Que la religión es el opio de los pueblos es un hecho controvertido. Para algunas personas, es esperanza para quienes sufren. Pero más allá de estas discusiones bizantinas, no hay duda que las religiones, así en plural, han sido una piedra de tranca para el avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.
Si nos enfocamos en el imaginario religioso y en todas las representaciones sociales de la mujer que están presentes, por ejemplo en la Iglesia católica, podemos ver cómo se establecen dispositivos de control –Foucault vaya por delante– que disciplinan los cuerpos femeninos o feminizados, perpetuando la posición subordinada de la mujer en la sociedad. Un escaneo rápido de la Biblia nos permite observar los arquetipos de mujeres representadas, que se mueven entre dos polos opuestos: la mujer mala, pecadora, incitadora de pasiones incontrolables, inferior al hombre de cuya costilla proviene; y la imagen inmaculada de la virgen, pura, angelical, sin deseos sexuales que la degraden, diferente al resto de las mujeres, por ello su hijo fue concebido sin pecado original.
Estas representaciones se han trasladado a otras instituciones, por ejemplo, al derecho penal, que anteriormente, cuando hablaba de las mujeres, solo lo hacía en los delitos contra el honor (la virgen mancillada) o aquellos contra las buenas costumbres (la prostituta). A la familia, donde es deber de la mujer seguir al hombre y “amarlo hasta que la muerte los separe”, si la muerte viene por un femicidio es un problema menor.
Y así encontramos estas visiones de las mujeres producto de una herencia judeocristiana y de un pasado colonial donde la Iglesia era un poder político (continúa siéndolo), con potestad de hacer, deshacer, andar y desandar.
Con el tiempo, en apariencia, se impuso la idea racionalista de la separación entre el Estado y la Iglesia, no sin que en algunas partes se hayan generado conflictos armados importantes, como la Guerra de Cristeros en México, precisamente el país de América Latina donde se estableció por primera vez en el texto constitucional la laicidad del Estado; principio que, pese a los intentos abiertos y encubiertos de algunos, sigue muy presente en la política de este país.
Pero sacar a la Iglesia católica de las instituciones políticas no significó un cambio en las representaciones sociales de las mujeres. Ya el tinglado del sistema patriarcal estaba montado y se impuso la visión rousseauniana de la ciudadanía: solo los hombres podían estar en la esfera pública y ser titulares de derechos. ¿Las mujeres? A seguir lavando, cocinando, cuidando a los ciudadanos republicanos y asistiendo a misa dominical.
Esta dinámica se impuso en el resto de América Latina; en algunos Estados antes que en otros y, según los intereses en juego, en unos momentos más clara la separación que en otros.
El Estado laico en Venezuela
En nuestro país la libertad religiosa está consagrada en el texto constitucional como derecho humano. En teoría, el Estado es laico, no confesional y plural. Permite la existencia de distintas religiones, ninguna de ella es la religión del Estado y deben permanecer fuera de las distintas instancias del poder público. Insisto, en teoría.
En la práctica, durante buena parte del siglo XX la Iglesia católica siguió teniendo una presencia importante en el sistema político, la que sin perderla del todo, fue mermando y dando paso a nuevas religiones, principalmente evangélicos, que poco a poco han ido adquiriendo más presencia e influencia en la política criolla.
Es importante destacar que este fenómeno no se ha dado solo en Venezuela. El avance de los evangélicos en América Latina se evidencia desde hace un tiempo. Sus candidatos han llegado, incluso, a ser presidentes, como el caso de Jimmy Morales en Guatemala y, el más preocupante, Jair Bolsonaro en Brasil.
Pero también han estado presentes en ciertas alianzas que lucen, cuando menos, bizarras. Como el apoyo de los evangélicos al presidente Manuel López Obrador en un grupo que bien podría llamarse “el chiripero” en versión azteca, en recuerdo de aquel de 1993 que apoyó al presidente Rafael Caldera.
En Venezuela también hemos visto avances y alianzas entre estos grupos y el gobierno de Nicolás Maduro. Ya en el año 2019 se autodesignaba como el presidente “cristiano y obrero”, incluso llegó a decretar un Día Nacional del Pastor.
Con las elecciones del 6 de diciembre de 2020, esta alianza se fortalece. Comienzan a encenderse las alarmas de los grupos defensores de derechos humanos, ya que la experiencia en la región muestra que sus actuaciones, generalmente, están en contra de los derechos de las mujeres y las poblaciones LGBT.
Una unión que pudiera resultar solo un poco extraña si no se hubiese visto cómo han actuado los evangélicos en otros países, imponiendo barreras y obstáculos para que se discutan los temas que les interesan a las mujeres, entre ellos la despenalización del aborto y los de las poblaciones LGBT. Dicho sea de paso, estamos hablando de derechos humanos, no de potestades discrecionales del poder público.
La guinda en este pastel la puso el tema de la supuesta discusión de una Ley de Religión “dizque” inofensiva. ¡Feministas y población LGBT temblad!
¿Un Estado feminista?
Tanto Nicolás Maduro como Hugo Chávez se autodesignaron como feministas. No obstante, más allá de la retórica y de la instrumentalización de las mujeres, principalmente las de escasos recursos que han sido su base electoral más sólida, no se observan políticas públicas que empoderen a las mujeres. Por el contrario, sí se han dado un conjunto de políticas asistencialistas y de transferencias monetarias (necesarias) que no rompen las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres.
Un ejemplo de ello es el nombre del plan de atención a la salud de la población en riesgo vital, coordinado por Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, que se denomina plan Madre María de San José.
Pero volviendo a la falta de interés de ambos lados en priorizar las agendas de las mujeres, esto queda claro cuando se establece algún mecanismo de diálogo (así no resulte), donde las mujeres no están presentes. Esto lleva a cuestionar que no haya presencia del grupo humano que representa más de la mitad de la población venezolana, ¿cómo se discuten temas de tal envergadura sin que haya mujeres que representen los intereses de las mujeres?
En ese contexto, es necesario que las feministas venezolanas nos unamos. Las diferencias ideológicas son sanas, necesarias y enriquecen los debates políticos. Si algunas son socialistas, liberales, conservadoras, comunistas o NINI, es válido y respetable, pero lo que aquí está en juego, con el avance de los evangélicos y la invisibilidad de las mujeres, lleva a la necesidad de un Pacto Feminista, un pacto por nuestros derechos, ya que no se puede hablar de democracia sin la presencia de las mujeres. Así que ¡Feministas venezolanas, uníos! #MásMujeresMásDemocracia
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
