Tres cartas públicas ha recibido recientemente el presidente (e) Guaidó. Dos de ellas en términos positivos, otra no tanto. La distinguida columnista Alicia Freilich lo alerta oportunamente de que se cuide de ”oportunistas y delincuentes” que lo rodean. La Alianza Nacional Constituyente Originaria, por intermedio de su activo Coordinador Enrique Colmenares Finol, propone la realización de un plebiscito sobre la permanencia de Maduro. Es una propuesta respetable, aunque pareciera que es repetir lo realizado el 16 de julio, sería darle más tiempo al régimen y un mecanismo que no tiene fuerza para ejecutarlo. La tercera es la de María Corina, Ledezma y Arria, la cual comentamos a continuación.
Los apreciados firmantes ratifican su respaldo al presidente (e) Guaidó, pero mencionan que lo aprobado en la Asamblea Nacional “no admite ninguna forma de convivencia o connivencia con las mafias de la corporación criminal en la que se ha convertido el Estado venezolano. De allí que, el nuevo diálogo en Noruega, avalado por la corporación criminal encabezada por Nicolás Maduro y sus socios, pues les sitúa en paridad moral con el gobierno legítimo que Usted representa, resulte inexplicable para el país; sobre todo dada la posibilidad de que un pacto con el crimen organizado surjan unas “elecciones democráticas”que se celebrarían bajo su dominio.”
Agrega la carta exigiendo al presidente ( e) Guaidó que “cancele y cierre de manera definitiva, sin dejar espacios para la suspicacias, esta negociación opaca y dañina”. Afirma que la única opción es la fuerza, “entendida como la combinación apropiada de la fuerza institucional de la Asamblea Nacional, de su Presidencia Interina y del TSJ legítimo, con la fuerza de la movilización organizada de los venezolanos y la fuerza de una coalición internacional leal”. Finaliza afirmando que “el grueso de nuestra Fuerza Armada, sin los controles cubanos se pondría del lado del pueblo y la Constitución…”
Al respecto, nos permitimos diferir de la forma y contenido de esta carta, la cual ha podido ser privada para no echar más leña al fuego. La posición de no dialogar con la mafia que nos gobierna la comparten muchos venezolanos por las redes sociales y es explicable. Sin embargo, afirmar que la oposición que dialoga se coloca en la misma paridad moral que la corporación criminal que gobierna es insultante y fuera de toda perspectiva. A veces es necesario dialogar con bandidos en aras de intentar resultados favorables a los más.
Asumir que de ese diálogo surjan elecciones no transparentes y que esa negociación es opaca y dañina es una posición extrema. Aseverar que “la única opción es la fuerza institucional de la Asamblea Nacional, de la presidencia interina, del TSJ legítimo, de la movilización de la gente y de una coalición internacional” es respetable como opinión, pero hasta ahora ha demostrado no ser realista. Concluir que nuestra Fuerza Armada se pondrá del lado de la Constitución es un deseo que acariciamos muchos, pero es solo un deseo. Cierto que el diálogo tampoco ha producido resultado alguno, pero políticamente no pareciera sensato cerrar esa opción.
Desde el inicio de esta lucha en defensa de la democracia nuestra dirigencia política se dividió en dos tendencias. El grupo más numeroso se inclinó por no confrontar al régimen. En palabras de Martínez Meucci, optaron por el apaciguamiento, no atreviéndose a mencionar que desde el 2001 se estaba violando la Constitución. El otro grupo predicó desde un principio que había que enfrentar al régimen sin darle cuartel, denunciar las trampas electorales y la presencia de presos políticos.
Los dos grupos han pecado de intolerancia y no han tenido la sensatez de dirimir internamente sus diferencias. Ambos deberían reconocer que la estrategia de apaciguamiento y la vía electoral no son la llave mágica para salir de la dictadura, pero tampoco la convocatoria a protestas callejeras ha logrado doblegar al régimen. A pesar de todo, ambas estrategias han puesto en evidencia la naturaleza dictatorial del mismo y lo han debilitado.
Tal y como se visualiza la situación, se debería intentar conseguir la realización de elecciones, previo cambio del CNE, revisión del registro electoral, votación de los venezolanos en el exterior y participación activa de la OEA. Los distinguidos y apreciados firmantes de la carta están conscientes del sufrimiento de los ciudadanos dentro y fuera del país y como dirigentes no deberían descalificar, ni cerrar esta opción, por dudoso que sea el resultado.
Como (había) en botica: Humberto Calderón Berti, nuestro embajador en Colombia, fue quien solicitó la investigación sobre posible corrupción en manejo de recursos para la ayuda humanitaria. Su trayectoria ciudadana permite confiar en que no encubrirá ninguna fechoría. Según Acción por la Libertad, hay 773 presos políticos, de los cuales 106 son militares. Con el allanamiento de la inmunidad a José Guerra y Tomás Guanipa suman 22 los diputados atropellados por el régimen. Libertad y atención médica para el preso político Vasco Da Costa ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
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