Mucho se dice últimamente sobre la existencia de actores que adversan el diálogo. En especial, desde el oficialismo se afirma reiteradamente que la oposición no acepta fórmula alguna de entendimiento, mientras que el gobierno asevera que siempre las ha impulsado. La realidad es, sin embargo, mucho más compleja. Pareciera que al alto gobierno le interesa poco el diálogo verdadero, basado en el reconocimiento de la legitimidad de los interlocutores y supeditado a un acuerdo previo entre las partes sobre la manera de llevarlo adelante, respetuoso en suma de la dignidad política de cada una. Se inclina más por la subordinación del adversario a sus postulados y a sus posiciones de poder y atiende al objetivo de lograr el reconocimiento que esto supone. Del lado opositor hay quienes de entrada rechazan toda modalidad de diálogo, dejando a salvo el que se circunscriba a definir la salida inmediata del poder de quienes hoy lo detentan, aunque la postura dominante es la de estar abiertos a conversaciones conducidas de buena fe que favorezcan una negociación política que permita superar la crisis política y humanitaria, con garantías de alternancia democrática.

Error visible

La actitud oficial antes esbozada es altamente dañina para cualquier escenario de genuina negociación. Su error más visible radica en la insistencia en colocar a la llamada Constituyente en el epicentro de cualquier proceso de diálogo que quiera emprenderse, lo cual dinamita de entrada las iniciativas que se adopten. La denominada Constituyente representa per se la prepotencia de colocarse por encima de la ley y de la Constitución, la pretensión de avasallar a todos los poderes del Estado, la insolencia de estar dispuesta a hacer lo que antes el Tribunal Supremo de Justicia ha prohibido a la Asamblea Nacional o la osadía de poder fijar unilateralmente una verdad. Cualquier ensayo serio de negociación política en el país, que quiera ser exitoso, debería dejar a la sedicente Constituyente en los márgenes del diálogo. No podría negarla de plano ni asumir explícitamente su carácter espurio, pues esta es una tesis inaceptable para el oficialismo, pero sí es aconsejable que el centro del proceso sea el que las partes acuerden, como espacio neutral, sin perjuicio de que luego cada una active sus ámbitos institucionales de influencia para implementar los compromisos que se adquieran.

Político y parcializado

Una muestra de los equívocos que se están cometiendo se encuentra en la creación de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública y en la ley “constitucional” correspondiente, dictada por la supuesta Asamblea Nacional Constituyente. Esta ley vulnera los estándares internacionales sobre las Comisiones de la Verdad, entre otras razones porque se erige como un órgano eminentemente político y parcializado que buscará fijar una verdad sobre hechos intensamente controvertidos sobre los cuales la sociedad venezolana mantendrá por mucho tiempo visiones disímiles e irreconciliables. Una genuina Comisión de la Verdad, nacida de un acuerdo plural entre sectores diversos y que reúna otras condiciones, podría contribuir a construir una comprensión compartida sobre algunos temas, así como a lograr la reconciliación, con esclarecimiento y justicia, pero una imposición del órgano plenipotenciario conducirá al más rotundo fracaso. No olvidemos que cuando de la verdad se trata, de nada vale la exhibición de poder absoluto o el despliegue de la voluntad política irrestricta de quien lo ejerce.

Por el contrario, la verdad se apoya en la moderación, en la lucha interna contra nuestras propias inclinaciones o preferencias personales, en la disposición a escuchar al otro, aun cuando su opinión se ubique en el otro extremo del arco político; en fin, la verdad se escapa entre las manos de quienes aspiran dominarla. Ahora el órgano supremo se prepara para aprobar una Ley de Amnistía, después de que el Tribunal Supremo de Justicia hubiera establecido que la Asamblea Nacional no podía dictar ninguna.

Censurados y revertidos 

Todos los excesos de poder o intentos de falsificación de la verdad que pudieran estar en la base de eventuales acuerdos políticos, a modo de chantajes, de beneficios a cambio de legitimación, serían duramente censurados por la historia y serían revertidos en un plazo seguramente corto. Con el riesgo además de que ello estimule una espiral de violencia institucionalizada, tranquila tal vez pero nunca pacífica en el sentido más profundo, que los venezolanos no merecemos. Exijamos que una eventual negociación esté a la altura de lo que la situación y el destino nacional reclaman.