Los asuntos públicos están a cargo de una rosca. Centenares de organismos están dedicados a cuanta tarea se pueda imaginar y la Constitución de 1999 alude a cuatro poderes en vez de los clásicos legislativo, judicial y ejecutivo, pero es una gran mentira. Todo depende de un clan.
Aquí no se cumple aquello del gobierno del pueblo y para el pueblo. Un grupete de vivos mantiene control absoluto de la economía y de la política.
Diecisiete estados viven de la actividad agropecuaria pero la dirigencia campesina, los productores y los industriales del agro, son ignorados a la hora de tomar decisiones. e Numerosas comunidades universitarias están ancladas a lo largo y ancho del territorio nacional. En ellas se estudia nuestra realidad y se forman centenares de miles de jóvenes. Tampoco esos rectores, profesores y estudiantes tienen influencia alguna en la conducción del país.
Los empresarios, verdaderos sobrevivientes, generan y distribuyen los pocos bienes que todavía circulan, pagan la nómina, son los responsables de récords de recaudación de impuestos de los que el SENIAT se jacta, pero son tratados como delincuentes y viven perseguidos por el gobierno, con el agravante de que a los partidos políticos les da vergüenza defenderlos, no vayan a llamarlos derechistas.
Desde hace dieciséis años miles de trabajadores desconocen lo que es un contrato colectivo y no hay quien le gane un juicio laboral a organismo público alguno. Mucho menos a las empresas rusas, chinas, brasileñas e iraníes que comparten los contratos de obras públicas y otras operaciones financieras. Las Inspectorías del Trabajo son una burla y la dirigencia sindical es atropellada.
Radioemisoras y estaciones de televisión salen del aire a cada rato, al igual que decenas de periódicos han bajado las santamarías. Priva la autocensura. La libre expresión vive bajo amenaza y ninguna atención se presta a los reclamos de los periodistas.
Dirigentes locales y regionales, quienes forman las bases de los partidos políticos democráticos, son el motor de la movilización popular. Para nada son consultados. Sólo son instruidos sobre las líneas políticas que desde arriba se imponen.
A esos productores agropecuarios, dirigentes campesinos, líderes del profesorado, periodistas, capitanes de empresas, dirigentes sindicales, gremiales y políticos regionales, les han vedado defender sus intereses. Están obligados a inclinarse ante los cogollos, embudos del sistema.
En esta hora, cuando se inicia el debate para elegir una nueva Asamblea Nacional, sus nombres no forman parte del llamado consenso, reservado para una élite que se reparte la “representación nacional” en una mesa.
Urge romper ese monopolio político. Por eso hemos llamado a celebrar consultas a los ciudadanos. Que de las necesidades y voluntad de las comunidades salgan los postulados a una Asamblea Nacional que tendrá como reto prioritario revertir leyes que asfixian la economía y acabar con la impunidad que sirve de soporte a violaciones a los Derechos Humanos.
Las consultas a los ciudadanos no son accesorias en la lucha contra el autoritarismo. Son fundamentales. No es un capricho fastidioso de unos descontentos ni una presión para recibir migajas. Es darle el derecho de palabra y el protagonismo al pueblo indefenso.
No se trata de torpedear a nadie ni de montar otra mesa para desde allí hacer otro tipo de reparto. Se trata de involucrar a cada venezolano, de convertirlo en protagonista de la acción política, de incentivarlo para que rompa la apatía que hoy se refleja en una mayoritaria franja de indecisos y de renuentes a apoyar lo que emana de los dos cogollos que se esmeran en polarizar.
Se trata de quitarle poder a quienes hoy abusan de él. No se debe desperdiciar esta oportunidad de derrotar a los arbitrarios que hoy desgobiernan, a quienes les beneficiaría la gigantesca abstención producida por unos candidatos que no residen en los circuitos por los que son postulados y que son impuestos a juro.
@claudioefermin
