La actuación de grupos militares en el campo de la seguridad ciudadana se ha convertido en un grave problema para la ciudadanía y parece, por su proceder, que los funcionarios que en ella intervienen se sienten con licencia para matar, los procedimientos bien sea dentro de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) o de otros derivados de esta se han transformado en un exterminio a una parte de la población, especialmente los más pobres, los excluidos, los ninguneados, como dice Galeano.
Las OLP nacen en julio del 2015 como un nuevo plan contra el crimen y la inseguridad, pero no se conoce ningún documento oficial y público que detalle su metodología ni sus metas, actúa con procedimientos altamente represivos y totalmente fuera de la normativa existente en materia de derechos humanos, atacan a la población y en muchos casos le causan daños irreparables.
El proceder de los excesos cometidos por los cuerpos militares ejerciendo funciones de seguridad ciudadana lo acabamos de palpar con los recientes hechos ocurridos en la población de Cariaco en el estado Sucre y en Barlovento en el estado Miranda donde más de 20 personas resultaron asesinadas presuntamente de la mano de funcionarios militares.
La actuación indiscriminada e irrespeto a los derechos humanos por parte de estos grupos militares ha sido denunciado desde sus inicios por reconocidas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como Provea, Cofavic y el Observatorio Venezolano de Violencia, sin haber obtenido respuesta efectiva por parte de las autoridades.
La fiscal general de la República al fin se ha pronunciado sobre estos procedimientos y manifestó que “se debe revisar la forma como se está llevando a cabo la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) y exhortó a que se realicen los procedimientos en función de garantizar los derechos humanos”. Igualmente el defensor del pueblo ha hecho algunos pronunciamientos al respecto pero aún sin hablar alto y claro como se lo exigieron sus colegas del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (GANHRI) quienes recientemente degradaron de categoría el organismo que dirige.
En un reciente trabajo realizado por las organizaciones Provea y Human Rights Watch llamado Poder sin Límites se refiere a la actuación de estas fuerzas de seguridad en estos operativos y establece: “El elevado número de personas que murieron a manos de las fuerzas de seguridad, por sí solo, genera dudas sobre si el uso de la fuerza letal por las fuerzas de seguridad estaba justificado, y en qué medida lo estaba. Las autoridades públicas se han referido a muchas de estas muertes como el resultado de enfrentamientos entre delincuentes y policías, y de hecho, teniendo en cuenta los altos índices de delincuencia en el país, es probable que algunas de las muertes provocadas por miembros de las fuerzas de seguridad hayan sido producto del uso legítimo de la fuerza. No obstante, la marcada disparidad entre el número de personas cuya muerte fue provocada por miembros de las fuerzas de seguridad y la cantidad de personal de seguridad que resultó herido o que murió en redadas de la OLP sugiere que el uso ilegítimo de la fuerza letal podría ser muy superior a la cantidad de casos analizados por Provea y Human Rights Watch. Aunque el gobierno no ha divulgado cifras totales sobre la cantidad de integrantes de las fuerzas de seguridad que murieron o resultaron heridos, Provea y Human Rights Watch, tras consultar documentos oficiales y distintas fuentes en medios de comunicación, identificaron 3 casos en los cuales se informó que habían muerto agentes de seguridad y 14 en los cuales estos habrían resultado heridos durante operativos de la OLP. (Decenas de policías fueron asesinados en Venezuela en 2015, aunque la mayoría se encontraban fuera de servicio cuando esto ocurrió, según fuentes oficiales)”.
Igualmente, Cofavic en un comunicado reciente dice: “El Estado venezolano es responsable por los sufrimientos físicos, mentales y morales padecidos por las presuntas víctimas, los sobrevivientes y sus familiares, así como por la falta de investigación y por todos los daños ulteriores que se deriven de estos lamentables acontecimientos, si los mismos no se investigan de manera imparcial, efectiva y conclusiva. Es un principio del derecho internacional que el Estado responde por los actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia. El Estado tiene la obligación intransferible de atender la seguridad ciudadana sin sacrificar los derechos humanos”.
Es necesario una actuación responsable de los que actúan en estos operativos adecuándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos e igualmente es urgente la actuación de los organismos del Estado en sancionar las violaciones de derechos humanos cometidas en estos operativos, no se les puede dar a los cuerpos de seguridad una licencia para matar.
Por último quiero invitarlos a un foro que se efectuara el próximo 7 de diciembre en el auditorio del diario El Nacional en Los Cortijos y donde estaremos discutiendo junto a Angélica Lugo, Luisa Torrealba y Elisio Guzmán sobre “Centros de detención preventiva. ¿Sistema penitenciario paralelo? Es de 9:00 a 11:30 am, entrada libre, los esperamos.
@cnietopalma
El Nacional
