Nicolás Maduro y la relatora de la ONU Alena Douhan el 11FEB21 en Caracas. Foto: @NicolasMaduro.
A partir del 19FEB21 comenzaron a arribar a Bogotá diversos dirigentes opositores venezolanos procedentes de Venezuela y de Europa para lo que sería un intento de alcanzar acuerdos de acción. La mayoría de los convocados se encuentran actualmente en el exilio y algunos de los participantes lo harán vía internet. Las serias diferencias tácticas entre las distintas fuerzas opositoras les han impedido definir una hoja de ruta común ante el proceso de normalización del chavismo en Venezuela.
Varios gobiernos extranjeros aliados de la oposición venezolana se encuentran en espera de definiciones. De hecho, uno de los temas a ser debatidos sería el de una planeada visita a Washington para encuentros con el nuevo gobierno de EE. UU. y con parlamentarios de ambos partidos.
Por cierto, uno de los asuntos tratados en la primera conversación oficial entre el nuevo Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y su colega española Arancha González Laya, fue el “tema Venezuela”. Sobre la redemocratización de Venezuela el representante del gobierno Biden ha conversado con los cancilleres de Colombia y Brasil, así como con el Alto Representante de la Unión Europea Josep Borrell. “¿Qué hacer con Venezuela?” es una pregunta reiterada y a veces monótona en las conversaciones entre las cancillerías occidentales.
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El gobierno de facto de Nicolás Maduro organizó una compleja operación de propaganda internacional, utilizando a las Naciones Unidas, para impulsar una campaña contra las sanciones que diversos países le han impuesto en los últimos años.
El 26ENE21, la vicepresidente ejecutiva del régimen chavista, Delsy Rodríguez, anunció el inminente arribo a Venezuela de la “relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”. La emoción impresa por Rodríguez a la llegada de la bielorrusa Alena Douhan contrastaba con el hecho de que el gobierno chavista impide o condiciona el ingreso de funcionarios del sistema de Derechos Humanos de la ONU. De hecho, el chavismo jamás autorizó el envío de las misiones solicitadas por el jordano Zeid Al Hussein quien fue el antecesor de Michelle Bachelet como Alto Comisionado de la ONU para los DDHH. A la usanza cubana, el chavismo solo permite el ingreso de observadores de DDHH que le sean cómodos y que incluso actúen como parte de su armazón de propaganda internacional.
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Dos casos particularmente notorios de enviados de la ONU operando como propagandistas de regímenes castrochavistas son la filipina Virginia Bonoan-Dandan y el cubano-estadounidense Alfred-Maurice de Zayas.
Dandan, quien fue designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDDHH) el 01AGO11 como “Experta Independiente en DDHH y Solidaridad Internacional” ganó figuración luego de una visita a Cuba el 10-14JUL17. En su informe oficial Dandan afirmó que su visita había tenido como objeto “observar y aprender sobre cómo los DD. HH. están integrados en los esfuerzos de solidaridad internacional de Cuba”, para lo cual se reunió con diversos funcionarios y con organizaciones “de la sociedad civil” manejadas por el régimen.
A la vez que alababa los servicios de salud y educación cubanos, censuraba las sanciones de EE. UU. y se negaba a pronunciarse por el tratamiento a los DD. HH. en la isla.
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Alfred-Maurice de Zayas ejerció entre el 01MAY12 y el 30ABR18 la condición de “Experto Independiente de la ONU en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo”. Zayas fue el primero en ocupar un cargo creado el 29SEP11 por el CDDHH mediante una resolución promovida por Cuba, Bolivia, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia, Irán y Nicaragua entre otros.
Zayas realizó una sonora visita a Venezuela el 27NOV-04DIC17, la primera de un “experto” de la ONU permitida por el régimen en dos décadas. Zayas se hizo conocer porque durante su estadía caraqueña publicó en Twitter unas fotografías supuestamente tomadas dentro de un supermercado situado en una de las zonas del alto ingreso de la capital venezolana. Esas imágenes según el experto demostrarían que en Venezuela no existía una crisis humanitaria, lo cual difería con la notable y dramática crisis de desabastecimiento de alimentos que vivía el país aquel año.
En su informe oficial distribuido el 03AGO18, Zeyas incluso se victimizó señalando que había sido acusado de parcialidad por algunas ONG defensoras de los DDHH. También se quejó por supuestamente haber sido objeto de “acoso moral” y de un “clima de intimidación”.
En su informe Zayas aclaró que “no emprendió una investigación general sobre las violaciones de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales” en Venezuela y dedicó su informe a justificar al régimen chavista que según el experto era blanco de una “guerra económica” (…) “que no difiere mucho de las guerras no convencionales libradas contra Cuba, Chile y Nicaragua”.
El informe Zayas incluía además un capítulo para exaltar las gestiones del español José Rodríguez Zapatero en Venezuela. Luego de aquella visita de Zayas, quien es un promotor del secesionismo catalán, ha actuado como asesor del régimen chavista para sus operaciones en el seno de la ONU.
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La experta independiente Virginia Bonoan-Dandan, el experto independiente Alfred-Maurice de Zayas y la relatora especial Alena Douhan, quien visitó Caracas en febrero de 2021, tienen algunas condiciones en común: sus cargos fueron inventados por el CDDHH con base en mayorías coyunturales, fueron designados por el Consejo pero no son funcionarios de la ONU aunque actúan como agentes del organismo internacional.
Según la cartilla de la ONU “trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo”. Sus gastos de vida en Ginebra, que es una de las ciudades más caras del mundo, son financiados por fuentes desconocidas pero presumibles. Dice el manual de la ONU que “son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual” lo cual es razonablemente puesto en duda.
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La selectividad impuesta por el régimen chavista al momento de permitir el ingreso y la actividad de observadores de la ONU en materia de DD. HH. ha quedado especialmente resaltada en dos casos recientes: los condicionamientos a las operaciones de los enviados de la alta comisionada Michelle Bachelet y la negativa de permitir el ingreso de una misión aprobada y designada por el CDDHH.
El 20SEP19 los representantes del gobierno de facto suscribieron un memorando de entendimiento con la alta comisionada para DD. HH., con el propósito de autorizar y normar la presencia en Venezuela de un pequeño grupo de funcionarios de la ONU con teórico acceso ilimitado a los centros de reclusión de los numerosos presos políticos existentes en el país.
Según la periodista Sebastiana Barráez, quien reporta desde Caracas para el portal bonaerense Infobae, “la mayor parte de sus actividades en Venezuela han estado dirigidas a dictar Talleres de Protocolo sobre derechos humanos, dándole una patente de corso a los responsables de crímenes de lesa humanidad”.
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El régimen no ha permitido el ingreso a territorio venezolano de la “Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos”. Esa misión fue creada el 27SEP19 por el CDDHH de la ONU mediante una votación que sumó 19 votos a favor y siete en contra en lo que constituyó una gran derrota para el aparato diplomático del castrochavismo. Pese a ser una decisión legítima del CDDHH, el gobierno de facto se negó a reconocerla y cumplirla.
Esa misión fue creada con el mandato de investigar en Venezuela “las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014 con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.
La misión, que debía entregar su informe en septiembre del 2020, necesitó instalar una oficina en Panamá ante la imposibilidad de actuar en terreno. El mandato original de esa Misión era de un año pero el 06OCT20 el mismo Consejo decidió prolongar por dos años la duración y su objetivo fue ampliado: “seguir investigando las violaciones manifiestas de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidas desde 2014, con miras a combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.
Hasta la fecha el gobierno Maduro mantiene su negativa para el ingreso de la Misión que reporta al CDDHH. Por cierto, los representantes de Maduro en la ONU lo inscribieron como uno de los oradores que participarán en el “segmento de alto nivel” del periodo de sesiones 45 del CDDHH que se inicia el 22FEB21. Un grupo de gobiernos, especialmente Irán, Cuba, Venezuela y Rusia, que son objeto de sanciones por parte de EE. UU.. y Europa, pretenden utilizar el espacio de la ONU para atacar estas medidas.
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Alena Douhan, quien equivocadamente es presentada en medios de prensa como vocero de la ONU, visitó Caracas en su condición de “Relatora Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”. El cargo fue creado por el CDDHH el 18SEP14 mediante una resolución presentada por Irán e impulsada por Cuba y Venezuela en el contexto del llamado “Movimiento de Países No Alineados”.
Después, en el periodo 36 del CDDHH, los enviados de Maduro presentaron un proyecto de resolución para “prorrogar por un período de tres años el mandato del Relator Especial”. La resolución fue aprobada el 28SEP17 por 30 votos a favor y quince en contra. A favor estuvieron Cuba, China, Bolivia, Ecuador, Brasil, Paraguay, El Salvador, Venezuela, además de Saudi Arabia, India, Iraq, Suráfrica, entre otros. Rusia no estaba ese año en el Consejo por lo cual no pudo votar a favor. En contra votaron Alemania, Japón, Países Bajos, EE. UU., Portugal, Reino Unido, Albania, Bélgica, Corea, Suiza y cinco gobiernos más. En ese mismo período de sesiones del CDDHH, el 14SEP17 se realizó una “mesa redonda” bianual sobre “medidas coercitivas unilaterales”.
En esa oportunidad la coordinación de esa “mesa” fue asignada al representante de Maduro en el Consejo, el embajador Jorge Valero, quien incluyó entre los ponentes a dos personas que en el futuro serían llevadas a Venezuela en operaciones de apoyo al régimen chavista: el para entonces “relator especial” Alfred de Zayas y la para entonces experta invitada Alena Douhan. Los defensores del régimen chavista, supuestamente “independientes”, se mostraban actuando coordinadamente en este evento ocurrido en Ginebra.
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El primero en ocupar el cargo de relator sobre “impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales” desde el 01MAY15 fue el argelino Idriss Jazairy, quien falleció el 27FEB20. La posición de Jazairy fue asignada rápidamente a Alena Douhan. El mandato de Douhan fue además prolongado por tres años, hasta el 2023, mediante una resolución del CDDHH del 06OCT20 presentada por Azerbaiyán y la delegación palestina. No queda duda de que el rol de la relatora Douhan es de altísima importancia política para un grupo de países confrontados contra EE. UU.
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En repetidas ocasiones, en documentos y declaraciones de prensa, el relator especial Idriss Jazairy se mostró favorable a los gobiernos de Rusia, Cuba, Venezuela e Irán, por lo que resultaba una figura particularmente útil en las campañas de propaganda contra las sanciones impuestas por EE. UU. y la Unión Europea. Su fallecimiento impidió que Jazairy cumpliera una invitación ya extendida por el régimen Maduro en 2019, la cual finalmente fue atendida por Alena Douhan.
Douhan estuvo en Venezuela entre 01FEB y 12FEB21 y sostuvo decenas de reuniones con altos jerarcas del régimen, así como con líderes opositores incluyendo a Juan Guaidó.
“El Relator Especial insta a todos los Estados a revisar y levantar las sanciones selectivas” concluye en el informe asegurando que “las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a personas en Venezuela y fuera de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; nacionales de terceros países y empleados de empresas de terceros países afectados por sanciones secundarias o el miedo a ellas”.
El objetivo de la visita de Douhan estaba cumplido: el gobierno de facto cuenta con un documento con el sello de la ONU para alegar que la situación económica venezolana se debe a las sanciones externas y no al sistema político y la conducción económica durante dos décadas de chavismo. La difusión del informe Douhan, en la intrincada red de propaganda internacional castrochavista y sus aliados internacionales, comenzó de inmediato en lugares tan distantes como Washington, Berlín o Madrid buscando presionar a los gobiernos de Joe Biden y a la Unión Europea para que moderen las sanciones
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La Casa Blanca dejó saber que no pretende disminuir sus actividades con el gobierno de Jair Bolsonaro y calificó como una “asociación vibrante” las relaciones de EE. UU.. y Brasil. El comentario fue hecho por la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante la rueda de prensa del 08FEB21. El mimetismo de Bolsonaro con respecto de Donald Trump así como la agenda ambientalista, entre otros asuntos, hacía presumir un alejamiento entre Washington y Brasilia.
La corresponsal del diario carioca O Globo, Raquel Krähenbühl, interrogó a Psaki sobre el informe elaborado por un grupo de presión izquierdista denominado “Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil” el cual recomendó que el gobierno Biden imponga sanciones a Brasil y limite sus relaciones con Bolsonaro acusándolo de acciones contra los derechos humanos y el ambiente.
El informe, uno más de incontables papeles que circulan en Washington especialmente en tiempos de inicios de gobierno, era presentado por sectores opositores brasileños, incluyendo la cadena O Globo, como un elemento que perjudicaría a Bolsonaro. Psaki no mostró interés en el informe que según algunos medios brasileños ya circulaba en la Casa Blanca y determinaría el futuro de las relaciones bilaterales.
La periodista de O Globo repreguntó dejando ver un claro sesgo antiBolsonaro: “Pero, Jen, las políticas del presidente brasileño y del presidente Biden, en muchos temas (clima, derechos de los homosexuales, otros) son muy diferentes. ¿Cómo pueden trabajar juntos?”. La vocero oficial optó por dejar sentada la posición de su gobierno: “al igual que en muchas de nuestras relaciones, buscamos oportunidades para trabajar juntos en temas en los que existe un interés nacional conjunto. Y, obviamente, existe una relación económica importante, y no nos detendremos en áreas en las que no estemos de acuerdo, ya sea el clima o los derechos humanos, o de otro tipo. Y ese será también el camino a seguir en nuestra relación con Brasil”.
Tres días después, el 11FEB21, el secretario de Estado Blinken telefoneó por primera vez al canciller brasileño Ernesto Araújo, con lo cual se abrieron relaciones directas entre los gobiernos de Joe Biden y Jair Bolsonaro.
Hasta el 19FEB21, el secretario Blinken había sostenido conversaciones telefónicas con sus colegas de México, Colombia, Brasil, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Artículo publicado previamente en Diario Las Américas
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