Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

El 16 de agosto, un grupo militar y policial irrumpió en las instalaciones del  único retén de Puerto Ayacucho, en Amazonas. Según el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, 37 reclusos fueron sometidos, maniatados y llevado a una platabanda en la parte superior de la instalación. Allí “los fusilaron”.

Desde entonces hasta ahora, el Gobierno no ha asumido que estas personas fueron ultimadas por la acción de los cuerpos de seguridad. En Amazonas, oficialmente, solo han muerto seis individuos por lo que llaman “resistencia a la autoridad” durante todo el año. Si tomaran en cuenta este episodio, Amazonas sería en la actualidad el estado con la tasa de homicidios más elevada del país, superior a 85 por cada 100.000 habitantes.

Pensé que este detalle, indicado hace varias semanas por una fuente ministerial, podría tratarse de un error. Pero casi simultáneamente era reportado el deceso de otro grupo de personas en un nuevo enfrentamiento. Esta vez, con efectivos del Ejército en un sector del municipio El Callao, estado Bolívar. Según el Ministerio Público fueron ocho fallecidos, aunque la prensa independiente llegó a señalar que fueron once. Todos ellos de una banda liderada por alias Toto.

Pero estos muertos tampoco fueron incorporados a los partes ministeriales. Simplemente fueron invisibilizados. Lo mismo sucedió con otros seis fallecidos a manos del mismo componente militar en el municipio Ayacucho del estado Táchira. La propaganda gubernamental aseguró que se trataba de supuestos integrantes de la banda criminal colombiana Los Rastrojos. Pero esos cadáveres, si alguna vez existieron, nunca tuvieron nombres y apellidos. Mucho menos subieron a las estadísticas de violencia.

Así se han despachado por lo menos 53 muertes.

Para el Gobierno, el problema no es la violencia en sí misma, sino que la gente la vea. Que pueda ser evaluada sobre la base de indicadores levantados de manera transparente. Por el contrario, todos sus esfuerzos durante los últimos meses han sido encaminados hacia dos objetivos: 1) sacar el tema del debate público, y traerlo a colación solamente cuando pueda ser aprovechado desde el punto de vista propagandístico, y 2) evitar la conexión entre los reporteros que no están afiliados a ningún medio estatal y las víctimas o sus allegados.

Este era un viejo objetivo del oficialismo. En 2006, cuando el capitán retirado Jesse Chacón era ministro de Relaciones Interiores, se planteó por primera vez de manera abierta que el Gobierno tenía que modificar la “percepción” pública sobre la inseguridad. En la lógica oficialista, eso desde luego pasaba por impedir o regular de alguna forma el acceso a la información sobre los delitos.

Desde entonces, fueron avanzando en ese objetivo. Quizá mucha gente no lo sepa en la actualidad, pero este es uno de los propósitos de la diversificación de las morgues en Distrito Capital. A Bello Monte solo está llegando una pequeña porción de las víctimas de la violencia. Ahora, a una persona la pueden asesinar en una urbanización del este de Caracas, y su caso permanecerá en el más profundo silencio, a menos que haya una filtración desde la policía o un esfuerzo de los deudos para lograr atención.

Los grandes perdedores con todo esto no son los periodistas sino la ciudadanía en general, que progresivamente se ha visto despojada de una herramienta esencial para tomar decisiones, como es la información.

Breves

*El cálculo inicial de sobornos supuestamente pagados por la Constructora Odebrecht a funcionarios y operadores políticos venezolanos era de 98 millones de dólares. Esto colocaba a Venezuela en el segundo puesto en el ránking de receptores de coimas de la referida empresa brasileña, solo superado por el país donde la corporación nació y tiene su base central. Pero esta situación podría cambiar si se confirman los cálculos de Transparencia Venezuela. Según la directora de ese capítulo, Mercedes de Freitas, la cifra real podría ser superior a los 600 millones de dólares. Según de Freitas, Odebrecht llegó a operar como una empresa criminal, en el sentido de que incorporó a su organigrama una oficina destinada exclusivamente a manejar los pagos de sobornos a funcionarios clave en la asignación de contratos en el exterior. La Fiscal Luisa Ortega Díaz declaró que antes de su destitución por la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, ella logró sacar del país cúmulos de información relacionados con este caso. La trama Odebrecht será con seguridad uno de los expedientes a analizar por Ortega y los magistrados del Tribunal Supremo que huyeron al exterior debido a la persecución policial.

*En medio de la ceguera colectiva, inducida desde el Ejecutivo, una cadena transmitida por whatsapp ocasionó pánico entre los propietarios de inmuebles y temporadistas que acuden regularmente a las playas del municipio Páez del estado Miranda. El texto anónimo decía que hay un promedio de cinco secuestros diarios en esa zona y que prácticamente toda la población de la capital Rio Chico se ha visto empujada al delito, debido al deterioro de la situación económica. Realmente, en Rio Chico y sus alrededores los secuestros han tenido un importante incremento (+130%), de acuerdo con fuentes policiales. En los primeros nueve meses de 2016 fueron reportadas seis víctimas, mientras que este año van catorce. Esto es lo denunciado a las autoridades, lo que hace suponer que la cifra real debe ser mucho mayor, pero no tanto como para señalar la frecuencia de cinco víctimas por día. Lo curioso, según me indican, es que ninguno de los otros delitos violentos ha tenido aumentos. Esto hace suponer que en ese sector de Barlovento están operando bandas de otros lugares, que van para allá a capturar a sus víctimas. Otro municipio muy afectado por el embate de las bandas es San José de Barlovento, donde ocurrió un ataque armado a la estación de la policía judicial, precisamente, con la finalidad de liberar al líder de una banda dedicada a los secuestros.

*El deterioro de los servicios públicos tiene en el imaginario gubernamental un solo origen: los hurtos del llamado “material estratégico”. La falta de actualización tecnológica y de mantenimiento no figuran entre las causas de los altibajos en el servicio eléctrico y los apagones, las llamadas “fallas masivas” en los servicios de internet, teléfono y televisión por cable. Ciertamente, cada vez se reporta con más frecuencia la detención de personas dedicadas al hurto de cableados de todo tipo, pero estos delincuentes siempre han existido. Es decir, sus actividades no son suficientes para explicar en profundidad el acelerado deterioro de los servicios. En todo caso, el Ejecutivo –para variar- ha ordenado a la Fuerza Armada Nacional la persecución de todas aquellas personas que sean detectadas portando lo que se considere “material estratégico”. En octubre se plantea ir un poco más allá, e iniciarán procesos de fiscalización a las empresas chatarreras y a todo aquel que traslade algún tipo de material ferroso.