Hoy voy a referirme al informe que presentó el pasado 14 de septiembre la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada el 27 de septiembre de 2019, por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El propósito: “que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.
El Consejo de Derechos Humanos pidió a la Misión que presentara un informe sobre sus conclusiones durante un diálogo interactivo en su 45º período de sesiones, en septiembre de 2020. Al momento de escribir mi artículo se está efectuando la primera parte de este dialogo interactivo, por lo que podrán surgir cosas nuevas que aquí no podré reflejar. Igualmente, en este artículo, haré citas textuales del informe in comento.
“El 2 de diciembre de 2019, el presidente del Consejo de Derechos Humanos nombró a Marta Valiñas de Portugal, Paul Seils del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Francisco Cox de Chile como miembros de la Misión de determinación de los hechos. La Sra. Valiñas fue designada como presidenta. La Misión contó con el apoyo de una secretaría de 13 funcionarios con sede en la Ciudad de Panamá; integrada por un coordinador, investigadores de derechos humanos, asesores legales y de género, expertos militares y en tecnología digital y funcionarios de seguridad, administrativos y de presentación de informes”.
Me atrevo a decir que marca un hito histórico en comparación con informes anteriores, presentados por organismos internacionales. Porque este da nombres de responsables directos de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. Desde su presentación, todos los jerarcas del régimen han tenido su espacio en televisión, en cadena nacional, para defender lo indefendible.
Que Venezuela sea un país forajido en materia de derechos humanos no es una noticia nueva. Desde hace mucho tiempo el régimen venezolano, ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos, ha optado por hacerse la vista gorda. Y cuando la cosa se le complica, se retira de los organismos internacionales, como hizo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y con la Organización de Estados Americanos.
Este informe es una demostración clara de que el trabajo conjunto, desprendido de egos y protagonismos absurdos, da buenos resultados. A pesar de que el régimen no dejó entrar a Venezuela a los miembros de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos, por diferentes formas lograron hablar con víctimas y sus familiares; así como con periodistas, abogados y organizaciones de derechos humanos con un trabajo reconocido en Venezuela. Y elaborar estas contundentes 444 páginas que todo el mundo debe conocer.
La gran conclusión del informe es que lo que muchos venezolanos sin miedo hemos venido denunciando desde hace tiempo: que en nuestro país se cometen violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Era mucho más lo que quería escribir, pero el espacio no me lo permite. Cierro ratificando lo que ya otras veces he dicho y me da un respiro de satisfacción: las violaciones a los derechos humanos no prescriben. Y en algún momento los responsables de esto tendrán que rendir cuentas; la justicia a veces tarda, pero siempre llega y esta no es la excepción.
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