Venezuela está rota. Pesarosa realidad, pero cierta. Las distintas fracturas padecidas en el choque vivido entre las actitudes de su gente y los valores que sirvieron para guiar el país hacia derroteros que aseguraron un reconocido pluralismo político, terminaron intrigando las propuestas sobre las cuales pudo soportarse el fortalecimiento del Estado de Derecho entendido como base fundamental de una sociedad democrática y participativa.
Nunca se comprendieron las ideas que apuntaban a aceptar el conflicto y la disidencia como forma de distender y resolver los problemas que no tienen solución consensual. Por tan contundente razón, sin que fuese la única causa que habría determinado el oprimido estado al cual el país ha llegado, a consecuencia de las encubiertas crisis que han marcado su discurrir, la praxis política se enturbió abismalmente. Tanto se dieron situaciones así, que la gestión de gobierno se redujo a torpes coacciones envalentonadas de un poder represivo que se dirigió a establecer un clima de hostigamiento mediante el cual se hizo posible constreñir toda intención de aseguramiento de la democratización plena del sistema político.
En medio de esta onda de conflictos, decayeron actitudes, valores y esperanzas que habían sido baluarte del proceso de modernización de la democracia que intentó adoptarse como modelo político a seguir. Precisamente los cambios que lograron imponerse, no fueron del todo los previstos por el sistema de planificación trazado desde la cúpula del Estado (venezolano). No sólo se complicó el comportamiento de la economía, así como se debilitó el estado de derecho pretendido constitucionalmente. Igualmente sucedió con la actitud gubernamental de cara a exigencias de desarrollo, como ante demandas de lo que había sido representativo o expresión de la preservación y mantenimiento de la infraestructura nacional.
Quizás lo más grave que aconteció luego que comenzaron a resquebrajarse las responsabilidades comprometidas por el gobierno central frente a los desafíos que pautaban los cambios propios del desarrollo tecnológico, cultural, social, político, económico e indiscutiblemente, humano, tuvo que ver con la concepción, asimilación, comprensión y consideración del sentido de ciudadanía.
El concepto de ciudadanía, al igual que muchos de los valores morales y políticos que fueron cuarteándose hasta su casi extinción, como resultado de los trances que desviaron al país de propósitos delineados por los planes nacionales, fue perdiendo su efectivo impulso primario. Pero no sólo motivado por problemas suscitados alrededor de su comprensión e interpretación desde la sociología política y de la socialización como factor educativo. También, a consecuencia de la dinámica que experimentó el ejercicio de la política toda vez que determinados intereses sensibilizaron conductas en perjuicio de derechos fundamentales y libertades significativas. Muchas de ellas, inducidas por el sectarismo, la discriminación, el individualismo, o contravalores que bien se prestaron al deterioro de costumbres, sentimientos y razones de convivencia y reunión propias de apegos familiares, religiosos y amistosos.
El desarraigo que conllevó la ciudadanía, tuvo relación con la fractura que desagregó la idea de ciudad a consecuencia de la dinámica urbanística que se dio en el curso de la velocidad que la modernidad le imprimió al crecimiento y expansión de las urbes más congestionadas y convulsionadas. De esta manera, las metrópolis se descompusieron en tres tipos de ciudades a saber: ciudad histórica, basada en la aprehensión de las tradiciones. La ciudad funcional, basada en el desarrollo del urbanismo. Y la ciudad humana, afincada en el sentido de ciudadanía. Aunque ésta tipología, fue difícil de configurar debido a las dificultades que experimentaban su comprensión y praxis pues la misma estaba teñida del proselitismo que incitaba el populismo como modelo político en efervescencia. Y que, lamentablemente, sigue transitándose por esa racha de realidades.
El contraste establecido por estos enfoques de ciudad considerados así desde una perspectiva político-espacial, hizo relucir choques de naturaleza axiológica y fáctica. Así fue advertido un primer conflicto entre el sentido de armonización de las actitudes asomadas por los individuos frente a las posibilidades de integración, mediante híper-conversaciones tendentes a compactar compromisos éticos, morales y políticos, y los procesos de urbanismos concebidos a instancia de las coyunturas políticas, culturales y sociales, particularmente.
Un segundo choque, ocurre entre intereses económicos toda vez que los mismos resultan de la movilización de condiciones sociales cuando entran en pugna o rivalizan por objetivos planteados unilateralmente. Tan aguda situación, pone al descubierto dos tipos de crisis cuyos entornos dan cuenta de la complementariedad entre ambas. Por lo que al sumar sus razones, el ejercicio de ciudadanía propendió a desdibujarse de su esencia, consistencia y conciencia. Y su praxis, terminó convirtiéndose en un alarde de populismo solapado, afincado en un discurso que pudo calar o establecerse como actitud, condición, efecto o razón.
Y aún cuando siga persistiéndose en asentir la ciudadanía desde su construcción como proceso de socialización y desarrollo, los problemas que la confrontan no han dejado de atascarla o de hostigarla en términos de su afianzamiento como condición de crecimiento y afianzamiento sociocultural y sociopolítico. De ahí que se hable con este lenguaje crítico pues se ha encontrado la ciudadanía bajo acecho.
