Cuando un gobierno confunde sus criterios de gestión con pretextos de un abusivo y grosero pragmatismo por el mero afán de conservar el poder, sin medir consecuencias ni evaluar recursos, está impúdicamente provocando más calamidades que las arrojadas por un desastre natural. Sobre todo, si los resultados que sus desmanes incitan, contravienen libertades y derechos humanos que asolan la salud moral, espiritual y física de la población bajo su pretendida responsabilidad.
Es el problema que sofoca a Venezuela toda vez que el alto gobierno se desentiende de las crudas realidades cuyos efectos están diezmando la salud de venezolanos que claman a viva voz por alimentos y medicamentos. Es lo que define un Estado “criminal”. No más por los traumas que de su reticencia u obstinación derivan, que por el sacrificio de vidas que inhumanamente induce.
De un Estado “fallido”, concebido en virtud de los reiterados desafueros instituidos como decisiones adoptadas con el sarcasmo propio de quien sólo responde a un enfoque mísero y perverso del hecho de gobernar, Venezuela pasó ahora a verse como un Estado “criminal”. Todo ello, por causa de la indolencia que solaza cada determinación asumida gubernativamente. Y muy posiblemente, instituida como razón por el programa que rige la agenda “revolucionaria”.
Antes de cualquier análisis sobre tan grave problema, vale preguntarse: ¿por qué ahora cualquier simple enfermedad cuesta la vida de muchos venezolanos? O ¿por qué el Ejecutivo Nacional niega la condición de carestía de medicamentos que adolece la población toda vez que la salud del venezolano encarece abiertamente la crisis económica, social y política que padece el país?
En principio, no hay manera de encubrir el grosero problema que el gobierno central pretende soslayar con desvergonzadas excusas. Actualmente, la crisis de salud supera impunemente el estado de hechos que pudo caracterizar a Venezuela hace diez o más años. De ello, no cabe la menor duda. Por tanto, no es difícil inferir que la salud no es prioridad para el gobierno. Muy a pesar de lo que establece la Carta Magna cuando distintos preceptos contenidos en el Capítulo V, De los Derechos Sociales y de Familias, exaltan directa y categóricamente que la salud es “un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida” (Art. 83). Más aún, el mismo derecho es ahora condicionado, con la mayor saña posible, por el agorero registro del manido “carnet de la patria”.
No hay duda que las realidades están apartadas de cualquier arenga presidencial. Peor aún, son demostrativas de situaciones penosamente humillantes. Los saldos son patéticos. Enfermedades ya erradicadas, azotan nuevamente la palestra venezolana. Tanto, que están hostigando importantes poblaciones sin que haya nada de por medio que mitigue los perjuicios causados. Más aún, importantes pérdidas de vidas de venezolanos suceden, casi pudiera decirse, que a solicitud del modelo político. Se cuentan significativas bajas de venezolanos, indistintamente de su arraigo social y económico y político.
Una forma de cómo el gobierno afronta sus mismos exabruptos, ha sido negándose a lo que dice ser una crisis humanitaria. Aunque lo enunciado por la teoría política, posiblemente podría justificarlo. Quizás, desde ese enfoque habría que aceptar que dicha crisis humanitaria no existe por cuanto no hay una razón que evidencie un desastre natural suscitado por carencias absolutas. O por la presencia de alguna perturbación política o emergencia política capaz de invocar una respuesta militar de consabidos efectos. Pero si bien el asunto no es ese, entonces no es difícil deducir que, en lo exacto, dicho problema no existe.
El problema que ha venido acentuándose, con sus correspondientes daños focales y colaterales, lo explica la incidencia de una crisis de humanidad. Crisis ésta que empuja un tipo de crisis de conciencia y otro tipo de crisis de moralidad. Ésta, ha devenido en actitudes indecisas e insidiosas que han incitado el cúmulo de dificultades que ahora fustiga al país sin que haya sido del todo comprendido. Menos reconocido, pues haberlo hecho podría haber encendido la flema de mayores protestas nacionales e internacionales.
Esta crisis tiene secuelas que comprometen el abastecimiento de farmacias. Así como el conveniente funcionamiento de hospitales. Igualmente, de organizaciones que prestan servicios de salud, programas de prevención de enfermedades y de seguridad social. Casi toda esta situación, pareciera ser compatible con un exterminio social predeterminado. O programado al mejor estilo fascista. Y sumado esto a la diatriba que se ha dado entre una oferta dolarizada y una demanda fundamentada en un bolívar decrépito, termina de componerse la ecuación cuyas incógnitas lucen incongruentes con la naturaleza de la lógica matemática.
Sin embargo, mientras que el alto gobierno sostenga que cualquier tipo de colaboración, de ayuda o apoyo representa una intervención, o una vía de resquebrajamiento de la doctrina de seguridad establecida por el programa de gobierno, la crisis habrá de convertirse en claro testimonio de lo absurdo. Más, cuando el criterio de negación, es cómplice de toda decisión gubernamental asumida detrás del interés internacional el cual plantea brindarle al país respuestas que potencien y reivindiquen las libertades y derechos conculcados por el régimen a fuerza de represión y opresión.
De todo esto pudiera desprenderse algo insólito. Y es que el optimismo cedió su lugar al derrotismo. Y así, en efecto, viene ocurriendo, por cuanto el socialismo del siglo XXI surgió contaminado por la miseria emocional y espiritual de sus artífices. Ya que por la sangre de estos patrioteros de baja calaña siempre ha corrido egoísmo, resentimiento, odio y perversidad. Así que de esto, no podía generarse otro sistema político que no estuviera cundido de maldad y vileza, corrupción y dolor y holocausto como en realidad está hoy. Luego de lo inferido, no había manera de estructurar otra concepción de Estado, que no fuera la visión de un Estado “criminal”.
@ajmonagas
