y justas.
Entonces, si el problema está claro y existen posibles soluciones, ¿por qué no se han impulsado las acciones necesarias para permitir que los venezolanos en el exterior puedan registrar y actualizar sus datos en el registro electoral?
Venezuela es un país que se caracterizó en el siglo XX por ser receptor de inmigrantes, y la emigración de venezolanos no era común. La participación de electores venezolanos en el exterior recién inició en el año 1998 con apenas 10.431 inscriptos en el Registro Electoral de la época, de los cuales solo 1114 (10.68 %) participaron en la elección que llevó al entonces Movimiento V República al poder.
A medida que la politización en Venezuela avanzó durante la primera década del siglo XXI, los venezolanos habilitados para votar en el exterior aumentaron a medida que iban emigrando. En cada una de las elecciones presidenciales y referendos donde los residentes en el extranjero estaban habilitados para participar, el número de inscriptos aumentaba, superando en el año 2012 la centena de miles. En el exterior, los niveles de participación superaban constantemente el 50 % de votantes habilitados. Y entre esos votantes siempre ha existido una tendencia de votos significativamente opuesta a Hugo Chávez y su propuesta política.
Posiblemente allí está la respuesta a la falta de voluntad política para garantizar el derecho a participar de los venezolanos que hoy viven fuera de Venezuela. Unos venezolanos que muy posiblemente ven en el voto la oportunidad de dar castigo al régimen que impulsó las condiciones que los obligaron a irse y de dar esperanza de cambio a sus familiares y amigos que se mantienen en Venezuela.
Así, la desatención del registro electoral ha sido por razones administrativas, pero también por razones políticas de un poder que está bajo el control del PSUV. A medida que la migración siga aumentando dentro y fuera de Venezuela, el techo real de posible participación en eventos electorales futuros disminuye, mientras los pocos operativos de actualización que salen a la calle son los coordinados desde la comisión de registro civil y registro electoral con el PSUV.
Entonces la pregunta es ¿qué debe ocurrir para desencadenar las acciones necesarias que, en el marco de la consecución de unas elecciones libres y justas en Venezuela, permitan la apertura y actualización del registro electoral?
La elección primaria
La coalición de partidos políticos que hacen vida en la Plataforma Unitaria ha anunciado la realización de una elección primaria en 2023 para elegir al candidato presidencial que se medirá contra el chavismo en 2024. El primer desafío al que se enfrenta dicho evento es la promoción de la participación.
La participación en elecciones puede ser de dos tipos. En primer lugar, la participación diversa y plural de actores que tienen derecho a ser elegidos, es decir, los candidatos, que en Venezuela es común que sean inhabilitados de acuerdo con el deseo del régimen que ostenta el poder. Y, en segundo lugar, la participación referida al derecho a elegir que tienen los ciudadanos en su condición de electores. En el caso de Venezuela, el artículo 64 de la Constitución define como electores a todos los venezolanos que hayan cumplido dieciocho años y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.
La elección primaria como evento se puede convertir en el espacio desde el cual se identifiquen problemas y se planteen soluciones que contribuyan a fortalecer el camino hacia el 2024, específicamente en relación con la necesidad de que sean incorporados y actualizados millones de venezolanos que bajo las condiciones actuales de funcionamiento del registro electoral no podrán ejercer su derecho a votar. La primaria es el momento de poner las acciones por encima de los diagnósticos, visibilizar dichos desafíos, proponer soluciones, poner en práctica los avances y aprender de mejoras a implementar.
La tecnología entre las soluciones
En Venezuela nunca ha existido la modalidad de voto por correo y el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL) está lejos de poder prestar un servicio con los estándares necesarios para que el voto por correo proceda. Pero en la propia Venezuela existen casos de éxito que sirven de ejemplo para pensar en soluciones.
A raíz de la pandemia de covid-19 y las restricciones de movilización que rigieron durante varios meses en los años 2020 y 2021, el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre de Venezuela (INTT) actualizó su proceso de renovación de licencias de conducir. Los cambios implementados convirtieron esto en un proceso automatizado donde el usuario solo necesita un dispositivo con conexión a internet que le permite, desde cualquier lugar, renovar de manera sencilla su licencia de conducir vencida o por vencer. Una vez validados todos los datos por el INTT, el usuario recibe vía correo electrónico su propia licencia de conducir con un código QR como elemento validador de seguridad.
En experiencias comparadas en el mismo campo electoral, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador cuenta con un sistema similar al del INTT de Venezuela para la inscripción telemática de votantes en el exterior. No hace falta que sus ciudadanos se acerquen hasta la sede las embajadas y consulados ecuatorianos, pues la tecnología facilita todo el proceso de empadronamiento.
La comunidad internacional
Actualmente existe un espacio de negociación en ciudad de México entre el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria, con la facilitación del reino de Noruega, el acompañamiento de Países Bajos y Rusia, y con una presencia indirecta en la mesa de la actual administración demócrata de los Estados Unidos de América, la Unión Europea y Canadá, quienes activamente han promovido la existencia de este espacio. Esta negociación inició en agosto de 2021, y luego de un largo periodo de inactividad tras excusas impuestas por el régimen de Maduro, se retomó en noviembre de 2022 con un primer acuerdo de índole humanitario y social, pero con el compromiso de que, alcanzado este primer acuerdo, la próxima ronda será para abordar temas políticos, y en específico temas electorales.
Y dado ese escenario, es bueno recordar que existen experiencias exitosas de cooperación técnica electoral en escenarios de conflicto y posconflicto. Por ejemplo, el Departamento de Asuntos políticos y Consolidación de la Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha prestado tanto asistencia técnica como organización y supervisión de elecciones. Dentro del mismo sistema Naciones Unidas, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) ha brindado su apoyo a gobiernos para expandir el acceso de las comunidades de migrantes a los procesos electorales de sus países o territorios de origen.
Una posibilidad para explorar entonces es que, si se ha acordado ya la participación de agencias del sistema de Naciones Unidad para la atención social y humanitaria de la población venezolana, se consideren a instancias de la ONU con experiencia en cooperación técnica electoral para colaborar en la actualización del registro electoral en el exterior. Los canales existen. La mesa de negociación de México es la oportunidad para sumar acciones que ayuden a visibilizar esta realidad más allá de un artículo, impulsando acuerdos que lleven a la elección libre, justa y deseada.
Las propuestas no son pocas y vienen dadas incluso por actores de la comunidad internacional. En España, el pasado mes de noviembre el partido político Ciudadanos, a través de una pregunta escrita registrada en el congreso (3), le ha consultado al gobierno español si tienen previsto poner en marcha medidas que faciliten el registro electoral de la diáspora venezolana. Desde esta organización política se propuso al gobierno ofrecer la red de embajadas y consulados de España en el exterior para que los venezolanos que han migrado a otros países puedan ejercer su voto en las elecciones presidenciales previstas para 2024.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas de España (INE), al 1ero de enero de 2022 había registro de 439.516 empadronados nacidos en Venezuela (4), cifra que no incluye a venezolanos nacidos en España u otros países. En contraste, el más reciente corte del Registro Electoral del CNE venezolano cuenta solo con 23.064 ciudadanos que están habilitados para votar en elecciones venezolanas desde el país ibérico. De una muestra de 33.809 pasaportes venezolanos entregados durante el año pasado en España, se identificó que 27.957 son de venezolanos que se encuentran inscriptos en el registro electoral.
Sin embargo, solo 1116 de esos inscriptos están habilitados para votar en las sedes consulares de Barcelona, Madrid, Tenerife, Vigo o Bilbao. ¿Dónde queda el derecho al voto de los 26.841 venezolanos que están inscriptos en el registro pero que no han podido actualizar sus datos para votar desde España?
Urgen múltiples protagonistas
Afrontar el titánico desafío de actualizar e inscribir a millones de venezolanos en el exterior solo será posible con la suma de acciones que articulen a los ciudadanos venezolanos organizados en el exterior y con el aprovechamiento de espacios de negociación, bien sea el que existe actual y formalmente en México, o cualquier otro espacio que los actores de la comunidad internacional que abogan por elecciones libres y justas en Venezuela tengan con Nicolás Maduro.
El tiempo avanza indeteniblemente, y el país está a las puertas de una nueva convocatoria a elección presidencial. Las fuerzas democráticas venezolanas y la comunidad internacional siguen teniendo como objetivo la consecución de unas elecciones libres y justas, enfocándose en la elección que constitucionalmente toca en 2024 sin que el tiempo que corre admita hasta el momento la repetición de la elección fraudulenta y no reconocida que tuvo lugar en mayo de 2018.
Que en la otrora democracia más consolidada del continente se vuelvan a realizar elecciones libres y justas no depende solo de deseos e intenciones. Para que la democracia vuelva a Venezuela se ameritan acciones coordinadas que dependen de muchos actores. Lamentablemente el principal de ellos es un régimen que controla todos los poderes del Estado y que no conoce lo que es la alternancia del poder.
El discurso, la razón de ser y su máximo motivo de lucha es la permanencia en el poder, por lo que ningún representante del PSUV percibe o imagina ser un partido político que no tiene el control de gobierno. Teniendo clara esta premisa es necesaria la articulación de quienes tienen a la alternancia como un principio innegable de la democracia.
Allí se encuentra la comunidad internacional, la cual reclama por unas elecciones libres y justas, apostando a que la solución en Venezuela sea alcanzada de forma pacífica y democrática por los propios venezolanos. Y finalmente el actor más importante, los propios venezolanos, entre los cuales se encuentran no solo los múltiples partidos políticos de oposición a Nicolás Maduro, sino también los ciudadanos llamados a ser los protagonistas de un propio futuro a través de la participación activa. Articular a todos estos actores resulta fundamental para poder avanzar en el enorme reto de convertir en una realidad el registro y la actualización de millones de venezolanos que tienen derecho a votar, y que hoy en día no tienen cómo ejercerlo.
* Licenciado en Relaciones Industriales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Venezuela. Consultor con experiencia en asesoría a organizaciones del tercer sector y en procesos electorales. Integrante de misiones de observación electoral internacional en países latinoamericanos.
Referencias
- Consejo Nacional Electoral. (24 de noviembre de 2022). Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela Numero 1020.
- Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Refugiados y migrantes de Venezuela. (Consulta: 14 de enero de 2023).
- EuropaPress (9 de noviembre de 2022): Ciudadanos propone al Gobierno ofrecer las embajadas españolas para que los venezolanos voten en sus elecciones.
- Instituto Nacional de Estadísticas de España. Estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 1 de enero de 2022. (Consulta: 14 de enero de 2023).
(Edición febrero de la revista Desafios de la democracia en América Latina de DEMOAMLAT.)
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