Para mantener la hegemonía del chavismo, el régimen necesita desacreditar el proceso electoral y para esto la decisión del TSJ sobre Barinas le resulta funcional
En este último artículo del tríptico Lo bueno, lo malo y lo feo de las megaelecciones del 21-N nos referiremos a la sentencia de la Sala Electoral del TSJ mediante la cual suspende los procesos de totalización de actas, adjudicación y proclamación del candidato a gobernador en Barinas y ordena al CNE repetir las elecciones. Muy fea esta intromisión del poder judicial que interrumpe el proceso de reconteo de los votos que estaba llevando a cabo la Junta Nacional Electoral. El CNE, que recuperó confianza y credibilidad, ahora queda nuevamente expuesto ante la opinión pública nacional e internacional. ¿Cómo queda entonces la autonomía e independencia del poder electoral frente a los demás poderes públicos?
La Contraloría sigue siendo un instrumento para inhabilitar a los candidatos ganadores de la oposición y pasar por encima de la voluntad de la soberanía nacional expresada a través del voto.
Esta decisión le termina dando la razón a quienes cuestionan que en Venezuela no hay Estado de derecho ni respeto al principio de la separación de poderes.
No hay contrapesos que limiten el abuso de poder a favor de una parcialidad política empeñada en aferrarse al poder a pesar de ser rechazada por la mayoría del país. Y peor aun, una decisión que permite que un estado del país sea tratado como un feudo propiedad de una familia y su partido por el simbolismo que tiene para el gobierno perder las elecciones nada más y nada menos que en la cuna de Chávez.
El TSJ desconoce el decreto presidencial a través del cual se concedieron 110 indultos a ciudadanos como parte de los acuerdos políticos entre el gobierno y la oposición, entre los que se encontraba precisamente Freddy Superlano, el candidato opositor que resultó ganador. Si bien este estuvo inhabilitado, se le concedió indulto mediante decreto presidencial No 4277, publicado en la Gaceta Oficial No 6559 Extraordinario (31-08-2020).
¿Cuál es la inhabilitación de la Contraloría en la que se basa la Sala Electoral del TSJ para desconocer la voluntad de los electores en Barinas? ¿Por qué la Contraloría no lo hizo antes del 21-N? ¿Por qué el CNE autorizó la inscripción de una candidatura que supuestamente estaba inhabilitada? Y ¿por qué el TSJ no lo advirtió oportunamente y solo actuó después de conocerse el resultado? ¿Qué explica que esta y otras candidaturas que ahora resultan inhabilitadas no hayan sido objetadas tal y como ocurrió con los 27 candidatos que no pudieron participar, entre ellos 14 del PCV?
¿Por qué solo se repiten las elecciones únicamente en el estado donde un candidato supuestamente inhabilitado resultó ganador y no en los demás estados donde participaron candidatos que a posteriori resultaron inhabilitados? En los estados donde participaron candidatos inhabilitados que restaron votos a la candidatura de la oposición, que pudo haber resultado ganadora, esto se interpreta como una maniobra del gobierno para distorsionar la expresión de la soberanía popular. A raíz de la decisión del TSJ en Barinas, los derrotados plantean repetir los comicios sin candidaturas fraudulentas que dividan el caudal electoral del país descontento.
El gobierno ganó la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, pero la sumatoria de los votos dispersos que obtuvieron las oposiciones a lo largo y ancho del territorio nacional es mayor que la que obtuvo el oficialismo.
Esto quiere decir que el régimen no tiene la mayoría del voto popular y por lo tanto puede derrotarlo una oposición unida que consolide y capitalice electoralmente la mayoritaria votación que obtuvo en torno a una candidatura única y unitaria.
En esas circunstancias, ni el gobierno ni el PSUV están dispuestos a correr el riesgo de que se desate una euforia electoral triunfalista, toda vez que sería barrido en un eventual referendo revocatorio o en la próxima elección presidencial. Tiene que maniobrar y desconocer la voluntad de los electores para seguir dándole fuerza a la idea de que “en Venezuela se vota, pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que “participar en las elecciones es convalidar la farsa electoral del régimen”.
Para sobrevivir a la debacle electoral que pone en peligro la hegemonía del chavismo, el régimen necesita desacreditar el proceso electoral y para esto la decisión del TSJ le resulta totalmente funcional, toda vez que remueve en el imaginario electoral la idea de que en Venezuela no hay un poder electoral autónomo e independiente.
En Barinas queda en entredicho la voluntad y compromiso del gobierno en avanzar hacia una solución política y pactada del conflicto venezolano. Con esta arbitrariedad se empaña lo bueno que se había logrado para recuperar la confianza en la institución del voto y retomar la ruta electoral.
Los ánimos están caldeados. El desconocimiento de la voluntad de los electores puede ser el detonante de protestas muy legítimas y esto puede dar lugar a una confrontación violenta entre civiles, cuestión que nos alejaría de una solución democrática, electoral y pacífica del conflicto venezolano y revitalizaría los desvaríos de promover una intervención extranjera que le ponga fin a la crisis.
Se impone recuperar la credibilidad en el proceso político venezolano. Las oposiciones tienen por delante el reto de acordar el mecanismo para elegir a un candidato único y unitario que permita capitalizar electoralmente la mayoría de los electores descontentos con el gobierno en las elecciones convocadas para el 9 de enero en Barinas.
¿Estará el liderazgo opositor a la altura de este desafío histórico o con su división seguirá haciéndole el juego al gobierno? ¿Dejará a un lado sus proyectos particulares, ambiciones personales, egos desmesurados y viejos rencores para presentar una candidatura unitaria con la que se identifique el elector descontento y opositor? Eso está por verse.
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