Con el “Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”, asentado en la Providencia Administrativa 001-2021, el régimen de Nicolás Maduro creó un arma jurídica contra las ONG. Forjó la misma a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y fue publicada en la Gaceta Oficial N° 42.098, del 30 de marzo de 2021. La misma apunta a todas las personas naturales o jurídicas de carácter no financiero, las cuales deben inscribirse en un registro antes del 1 de mayo de 2021. Y subraya la participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG), cuyo trabajo debe ser vigilado y supervisado.
Esta persecución oficial a las ONG no es nueva. Desde hace varios años se mantiene la amenaza de crear una “Ley de Cooperación Internacional”, con el fin de controlar los fondos que recibimos las organizaciones para hacer nuestro trabajo.
Las organizaciones no gubernamentales somos del desagrado absoluto de la dictadura porque, en nuestros diversos pronunciamientos, informes o declaraciones, mostramos al mundo la realidad que se vive en Venezuela. Sin filtros, mi maquillaje alguno. Es claro que esto le desagrada al régimen y ahora, con esta Providencia Administrativa, pretende controlar y vigilar de cerca lo que hacemos. Pudiendo, en determinados casos, calificarnos de terroristas.
Entre los detalles que establece esta nueva normativa persecutoria es que entreguemos en detalle los beneficiarios de nuestro trabajo, convirtiéndonos en una especie de los existentes “patriotas cooperantes”. Estos son sapos o informantes aliados a la dictadura que se encargan de vigilar y delatar lo que determinadas personas incómodas al régimen hacen en su vida cotidiana.
En días pasados, más de 700 organizaciones de la sociedad civil venezolana suscribimos un documento en donde, entre varias cosas, establecemos que “la providencia coloca en grave amenaza a todas las personas que se encuentran bajo el deber de amparo provisto por las organizaciones de la sociedad civil y el cual sería vulnerado con la aplicación de esta medida».
«Se obliga a revelar información personal que puede poner en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia en el actual contexto venezolano, violando sus derechos a la protección, la asistencia, la confidencialidad y la privacidad. Las organizaciones estamos comprometidas a resguardar tales derechos en cualquier circunstancia, incluyendo evitar riesgos de delación, estigmatización y abusos de discriminación o privación de acceso a bienes y servicios esenciales, como ha venido ocurriendo durante los últimos años”.
En el caso de Una Ventana a la Libertad, organización de la cual soy su fundador y actual coordinador general, desde hace ya 23 años trabajamos en la defensa y promoción de los hombres y mujeres privadas de libertad. Les damos asesoría jurídica, denunciamos las constantes violaciones a los derechos humanos sufridas por este grupo vulnerable y marginado de la sociedad; apoyamos a sus familiares y últimamente, junto con la organización Proyecto Once Trece, damos atención médica a grupos de reclusos de Caracas, Miranda, Vargas, Nueva Esparta y Zulia.
¿Puede este trabajo de ayuda al prójimo, y solidaridad con los más necesitados, considerarse un acto de terrorismo? Tal parece que para el régimen dictatorial de Venezuela sí. Además de las muchas cosas que nos ha prohibido, ahora también pretende prohibirnos la solidaridad.
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