Las expectativas, por Gonzalo Himiob Santomé
SE HAN GENERADO ESTA SEMANA MUCHAS EXPECTATIVAS. La diplomacia oficialista, que hay que decirlo, pese a sus “revolucionarios” desparpajos e improvisación muchas veces funciona, esta vez salió de la ONU con las tablas en la cabeza. No solo no pudieron impedir airados discursos contra el gobierno de Venezuela, proferidos por representantes de países que hasta hace muy poco se habían mantenido convenientemente neutrales o habían sido sus aliados, tampoco pudieron convertir la presencia de Maduro en la Asamblea General en un evento de resonancia mundial (así como cuando Castro, o hasta el mismo Chávez, tomaban el podio), y no lograron sino que unos pocos gatos se quedaran a escucharle su perorata victimizante e intrascendente, pero lo más importante es que no pudieron impedir dos acontecimientos que, definitivamente, marcan un antes y un después: Primero, la remisión, en un primer momento a cargo de seis Estados, a los que después se sumó uno más (Francia), todos parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), de una solicitud formal a la Fiscal ante la CPI, Fatou Bensouda, para que vaya más allá del examen preliminar, ya abierto, y active, con base en el Art. 14 del Estatuto de Roma, una investigación formal por la comisión en Venezuela de Crímenes de Lesa Humanidad y, en segundo lugar, la Resolución del Consejo de DDHH de la ONU, histórica y sin precedentes, que reconoce la existencia de una crisis humanitaria compleja en nuestro país y la gravedad de la misma, que ha afectado (así lo expresa textualmente) a “cientos de miles” de personas; la migración masiva a la se ha forzado a millones de personas, y que destaca que dicha crisis abarca no solo las graves carencias a las que estamos sometidos, sino además las gravísimas violaciones a los DDHH que fueron registradas en el informe de junio de 2018 por la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, en el que se recogen desde asesinatos por motivos políticos y ejecuciones extrajudiciales, hasta torturas, tratos crueles e inhumanos, desapariciones forzadas y persecuciones, y la prisión y encarcelación arbitrarias de miles de personas, solo por pensar distinto.
Lo primero que cabe concluir es que, pese a los inmensos recursos destinados por el gobierno venezolano a la diplomacia y a eso que llaman el “lobby internacional”, su fracaso, al menos esta vez, es indiscutible. La negación obtusa y sistemática de la existencia de la realidad, y el lloriqueo continuo, dirigido a hacerles ver como supuestas “víctimas” de conspiraciones ilusorias ya no le funcionan. Tampoco funciona ya el discurso social, de supuestas inclusión e igualdad, que tanto cala, a despecho de que no menciona jamás la palabra “libertad”, en la mentalidad “progre” de los que, sin haber probado jamás lo que es vivir en un país “socialista”, celebran en Venezuela abusos y tropelías que jamás estarían dispuestos a aceptar en sus propios países. Desde esta semana quedó claro que ya no se puede tapar el sol con un dedo.
Esto ha despertado reacciones de todo tipo. Por una parte, tenemos a los pesimistas de siempre, los que en estos hechos no ven nada relevante ni trascendente, los que creen que nada de lo logrado sirve para nada y piensan que, de todos modos, seguiremos igual. En el otro extremo, están los optimistas a ultranza, los que se imaginan que no faltan sino pocos días para ver a Venezuela libre y a muchos de los que nos han abusado vistiendo trajes anaranjados de recluso tras haber sido capturados y condenados por la justicia penal internacional. La verdad, sin embargo, se encuentra en el punto medio entre esos dos extremos.
Definitivamente lo ocurrido tiene una importancia que no debe desdeñarse. El mundo, al oficialismo venezolano, se le ha vuelto en apenas una semana mucho más pequeño. Las muy pocas solidaridades automáticas con las que todavía cuenta el gobierno venezolano penden de un hilo que rápidamente se deshilacha, y esto es así porque no es nimiedad que contra quienes han dirigido nuestros destinos hasta este momento se haya activado, de manera inequívoca, la justicia penal internacional. Nadie quiere ser tenido, a la larga, como cómplice de quienes, eventualmente, pueden ser condenados como criminales de lesa humanidad. Ya esa “foto de grupo”, con algunos dudosos “amigos” no conviene. No hay chequera que pague un precio tan alto.
Esto no quiere decir que desde hoy mismo podamos palpar los resultados de estas decisiones. Algunos avances veremos, pero no es cierto que la mesa de la libertad y de la justicia ya esté servida. Aún queda mucho trecho por recorrer. Dos reacciones nos permiten comprender esta última afirmación plenamente, y situar en su justo medio el impacto de lo ocurrido: Primero, la de Michelle Bachelet ante la Resolución del Consejo de DDHH de la ONU, ya no como presidente de Chile sino como Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, dirigida a los pesimistas inveterados, que de inmediato y sin medias tintas le exigió a Maduro que permita, lo que sería inédito, la entrada de los expertos en DDHH la ONU a Venezuela. Como todos sabemos, la posición de Bachelet como presidente de Chile sobre Venezuela fue siempre francamente complaciente, en su nueva posición no puede permanecer igual, y debe obedecer las instrucciones que le imparta el Consejo de DDHH de la ONU. Si quiere mantenerse en el puesto debe actuar conforme a un cúmulo de reglas distintas de las que regían su ejercicio como presidente de Chile. Ella lo sabe, y por eso respondió inmediatamente. Esto pone a Maduro contra la pared, pues si acepta la solicitud, de primera mano podrán estos expertos registrar y constatar la realidad del país, y si no la acepta, o la somete a condiciones absurdas, se pondrá de espaldas al mundo entero demostrando en la jugada que todo lo que se dice sobre Venezuela es cierto.
La segunda reacción es la de la Fiscal ente la CPI, Fatou Bensouda, que desarma un poco el optimismo ciego y, de alguna manera, llama a la calma. Una vez recibida la solicitud originaria de las seis naciones que dieron a ello, indicó que el examen preliminar ya abierto en su oficina continuará en los mismos términos en que se ha manejado hasta ahora. La diferencia, según ella, es que para proceder a la apertura formal de una investigación ya no necesita la aprobación de la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP) de la CPI, lo cual es cierto. Sin embargo, en un aspecto calla, y esto debemos tomarlo en cuenta. También es cierto que si ella decide, por el contrario, que no hay méritos para abrir la investigación formal (a diferencia de lo que ocurría antes de que los Estados le solicitaran su actuación) su negativa queda ahora sujeta al control de la SCP de la CPI, que perfectamente puede estar en desacuerdo con la Fiscalía y ordenar la apertura la investigación. En todo caso, como bien lo destaca el profesor Fernando Fernández, esta es una situación inédita. Nunca antes un Estado parte del Estatuto de Roma, ni mucho menos un grupo de éstos, había solicitado el inicio de una investigación formal contra personas de otro Estado parte por Crímenes de Lesa Humanidad, así que en este tema estamos recorriendo territorio inexplorado. En todo caso, lo cierto es que, pese a lo dicho por la Fiscal, ya no es ella sino la SCP de la CPI la que tiene ahora tiene la última palabra.
Sobre esto, por cierto, debemos tomar en cuenta además dos cosas: La primera es que no hay plazo previsto para que la Fiscalía ante la CPI decida qué va a hacer. El examen preliminar, y luego la investigación formal, si procede, pueden durar años. Así ha pasado con otros países, como por ejemplo ocurrió en Colombia. En segundo lugar, tenemos que ponderar que uno de los elementos que se debe dar para que la investigación proceda es que exista, al momento de la decisión, “interés en la justicia”. Sí, esto es muy subjetivo, y básicamente depende de las que hayan sido las víctimas de los crímenes cuya investigación se pretende. Si, por ejemplo, al momento en el que la investigación proceda, y aun teniendo todos los elementos que la permitan, en el país de que se trate está en curso un proceso de transición, en el que internamente y con el concurso de las víctimas se está decidiendo qué se hará, o cómo se castigarán, los crímenes cometidos, la Fiscal o la CPI pueden perfectamente decidir que no está en el interés de la justicia universal involucrarse en estos temas. La justicia universal es complementaria y subsidiaria con respecto a la justicia local, y en todo caso, si tal justicia puede lograrse en la esfera nacional, la CPI no debe intervenir.
Esto sin embargo no implica que debamos pensar que nada positivo pasará de inmediato. Las investigaciones que se adelantan en la CPI no son contra los Estados, son contra las personas, y el simple hecho de que ya estén bajo esa lupa debe tener, en quienes están siendo señalados como culpables, un efecto disuasivo indiscutible. Quienes están siendo señalados de cometer graves crímenes contra la humanidad, y saben que podrían ser juzgados y condenados por ello hasta el final de sus días y sin importar dónde se encuentren, tienen ahora que medir muy bien sus pasos y sus actos. Nada pasará desapercibido. Ya no pueden actuar con la misma libertad e impunidad con las que antes se manejaban. Las cuatro paredes tras las que escondían sus felonías han sido demolidas y ahora sus actos están a la vista del planeta entero. Cualquier nuevo abuso, cualquier nuevo crimen cometido, quedará inmediatamente registrado, y les acarreará, tarde o temprano, consecuencias directas y personales. Esto, evidentemente, no es poca cosa.
