La dirigencia opositora y los partidarios del narcorégimen deben entender que la situación  tuvo un giro de 180 grados. Quien acusa a Maduro y a sus compinches es la justicia de los Estados Unidos, la cual no es sumisa al Poder Ejecutivo, como en Venezuela, Cuba o Nicaragua. Es decir,  que la acusación no es política, sino basada en hechos o indicios que los acusados deberán rebatir o aceptar. 

Seguir discutiendo si en tiempos de pandemia se debe o no  coordinar esfuerzos con el narcorégimen para paliar la situación y si es apropiado o no solicitar eliminar las sanciones, como propone  la señora Bachellet, Enrique Ochoa Antich  y otros, no tiene justificación. Esas propuestas, aunque quizá válidas para alguien que no conoce nuestra realidad, en la práctica no tendrán ningún resultado positivo. El narcorégimen desmanteló nuestro sistema hospitalario público, obligó a muchos médicos a emigrar y sometió a los enfermos a sufrir las penurias de la escasez de medicinas. Pretender que ese mismo equipo de corruptos pueda enderezar entuertos es ser ingenuo o cómplice.

Nuestra dirigencia unida debe exigir a la Fuerza Armada y al sistema judicial el desconocimiento del usurpador Maduro. No hay otra opción, como lo acaba de expresar Horacio Medina, presidente de Unapetrol y miembro de la Asociación Civil Gente del Petróleo.

Por su parte, Maduro y otros acusados tienen solo dos caminos sensatos : irse a Cuba o a cualquier otro país que se comprometa a no extraditarlos o entregarse a la justicia norteamericana. Esta última opción es la que más les conviene, para no vivir con el temor de ser extraditados. En los tribunales se pueden declarar culpables para obtener el beneficio de una condena reducida o correr el riesgo de ir a un juicio que pueden perder y, en consecuencia, pasar muchos más años entre rejas. Una tercera opción es aferrarse al poder, lo cual sería suicida para los acusados y para quienes decidan seguir apoyándolos.

Una vez que se instale en Miraflores un gobierno de transición, nuestros dirigentes deberán evidenciar su disposición a enrumbar a Venezuela por el camino de la inclusión y del desarrollo sustentable. No puede ser una transición corta, ya que la situación es muy diferente a la de 1958

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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