Los bancos Goldman Sachs de EEUU y Nomura de Japón, han hecho su agosto con el gobierno de Maduro, al negociar con descuento del 69 por ciento los bonos PDVSA 2022 a un valor nominal de 2.800 millones de $, entregándole a PDVSA 860 millones de $, por otro lado Nomura desembolsó 30 millones de dólares por los títulos con un valor de 100 millones de $. Así vemos como se hipotecan los recursos de un país, en función de esta “oferta irresistible” como calificaran firmas financieras internacionales.
En pocas palabras, el patrimonio de una nación mercantilizado a la avaricia financiera globalizadora, a cambio de otorgarle flujo de caja a una dictadura, que ha manchado sus garras con sangre joven de 86 venezolanos, 4.000 heridos, 2.000 detenidos, cientos de desaparecidos, 350 periodistas lesionados y robados sus equipos de trabajo, el cierre de miles de empresas y la pérdida de más de 2.000.000 de puestos de trabajo por la quiebra económica del sector privado.
Entre tanto planteamos a la comunidad internacional, que permanentemente menciona la tabla de Derechos Humanos que incluye: Declaración Universal de DDHH, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Carta Social Europea, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, etc. Textos firmados por los Estados del globo terráqueo, donde reconocen la preponderancia del ser humano sobre el mercado, ¿Cual es entonces su posición frente a la masacre que ocurre en Venezuela y la indiferencia ante estas operaciones dolosas que usurpan la riqueza nacional?
Ahora bien, el cuestionamiento no se detiene solo en la denuncia a la usura depredadora de la banca internacional, igual lo planteamos ante los Estados, de donde provienen las compañías petroleras que han convenido empresas mixtas con PDVSA durante la actual gestión, para la explotación petrolera nacional, con una participación accionaria que oscila entre 40% y 49% del capital de c/u de éstas.
Citamos las mencionadas empresas: STATOIL-Noruega, ENI-Italia, TOTAL-Francia, REPSOL-España, IMPEX-Japón, SHELL-Holanda-Inglaterra, PLUSPETROL-Argentina, PETROBRAS-Brasil, CHEVRON-USA, ONGC-India, provenientes de países de reconocidos sistemas democráticos.
Igualmente citamos otro lote de empresas: ROSSNEFT-Rusia, CNPC-China, PETROVIETNAM, cuyos gobiernos son de corte similar al que nos oprime y humilla en Venezuela, con quienes por cierto se ha lesionado profundamente nuestro patrimonio, al entregar la soberanía nacional en los próximos 15 años con ventas de petróleo a futuro y con el otorgamiento de préstamos al corrupto gobierno de Maduro en condiciones vergonzantes para nuestro país.
Por tanto, nos dirigimos al primer grupo de compañías provenientes de países con los que compartimos valores democráticos y de respeto a los DDHH, ya que sus operaciones son la principal fuente de recursos a una dictadura, cada día más evidenciada ante la comunidad internacional. Hoy la producción petrolera nacional depende cada día más de los convenios con las empresas mixtas, ya que PDVSA se encuentra prácticamente en la ruina e incapacitada tecnológicamente para cumplir sus cuotas de producción al mercado petrolero.
De allí el emplazamiento a la ética de sus gobiernos, a fin de exigirle a esta dictadura el respeto a las libertades democráticas, cuyas violaciones ahogan en sangre nuestro pueblo; de ser Uds. indiferentes, se hará evidente los efectos verdaderos de la doble moral de la globalización, donde prevalece primero hincar las tenazas del mercado en la yugular de los recursos materiales nacionales, y mostrarse cómplices ante la masacre que sufre la nación oprimida, como lo es la Venezuela del siglo XXI, que asumir no solo en discursos sino con acciones concretas, los convenios universales de DDHH firmados por sus Estados.
