Crímenes sin Castigo | Huyendo de Venezuela, por Javier Ignacio Mayorca - Runrun

Crímenes sin Castigo | Huyendo de Venezuela, por Javier Ignacio Mayorca

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Una cosa es disertar sobre la diáspora, y otra es vivir el tránsito de un país a otro en una carrera contra el tiempo, agobiados por el calor y la corrupción

 

@javiermayorca

 

EN EL SECTOR LA PARADA DE CÚCUTA, unos 400 venezolanos permanecían agolpados en el camino que conduce a las oficinas de Migración Colombia. Apenas comenzaba la jornada del 22 de agosto y, según un representante regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), estaba en desarrollo una auténtica “avalancha” de personas que huían de su tierra natal. No era la primera, y tampoco sería la última.

Muchos de los que estaban allí habían apurado la huida desde Venezuela, angustiados por las informaciones según las cuales el gobierno ecuatoriano se disponía a exigir (como en efecto lo hizo) un visado especial para los que hacen parte del mayor movimiento humano conocido en Suramérica.

Yorly -nombre cambiado- pretendía llegar a Rumichaca en un par de días, contados a partir del momento en que los funcionarios de Migración le sellaran el pasaporte, cosa que entonces se veía lejana. La plata comenzó a escasearle luego de pagar 20.000 pesos por cada uno de los cinco integrantes de su grupo familiar, para que le permitieran trasponer la primera barrera, instalada por efectivos de la Policía Nacional de Colombia a unos 300 metros de la taquilla.

“¡Sellados VIP, sellados VIP!”, es la expresión que más se escucha en ese espacio. Son grupos de gestores venezolanos que se ofrecen para aligerar la espera. Si usted va bien vestido, la tarifa sube automáticamente, un 20%.

Como en toda gestoría, lo importante en este caso son las conexiones que estos sujetos puedan tener con los uniformados colombianos. Cuando usted los contacta, ellos de inmediato lo ponen a hablar con el verdadero líder del grupo.

Pero no todos tienen verdaderas conexiones. Es decir, “no la mueven”, sino que se valen de engaños o artificios. El más usual es entregar un ticket de comprobante de un inminente viaje en autobús. Al mostrarlo al policía, el portador debería tener prioridad para pasar a la segunda etapa de la cola, siempre y cuando el funcionario no se fije en que el nombre del titular ha sido escrito y sobreescrito, tantas veces como haya sido reciclado este documento.

Los agentes detectan con rapidez la burla con los pasajes de autobús.

“Yo a usted lo he visto entrando y saliendo de aquí toda la mañana. ¡Muéstreme sus documentos!”, reclamó un funcionario de Migración Colombia a un joven de franela azul, que efectivamente participaba en el esquema. El muchacho ni siquiera alzó la voz, y se acercó mohíno al lugar donde estaba el empleado estatal. Luego, abandonó el lugar.

Como esta alternativa tiene sus límites, el mismo gestor ofrece luego una solución más drástica: colarse por una rendija en la reja externa, y meterse en la cola a como dé lugar. Esta no parece ser la mejor opción, si se toma en cuenta que justo al otro lado de la malla metálica está una VAN de la Policía Nacional. Además, hay funcionarios que se esconden para tomar fotos de quienes intenten esta vía.

“Esos están mirando para otro lado. No va a pasar nada”, dice este venezolano, tratando de convencerte para que le pagues de una vez.

Desde luego, en la medida en que no funciona ninguna de las soluciones, el tiempo pasa y la desesperación aumenta. El precio por la gestión de llevarte a la siguiente etapa se incrementa. Cada vez que abren el paso en la primera barrera sucede una hecatombe de gritos y empujones, que obligan a los policías a proferir amenazas.

“Esto lo cierro y no lo abro más hoy. Nadie pasa, pues”, advirtió uno, encaramado sobre un pequeño muro, para hacerse escuchar.

Una comerciante de San Cristóbal, Mercedes, iba acompañada por otra gestora, una morena como de 120 kilos que decía ser sargento segunda retirada de la Guardia Nacional.

Mercedes había contactado a los sujetos de los tickets y también a los que ofrecían el paso por la rendija. Al final, confió más en la ex militar, y acertó.

La mujer se acercó al sitio donde estaban los policías colombianos, y les hizo una seña casi imperceptible con las manos.

Como por arte de magia, se abrieron las barreras, lo suficiente para dejar que la empresaria pasara.

“Después, lo que tienes que hacer es hablar con el vigilante. Dile que tienes un pasaje de avión listo, y que si no te sellan pierdes el vuelo”, recomendó.

En la cola, Yorly había entrado en conversación con una sargento mayor de tercera, también retirada de la Guardia Nacional, que había dejado a su hijo en Venezuela, bajo el cuidado de los abuelos, con la esperanza de enviarle dinero muy pronto para que viajara hasta donde ella se encontrara. En su afán de ganar lo antes posible la frontera con Ecuador, se arriesgó a que la declararan desertora. Solicitó la baja, y no esperó a que le entregaran la resolución correspondiente. Se salvó pues algunos amigos en la fuerza le enviaron una copia por whatsapp, para que la mostrara en el paso fronterizo. 

Al escucharla, Yorly también recordó sus últimos días en el barrio de Petare donde creció.

“Allá dejé todo atrás (…) Lloré hasta por los perros”, confesó a la sargento.

Mientras ambas ventilaban sus intimidades, Mercedes logró ubicar al “vigilante”. En realidad, era un capitán retirado de la Policía Nacional. Al saber de la premura, llamó por radio a otro colega que estaba frente a la taquilla de Migración. Y le dio paso.

En ese local, los cinco funcionarios de guardia que sellan los pasaportes trabajaban ajenos al tumulto que había en el exterior. Conversaban entre ellos, echaban chistes. Cada uno tomaba en promedio un minuto y medio en vaciar algunos datos en las respectivas computadoras y estampar una marca húmeda.

Las matemáticas no daban, y el tiempo tampoco. A ese ritmo, trabajando sin cesar, solo permitirían el acceso de poco más de 2700 personas en la jornada de medio día.

Por eso es que muchos de estos emigrantes terminarían arrodillados en el paso fronterizo con Ecuador.

Cuando salía con el pasaporte sellado, Mercedes entregó otros 50.000 pesos a la sargento/gestora, para que a su vez diera una mordida al vigilante. Pero no supo si eso en realidad ocurrió. Pasar a Colombia con el pasaporte en regla le había costado el equivalente a 28 dólares, según el cambio del momento.

Mientras la comerciante se internaba en Cúcuta, al mediodía, crecía el flujo de personas que regresaban a Venezuela, llevando en hombros o arrastrando enormes bultos con todo lo que no pueden conseguir en su país.

Pero esa es otra historia.

 

Breves

 

El anuncio divulgado por alias Iván Márquez, sobre la retoma de las armas por parte de una fracción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), levantó alarmas en un sector de la Fuerza Armada, pues formaliza una situación que ya se venía percibiendo a propósito de varios contactos hostiles en el Zulia con miembros de esa guerrilla, que se decían desmovilizados. Un coronel del Ejército, que ocupó posiciones de mando en unidades tácticas de la franja fronteriza, indicó que hacia el sector Río de Oro del estado Zulia están operando reductos del frente 33. Mientras tanto, hacia el estado Apure, en frontera con el departamento de Arauca, están los del frente 1, quienes nunca se acogieron a los acuerdos de paz La Habana, en los que por cierto Iván Márquez fue un factor determinante. Mientras tanto, la Guardia Nacional maneja informaciones de “patriotas cooperantes” según las cuales elementos de la llamada “guerrilla más antigua de América” han llegado ya a las parroquias Ascensión Farreras y Guaniamo del estado Bolívar, con la intención de participar en la explotación del Arco Minero y controlar las actividades de las bandas criminales que ya operan en la región. Este sería el espacio de encuentro para una eventual alianza con militantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

 

El 24 de agosto, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general (GN) Néstor Reverol, anunció una nueva suspensión a los portes “de armas de fuego y de armas blancas” (sic), por un año contado a partir del 27 de agosto. Esta decisión fue tomada mediante resolución conjunta de ese ministerio y la cartera de Defensa. Esta es una medida que impacta esencialmente a los civiles que ven en las armas de fuego una herramienta para su defensa. Para los integrantes de las bandas criminales, estas resoluciones importan poco o nada. Grupos como el del Wilexys en Petare, Yeiko Masacre en Zuia, Coqui en la Cota 905, Malony en Guárico y los nuevos piratas del estado Sucre gozan retratándose mientras exhiben sus fusiles, con un nivel de visibilidad que llama a sospecha. Por otra parte, la llamada política de desarme ha tenido escaso impacto sobre los niveles de violencia en el país. Por ejemplo, en los 7.285 homicidios reportados durante el primer semestre de este año (tomando en cuenta las muertes por “resistencia a la autoridad”) se constató el uso de armas de fuego en 6.314 oportunidades, lo que equivale al 86,7% del total. Esta cifra es prácticamente la misma que se verificaba en los años previos a 2014, cuando Maduro anunció su primera iniciativa para el “desarme”.

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