Defender los derechos humanos ¿trabajo de alto riesgo?
La defensa de los derechos humanos, al igual que el trabajo humanitario, han pasado a formar parte de la lista de profesiones de alto riesgo en la Venezuela actual. Al régimen no le gusta escuchar verdades; y quienes las decimos o apoyamos a mitigar el sufrimiento de miles de venezolanos se nos tilda de agentes políticos, terroristas y desestabilizadores.
Está el caso reciente de los compañeros de la organización no gubernamental Azul Positivo, dedicada a proveer ayuda a la población con VIH/SIDA en Maracaibo, estado Zulia. Con la excusa de un allanamiento, funcionarios de Servicio de Investigaciones Penales del Estado Zulia (SIPEZ) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) irrumpieron en sus oficinas, a las 11:30 de la mañana del 12 de enero de 2021, llevándose detenidos a 5 de ellos.
Como consecuencia de este allanamiento el Tribunal Cuarto de Control del Zulia dictó, la noche del 14 de enero de 2021, privativa de libertad contra los trabajadores humanitarios Johan León Reyes, director general de Azul Positivo; Yordy Bermúdez Gutiérrez, director ejecutivo; Layners Gutiérrez Díaz, director de finanzas; Alejandro Gómez Di Maggio, asistente administrativo; y Luis Ferrebuz, promotor social. Les imputan los delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Están recluidos desde su detención en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Maracaibo.
Tribunal ratifica privación de libertad contra trabajadores de ONG Azul Positivo
@cnietopalma La defensa de los derechos humanos, al igual que el trabajo humanitario, han pasado…
Este es el primer caso de trabajadores humanitarios a quienes se les priva de su libertad en Venezuela. Y, al parecer, el inicio de una persecución penal contra defensores de derechos humanos. Días después, en el programa Con el mazo dando, que transmite el canal del régimen, su conductor Diosdado Cabello pedía fueran investigados los compañeros Rafael Uzcátegui y Marino Alvarado, de Provea, por supuestamente mentir en las redes sociales.
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), organización dedicada a dar seguimiento y apoyo a la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela, registró 303 violaciones al derecho a defender derechos humanos durante el 2020.
Según el último informe del CDJ, correspondiente al año 2020 “Durante la Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia de covid-19, el Estado venezolano implementó medidas autoritarias y de control social que profundizaron la crisis institucional y socioeconómica existente en el país.
El entorno para la defensa de los derechos humanos se vuelve cada vez más hostil y restrictivo con el pasar de los días debido a las distintas circunstancias adversas que rodean y condicionan el contexto en el cual se desenvuelven quienes defienden y exigen derechos en Venezuela.
La defensa y exigencia de derechos se ha visto progresivamente restringida desde el año 2002 con la creación de al menos 10 leyes y medidas fácticas, así como con la emisión de al menos 5 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que buscan limitar, obstaculizar y criminalizar la defensa de derechos humanos y la libertad de asociación bajo la lógica del enemigo interno, conforme a los presupuestos de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Durante el año 2020 observamos el afianzamiento de la criminalización como política de Estado y el uso de medidas represivas y de control social más violentas, dejando como resultado al menos 303 ataques e incidentes de seguridad en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país”.
Portavoz de la ONU condena ataques contra ONG y medios de comunicación
@cnietopalma La defensa de los derechos humanos, al igual que el trabajo humanitario, han pasado…
La cacería continúa, tal vez con más fuerza. Sin embargo, nosotros seguiremos con nuestro trabajo porque consideramos que decir la verdad y denunciar las violaciones a los derechos humanos que se cometen a diario no es delito. No porque al régimen le incomode lo que hacemos y decimos detendrá nuestra labor. Seguiremos trabajando, sin miedo. Y con la esperanza de que todo cambiará y continuaremos apoyando a quienes nos necesitan, como desde hace muchos años lo venimos haciendo.
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