Las relativamente buenas noticias de Venezuela, que está soportando la peor crisis política, económica y humanitaria que el hemisferio occidental ha visto en el último siglo, es que las naciones latinoamericanas finalmente están demostrando voluntad para dirigirse al presidente Nicolás Maduro por sus abusos de poder. Aún mejor, a pesar de sus declaraciones sobre el imperialismo yanqui y los insultos groseros lanzados a sus vecinos más cercanos, el régimen está demostrando un temor saludable de convertirse en un paria regional.
Pocos días después de que 14 miembros de la Organización de Estado Americanos publicara una carta dirigida al gobierno de Maduro pidiendo la restauración del poder de la Asamblea Nacional elegida, el Tribunal Supremo controlado por el régimen emitió una decisión la semana pasada despojando al parlamento de toda la autoridad que le quedaba. La reacción internacional fue inmediata: el gobierno de Maduro fue denunciado por países a lo largo del hemisferio, y Colombia, Chile y Perú retiró a sus embajadores de Caracas. Veinte miembros de la OEA pidieron el lunes una reunión de emergencia del Consejo Permanente, que aprobó una resolución pidiendo «medidas que permitan el regreso del orden democrático» en Venezuela.
La presión tuvo un efecto claro. Se abrieron fisuras en el régimen: la Fiscal General tuvo una rueda de prensa para llamar a la sentencia «una ruptura del orden constitucional». De acuerdo al Wall Street Journal, Maduro estuvo bajo la presión del jefe de las Fuerzas Armadas. Finalmente, el presidente se vio obligado a celebrar una reunión a medianoche del Consejo de Seguridad Nacional, después de lo cual pidió al Tribunal que revisara su decisión. El sábado el TSJ cumplió, a costa de demostrar más claramente que nunca que no forma parte de un poder judicial independiente, sino que simplemente es un instrumento del régimen autoritario fundado por Hugo Chávez.
En realidad, la sentencia original no cambió mucho. El TSJ ya había anulado todas las decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional desde que la oposición ganó dos tercios de sus escaños a finales de 2015. Maduro ha estado gobernando por decretos. El principal impulso de la última decisión no fue el golpe de gracia de la Asamblea Nacional, sino una decisión relacionada a ello que autorizó al Presidente a firmar acuerdos petroleros con inversionistas extranjeros sin revisión. Maduro está desesperadamente buscando un rescate antes de que deba hacer un grande pago de deuda que debe este mes, y esa porción de la sentencia judicial no se revirtió.
Sin embargo, es alentador que los vecinos de Venezuela se acerquen a defender su moribunda democracia. Los miembros de la OEA, incluido Venezuela, son signatarios de un tratado de 2001 que los compromete al gobierno constitucional, la libertad de expresión y las elecciones regulares; la Carta Democrática Interamericana pide acciones colectivas cuando se violan esas normas. Sin embargo, mientras Almagro ha pedido acciones contra el gobierno de Maduro por más de un año, la mayoría de los gobiernos –incluido el de Estados Unidos– han preferido esconderse detrás de los insospechados llamados a un «diálogo» entre el régimen y su oposición.
El Departamento de Estado reiteró esa convocatoria de diálogo la semana pasada y descartó la posibilidad de actuar en el corto plazo para suspender la adhesión de Venezuela a la OEA, como propugna el Sr. Almagro. Más tarde ese mismo día llegó el golpe de Caracas contra la Asamblea Nacional. Lo que siguió debería ser una lección para el gobierno de Trump: Sólo una presión externa concertada, no más diálogo vacio, puede rescatar a Venezuela.
