La parálisis nacional pareciera haberse convertido en un factor importante en los cambios que se están reportando en ciertos patrones de la criminalidad violenta
En la madrugada del 22 de mayo, una niña de dos años de edad llegó muerta al hospital general de Barcelona. La primera información suministrada por su mamá a la policía indicaba que la menor supuestamente se cayó de la cama donde dormía, mientras pernoctaba en la casa de una vecina del barrio Cruz Verde.
El testimonio, sin embargo, no era consistente con las lesiones que tenía la niña: hematomas en el pecho, la parte izquierda de la frente, en un ojo y en la cadera, además de escoriaciones recientes en ambas nalgas.
Los médicos de guardia de inmediato llamaron a los investigadores de Homicidios de la policía judicial. Desde un inicio las sospechas recayeron sobre la progenitora, ante la evidencia de que los hematomas podrían ser el producto de distintos hechos, es decir, de una práctica de malos tratos hacia la víctima.
Dos días después, pero en el Zulia, un hombre de 48 años de edad fue aprehendido por la policía regional por supuestos actos lascivos contra una sobrina de once años. La denuncia fue formulada por una tía del propio victimario. Todo ocurrió en viviendas del sector La Conquista.
Estos dos casos muy recientes sirven para ilustrar ciertos cambios en la violencia y en la criminalidad, en los que la parálisis económica pareciera ser un factor influyente. El asunto es motivo de preocupación en la policía judicial, al punto en que se ha ordenado a todos los jefes de unidades en el país aplicar la mayor diligencia en cuanto a la recepción y el procesamiento de las denuncias sobre hechos generalmente catalogados como “violencia doméstica”. Algo que contrasta con la actitud displicente que hay hacia otros delitos, en especial los que afectan a la propiedad privada.
Las estadísticas conocidas extraoficialmente indican que, para mediados de mayo, las violaciones sexuales se habían incrementado en distinta magnitud en ocho estados del país, mientras que en otros tres tienen exactamente el mismo número que los registrados en 2018 para la misma fecha. En otros cinco estados, además, los registros son levemente menores.
Los totales más preocupantes son los de Lara y Trujillo, donde los casos de violación sexual conocidos y procesados se han incrementado en 86% y 75%, respectivamente.
Estos registros están basados en denuncias, por lo que se considera que la cifra real de casos debe ser mucho más elevada.
La violación sexual es apenas un delito en una larga lista en la que el lugar de residencia ha cobrado enorme relevancia. Otros son el robo y el hurto.
La vía pública ha sido por regla general el escenario donde son perpetrados los delitos contra la propiedad. Las calles y avenidas son los lugares donde tradicionalmente los asaltantes y carteristas han logrado aproximarse a sus víctimas. Sin embargo, desde hace algunos años, este patrón ha ido cambiando paulatinamente.
En 2015, por ejemplo, el 21,4% de los robos y los hurtos genéricos era perpetrado en alguna vivienda. Para 2017, los lugares de residencia habían subido su figuración como escenario de robos y hurtos hasta 26,9%. En 2018 este porcentaje se mantuvo.
Esto incrementa el riesgo de que las víctimas sean ultimadas mientras roban en sus viviendas. No solo se trata de la proximidad entre los asaltantes y las personas que ocupan los inmuebles, durante lapsos que pueden prolongarse por horas, sino también porque hay mayores probabilidades de que las víctimas hayan tenido algún contacto previo con quienes intentan llevarse sus pertenencias.
En abril, hampones mataron a Luis Demetrio Zárate durante un robo a su apartamento, ubicado en una urbanización de Villa de Cura (Aragua). En marzo sucedió lo mismo con un hombre de 52 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado en el apartamento de su propiedad, en La California Norte. Y el 5 de mayo un odontólogo fue ultimado en su propio inmueble de residencia en Lecherías (Anzoátegui), presumiblemente por dos vigilantes que habían prestado servicio para el mismo condominio.
En un país que languidece, la gente de todas las clases sociales tiende a pasar lapsos cada vez más prolongados en sus lugares de residencia. Esta tendencia se reafirma cuando vemos que muchos también han trasladado las oficinas a sus viviendas, con la finalidad de ahorrarse los costos derivados de los alquileres de locales, transporte, estacionamiento y comida en lugares públicos.
En este contexto, es muy probable además que aumenten los hechos de violencia derivados de conflictos por convivencia. Ante esto es poco lo que pudieran hacer las policías preventivas, cuyos contingentes se han visto disminuidos hasta niveles preocupantes, que apenas pueden garantizar un mínimo de servicios en las vías de mayor incidencia delictiva y en horas del día.
Breves
*No hubo intento de fuga. La matanza de 29 reclusos en el retén policial de Acarigua no fue el producto de un supuesto plan para escapar del lugar, tal y como lo señaló en primera instancia el secretario de seguridad del gobierno regional de Portuguesa, Carlos Valero. Los datos manejados por Carlos Nieto Palma (Una ventana para la libertad) y el Ministerio Público indican que esta mortandad ocurrió en un contexto distinto. El grupo que dominaba este recinto, liderado por Wilfredo José Ramos, alias Ñema é pavo, se mantenía confinado con visitantes desde hace varios días, mientras intentaba que la dirección del retén acogiera un conjunto de exigencias, entre ellas que se permitieran las pernoctas y festejos en el interior del centro de coordinación policial. También se solicitaba autorización para la construcción de un centro recreativo con piscina, tal y como había ocurrido, por ejemplo, en el internado judicial de Margarita. Ramos dominaba una población de 540 detenidos, y con semejante mercado no tenía necesidad de salir a la calle. Este hombre de 32 años de edad ya había sido sentenciado en primera instancia por el homicidio de dos hombres en Turén, reportado en abril de 2014. Un caso judicial que se basó en pruebas frágiles, como fue el testimonio de una mujer allegada a las víctimas, quien dijo haber visto a Ramos y a otros dos individuos, supuestos integrantes de la banda Los Gandolas, cuando huían del sitio de la matanza, blandiendo escopetas y una pistola. Estas armas nunca fueron recuperadas. Pero Ramos era visto por la comunidad como un “azote de barrio”. Ese testimonio junto a esta reputación fue suficiente.
*El suicidio de un sargento técnico de primera de la Guardia Nacional en instalaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta está ligado directamente a las averiguaciones sobre un supuesto plan de fuga del exministro de Relaciones Interiores, mayor general (Ejército) Miguel Rodríguez Torres. El funcionario castrense, de apellidos Monsalve Estaba, pertenecía a uno de los dos grupos asignados para la vigilancia del oficial. Cuando se detectó el complot, se inició una pesquisa a los custodios, y Monsalve quedó en entredicho. Este suicidio, sin embargo, suscita tantas dudas como el del concejal Fernando Albán en la sede del Sebin Plaza Venezuela, o el del mayor del Ejército Jesús Alberto García (asistente del general Manuel Christopher en el Sebin) en un hotel de la Panamericana. Un factor en común en los dos últimos casos, además, es que los deudos se abstienen de declarar para los medios de comunicación, presas del miedo. La caída de altura del sargento Monsalve ocurrió en forma casi simultánea a la detención de la pareja de Rodríguez Torres en La Grita. Cuando Rocío Ramírez fue trasladada a la Dgcim en Caracas, cuatro días después, ya el sargento agonizaba en el hospital militar. Al momento de la redacción de estas líneas, el general permanece recluido en un complejo de celdas recién construidas, en la Brigada de Policía Militar en Fuerte Tiuna.
