En 1998 la deuda externa de Venezuela sumó $ 28.000 millones, $ 23.000 millones eran deuda de la República y $ 5.000 millones de Pdvsa. En 2008, la deuda pública subió a $ 50.000 millones y en 2019 llegó a $ 130.000 millones. A raíz de la suspensión de los pagos en el año 2017 se han estado capitalizando las cuotas vencidas y por eso el monto de la deuda no deja de crecer. Para finales de 2020 se calcula en más de $ 140.000 millones.
¿Cómo pagar semejante cantidad en un país cuyo ingreso por exportaciones cayó de $ 92.000 millones a $ 7.000 millones y sus reservas internacionales se desplomaron de $ 42.0000 millones a $ 6.000 millones? Venezuela cada vez extrae menos petróleo, el tamaño de la economía se ha reducido en casi el 70 % y es azotada por una prolongada escasez y voraz hiperinflación que ha empobrecido al 79 % de su población.
A fines de 2017 el gobierno y Pdvsa dejaron de pagar la deuda. En ley venezolana, el acreedor tiene un plazo de 3 años para demandar y, si no lo hace, pierde su derecho a reclamar. El gobierno, agobiado por juicios internacionales, quiere evitar otra ola de demandas y por eso ha ofrecido a los bonistas dejar sin efecto la interrupción de sus derechos; siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones:
√ Que el acuerdo lo firmen los bonistas que representen al menos el 75 % del capital que se adeuda.
√ Que los acreedores suspendan los litigios que buscan declarar vencidos los pagos pendientes o ejecutar el pago de capital e intereses.
El problema que se les presenta a los bonistas es que buena parte de esta deuda fue emitida bajo la ley del estado de Nueva York, cuyas cortes reconocen como presidente de Venezuela a Guaidó; mientras que Maduro hace su oferta en el marco de la ley venezolana que los acreedores internacionales también están obligados a cumplir.
De allí que la oferta del gobierno forme parte de una estrategia para sumar a los tenedores de los bonos al lobby que hacen las trasnacionales petroleras ante el gobierno de los EE. UU. para flexibilizar las sanciones; toda vez que cualquier acuerdo de restructuración deberá contar con una autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC (por sus siglas en inglés).
Con el incentivo de mantener vigentes sus derechos ante las leyes y tribunales venezolanos, el gobierno busca que los tenedores de los bonos ejerzan presión sobre la Administración Trump y las cortes estadounidenses para que flexibilicen las sanciones y reconozcan a Maduro como la contraparte con la que hay que negociar la reestructuración y pago de la deuda pendiente.
Los bonos venezolanos han perdido más del 85 % de su valor y se rematan en los mercados financieros internacionales que no quieren prestarle un centavo más a Venezuela. A ambas partes les conviene una reestructuración que, por un lado, reconozca el descuento que registran los mercados; y, por el otro, puedan cobrar al menos el valor residual que aún les queda. Si bien algunas de las condiciones para interrumpir la inminente prescripción de los derechos de los bonistas lucen difíciles de cumplir, tales como reunir al menos el 75 % de los poseedores de cada emisión y suspender reclamaciones futuras, se trata de una estrategia de Maduro para lograr su reconocimiento en las Cortes de Nueva York y en los mercados financieros internacionales.
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