TODO ASESINATO, SEA POLÍTICO O NO, ES REPUDIABLE e injustificable. Si ocurre en la cárcel es aún más grave, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de los presos. Caso contrario, sus funcionarios son enjuiciables así no hayan participado en el hecho. Los presos comunes están expuestos todos los días a ser asesinados por otros detenidos y también por intervención de funcionarios con armas de fuego, para controlar motines. Estos asesinatos se han incrementado exponencialmente desde que Iris Varela está al frente del ministerio al cual están adscritas las cárceles.
Desde el año 2002 a la fecha, todos los asesinatos políticos cometidos en las calles durante manifestaciones fueron perpetrados por funcionarios policiales, por miembros de la Fuerza Armada, frecuentemente de la Guardia Nacional, y por paramilitares rojos, mal llamados colectivos, pagados e incentivados por la dictadura. Su número es elevado y los casos están documentados.
Los asesinatos de ciudadanos presos por motivos políticos nunca involucran a presos comunes, sea porque muchas veces están separados o, las más de las veces, porque tradicionalmente los presos comunes guardan cierto respeto a los presos políticos. Siempre son ejecutados por funcionarios adscritos a organismos del Estado, llámese Seguridad Nacional en tiempos de la dictadura de Pérez Jiménez, Digepol durante el período democrático, Disip o Sebin en la dictadura chávez-madurista.
La seguridad Nacional asesinó a varios dirigentes políticos en supuestos enfrentamientos. En cuanto a asesinatos de presos, Castor Nieves Ríos fue torturado y asesinado en octubre de 1952 estando preso en Caracas. Antonio Pinto Salinas, estaba preso en San Juan de los Morros y lo asesinaron en junio 1953 cerca de Villa de Cura. Además, la dictadura dejó morir en Guasina y en otras ergástulas a varios presos políticos.
La Digepol asesinó al profesor Lovera y a Jorge Rodríguez. Los que perpetraron esos crímenes fueron enjuiciados y pagaron condena. El Ejército asesinó a varios guerrilleros en los Teatros de Operaciones, pero no hubo justicia. Algunos intentarán justificar alegando que en esa época de guerrilla urbana y rural, la tortura y asesinatos eran necesarios para obtener información que salvaría vidas inocentes, ya que muchos de los subversivos de esa época eran terroristas, asesinos y secuestradores, pero no hay excusa posible.
En esta narcodictadura han sido numerosos los asesinatos en las calles de manifestantes pacíficos. Aquí solo mencionaremos los casos de ciudadanos asesinados cuando estaban bajo la custodia del Estado. Juan Carlos Sánchez fue asesinado en noviembre del 2004 por la Disip en Caracas, después de ser torturado. El ingeniero José Alejandro Márquez fue detenido por la Guardia Nacional el 19 de febrero de 2014 en La Candelaria, cuando filmaba con su celular la represión; fue golpeado tan salvajemente dentro de la tanqueta que falleció poco después.
El capitán de aviación civil Rodolfo González Martínez fue detenido en abril del 2014 por el Sebin. Fue torturado y murió en su celda el 13 de marzo del 2015. El concejal del Municipio Páez del Estado Apure, fue detenido el 17 de diciembre del 2016. Tenía graves problemas de salud. No recibió asistencia médica, sufrió un ACV en agosto del 2017, se demoraron doce días en trasladarlo a un hospital, cuando ya era muy tarde para salvarle vida.
El caso reciente de Fernando Albán, concejal de Libertador, ha despertado el repudio de los venezolanos no alcahuetas de la dictadura, incluyendo a la Iglesia y a todos los partidos políticos de oposición. Así mismo, de la comunidad internacional democrática, la cual está sensibilizada ante las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Albán fue secuestrado en Maiquetía a su regreso de Nueva York en donde, junto con Julio Borges, asistió a la sesión de la ONU sobre violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Seguramente Maduro, Jorge Rodríguez, El Aissami, Tarek Williams, Diosdado y otros pensaron que era la oportunidad de relacionarlo con la absurda acusación de intento de magnicidio que pesa sobre Borges. Lo deben haber torturado para que testificara la culpabilidad de Borges. Lo asesinaron y ahora intentan que creamos que fue un suicidio. Albán viajó varias veces sin problemas a Estados Unidos en donde residen sus hijos. Nunca tuvo problemas a su retorno. pero su comparecencia en la comisión de la ONU y reunión con Borges le costaron la vida a este luchador por la democracia, de quien todos dicen tenía gran sensibilidad social.
¡Qué indignación! ¡Qué canallas! ¡Qué cobardes! ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
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