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Los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT) y el Movimiento por Venezuela (MPV) siguen sin poder adherirse a la candidatura del diplomático Edmundo González Urrutia.

Mediante un video que publicó la Plataforma Unitaria Democrática, el secretario de la organización, Omar Barboza, informó que a las 10:15 de la mañana de este martes, 23 de abril, los miembros de la coalición se reunieron con representantes de UNT y MPV, donde recibieron información de los «intentos infructuosos que han hecho hasta ahora para adherirse a la tarjeta de la MUD en apoyo a Edmundo González»

«Esperamos que ese planteamiento, que se hace conforme a la ley y el derecho que lo ampara, sea recibido prontamente por el CNE, cumpliendo con su deber constitucional, que es la participación del pueblo en el proceso electoral», señaló Barboza en sus declaraciones.

En ese sentido, advirtió del riesgo a que se pueda impedir el derecho al voto «a través de maniobras que no son cónsonas con un proceso electoral que tengan un mínimo de credibilidad».

Barboza también transmitió la «seguridad» de que han cumplido y lo seguirán haciendo para «representar a todos los venezolanos que quieren votar y quieren elegir».

«Hacemos un llamado al CNE y a todas las instituciones del Estado a que permitan que el pueblo venezolano ejerza su derecho a votar y a elegir libremente», señaló Omar Barboza.

Finalmente, el secretario de la Plataforma Unitaria aclaró que estas no son acciones en contra de algún partido político o de alguna persona. «Son en contra del derecho que el pueblo tiene a elegir efectivamente a quienes quieren elegir».

Desde el domingo, 21 de abril, representantes de UNT y MPV han intentado hacer la adhesión a la candidatura de González Urrutia a través del sistema automatizado del CNE. Ante la imposibilidad de acceder, acudieron al CNE el lunes 22, pero no hubo resultados positivos.

A casi 12h del cierre del lapso de sustituciones desde la Plataforma Unitaria alertamos al país y a la comunidad internacional que continúa la imposibilidad por parte de @partidoUNT y @MPV_Nacional de formalizar la adhesión en favor del candidato unitario Edmundo González Urrutia… pic.twitter.com/lR3yLVlMjC

— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) April 23, 2024

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Jorge Márquez fue designado este lunes, 22 de abril, como ministro de Energía Eléctrica y viceministro para los servicios públicos, en sustitución de Néstor Reverol.

Márquez es militar egresado de la Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional (Efofac) en el año 1994. Según reseña Poderopedia, en el 2015 fue ascendido de teniente a coronel en la categoría Efectivo de Comando de la Guardia Nacional.

Jorge Eliecer Márquez es de bajo perfil. En sus redes sociales no postea información sobre su trabajo y tampoco de su vida personal. Según X, su cuenta está suspendida por incumplimiento de las normas. En Instagram, solo tiene un post publicado y es una fotografía de la sede de Conatel.

Un abanico de cargos 

Jorge Márquez se ha paseado por múltiples cargos de alto nivel dentro de la administración de Nicolás Maduro, desempeñándose como ministro del Despacho de la Presidencia desde el 3 de noviembre de 2017.

Es un hombre de su absoluta confianza. Según reseña un perfil del militar publicado en la web de Venezolana de Televisión, Márquez «fue edecán de Maduro, con quien ha trabajado desde que era canciller de la República Bolivariana de Venezuela».

Su paso por el ente regulador de las telecomunicaciones es polémico. Poderopedia señala que Márquez es el artífice de los procedimientos administrativos en contra de canales televisivos y cierres de emisoras de radio en el país . Según cifras de la ONG Espacio Público, 81 emisoras han sido cerradas en 2022, 12 en 2023 y siete  durante los dos primeros meses de 2024.

El 4 de diciembre de 2017,  según Gaceta Oficial Nº 41.292, a Jorge Eliecer Márquez lo designaron Ddrector general del «Fondo Negro Primero», un fondo de inversión que tiene como objetivo ser el receptor del tres por ciento (3%) por concepto de aportes en dinero correspondientes al Compromiso de Responsabilidad Social que efectúe todo aquel que contrate con los Órganos y Entes del Poder Público. 

Un año después, a Márquez lo nombran Presidente de la Fundación Radio Miraflores, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, con el objetivo de “desarrollar actividades relacionadas con las radiocomunicaciones que contribuyan al desarrollo del modelo comunicacional del Estado”.

En el 2020,  el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo nombró como el nuevo «director Ad-Hoc» de Directv Venezuela y le ordenó a Conatel tomar posesión de los bienes inmuebles, oficinas comerciales, centro de operaciones y transmisiones, antenas y demás equipos. La decisión se produjo luego de que la empresa internacional AT&T, dueña de Directv en Venezuela anunciara el cese de sus operaciones en el país.

Según información del medio La Prensa de Lara, Jorge Márquez es el responsable de sacar del aire a Noticias RCN y Noticias Caracol de los servicios de televisión por suscripción en el país. Cabe recordar que ambos canales salieron de las parrillas de los canales de televisión por suscripción por la cobertura que ambos le dieron a Luisa Ortega Díaz cuando se refugió en Colombia.

Cuatro años después, el 07 de julio de 2023, recibe el nombramiento como Presidente de la Fundación Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar y de su consejo directivo.

No escapó de las sanciones 

A pesar de que Márquez no es un personaje mediático, no pudo evadir las sanciones que han impuesto países de la región por su presunta implicación en la violación de derechos humanos en Venezuela. 

Panamá fue el primer país en anunciar sanciones contra Márquez y lo acusó de presunto blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo en el 2018. 

En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la lista de sancionados por participar en «fraudes electorales» en Venezuela.

En junio de 2020 lo sancionó la Unión Europea. Las sanciones implican prohibición de viajar a los países de la UE, y congelación de cuentas y bienes. El mismo año, Suiza anunció sanciones en su contra por su presunta implicación en la violación de derechos humanos y los principios democráticos.

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La organización Transparencia Electoral estima que apenas un 14% de los venezolanos que debían inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Electoral (RE) pudo hacerlo debido a distintas trabas y obstáculos impuestos desde el ente comicial. 

Mediante un reporte, la ONG indicó que este proceso debían realizarlo unas 10 millones de personas dentro y fuera del país, pero hubo falta de tiempo y los electores enfrentaron diversos problemas.

Tras finalizar el proceso, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció que se inscribieron un total de 604.964 nuevos electores ante la entidad, mientras que 847.999 había cambiado su lugar de residencia.

De acuerdo con los cálculos de Transparencia Electoral, esa cifra representa apenas un 14% del total de venezolanos que podría haberse inscrito o actualizado sus datos en el RE.

Asimismo, en Colombia, donde reside un 40% de la diáspora venezolana (cerca de 3 millones de personas), reportaron días antes del cierre del proceso que no se habían inscrito ni siquiera 100 electores.

A pesar de varios principios que establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), «durante el proceso se reportaron numerosas violaciones al procedimiento establecido».

Opacidad institucional

A pesar del carácter público nominal del proceso, el Registro Electoral tuvo lugar en un contexto de profunda opacidad institucional, según el reporte de Transparencia Electoral.

«Probablemente la violación más abierta y que más ha afectado el derecho a la participación política fue la del carácter continuo exigido por la ley», señaló Transparencia Electoral en el texto.

Por otra parte, recordaron que el CNE mantuvo paralizado el RE en el exterior durante seis años para que los potenciales electores se inscribieran o actualizaran sus datos en los consulados habilitados.

A lo anterior se suma a las dificultades y restricciones que se presentaron durante el proceso mismo. Esto dejó afuera del Registro a millones de potenciales electores.

Por si esto fuera poco, el Registro Electoral de votantes en el exterior se inició tardíamente en varios países, a pesar del mandato formal de darle apertura el 18 de marzo.

De acuerdo a los grupos de venezolanos organizados en los distintos países, el operativo comenzó el 1 de abril. Además, tampoco se cumplió el mandato de días continuos, «lo que dejó un período extremadamente ajustado para la inscripción de millones de potenciales votantes».

*Puede leer el reporte completo aquí

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Sigilosa, recatada, de un día para otro y sin mucho anuncio se produjo este lunes la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan a Venezuela, quien llegó al país para el lanzamiento de «un plan de trabajo» conjunto con el Gobierno de Nicolás Maduro. 

Su primera escala fue el Palacio de Miraflores, donde un Maduro con liquiliqui negro lo recibió. El canal de propaganda del chavismo, Venezolana de Televisión, no transmitió en vivo ni la visita de Khan a Miraflores, ni su reunión con la vicepresidenta Delcy Rodríguez ni la comparecencia en la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, donde compartió con el presidente del Parlamento y el fiscal designado por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.   

“Mi trabajo no es ser popular y estoy seguro de que no lo seré. Mi trabajo es aplicar la ley. Ha quedado claro que tengo jurisdicción para continuar la investigación”, dijo Khan.

El fiscal de la CPI confirmó la apertura de una oficina de asistencia técnica en Caracas.

El gobierno madurista es objeto de una investigación desde noviembre de 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad.

“Quieren hacer ver al país como Estado fallido porque agarran casos puntuales para señalarnos”, sostuvo William Saab.

La investigación de la CPI quedó paralizada luego que el Estado venezolano se comprometió a investigar supuestos crímenes cometidos durante las protestas de 2017, cuestión que no ha hecho.

En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para retomar la investigación, al desestimar los argumentos presentados por el Gobierno venezolano para que no continuaran las pesquisas por parte del alto tribunal.

En 2023, rechazó una apelación del Gobierno venezolano, que alegó que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado no investiga. 

Organizaciones como Vente Venezuela y otras vinculadas a las derechos humanos enviaron mensajes al funcionario, quien no dijo si en su agenda está previsto reunirse con representantes de ONG y víctimas de la represión.

“El Fiscal de la Corte Penal Internacional  Karim Khan  está en nuestro país. Es oportuno recordar que tenemos seis jefes de Vente Venezuela secuestrados por el régimen y seis compañeros refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas”, escribió Vente Venezuela en su cuenta en X. 

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El abogado penalista David Camacho Tremont reveló que las víctimas de «sextorsión» prefieren callar antes que denunciar por temor a ser señaladas o ridiculizadas.

La «sextorsión» es un delito que no está tipificado como tal y que, sin embargo, suele ser más común de lo que se imagina la gente, de acuerdo con un reportaje de la Red Constructoras de Paz, iniciativa del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).

Entre los ejemplos de este delito, Camacho Tremond cita el caso de una joven que decidió vender su celular a un joven y, quizás por descuido o desconocimiento, no borró toda la información que tenía en su equipo. El joven receptor logró acceder a los datos y comenzó a extorsionarla con mostrar fotos de su cuerpo si no le pagaba 200 dólares.

El abogado explicó que este delito como tal no existe y que las autoridades en la materia hablan del delito de extorsión previsto en la Ley contra la Extorsión y el Secuestro, ley publicada en Gaceta Oficial el 5 de junio de 2009. Esta ley tiene por objeto prevenir tipificar y sancionar los delitos de secuestro y extorsión y garantizar la protección de la integridad física de las víctimas y sus bienes.

“Pero existen extorsionadores que por motivos sexuales, bien sea para difamar la divulgación de fotos de desnudez entre hombres o mujeres, de mujeres a hombres, hombres a mujeres, presionan a cambio de dinero para no publicar esas imágenes”, señaló Camacho Tremont.

Sexortsión desde el poder

Más allá de los casos citados antes y de la falta de legislación, hay otro enfoque que resalta a la hora de hablar de «sextorsión» y es la variación que se da a través de las definiciones.

Por ejemplo, en Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) describe este como “un delito que ocurre en línea cuando un adulto convence a una persona menor de 18 años para que comparta fotografías sexuales o realice actos sexuales en una cámara web”.

En una investigación publicada el pasado año por Transparencia Venezuela (TV), Sextorsión y la necesidad de su tipificación en Venezuela, muestra incluso esta forma de extorsión desde el poder: aquella que ocurre cuando quienes investidos con poder lo usan para explotar sexualmente a otros que están sujetos a él.

“Esta modalidad de conducta no está adecuadamente definida en la legislación Venezolana ni en la de varios países de la región, por conjugar la corrupción propia con un abuso de poder con la finalidad de obtener un acto sexual a cambio de beneficios”, dice el informe de TV.

Puede leer el reportaje completo aquí

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Un día movido este lunes en el  Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los primeros en aparecer en la escena previa a que se venza el plazo para hacer las sustituciones a candidatos presidenciales de cara a los comicios del 28 de julio fueron los representantes de Un Nuevo Tiempo (UNT), quienes alegaron que desde el fin de semana intentan reemplazar la postulación del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, por la del diplomático de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia.  

Desde tempranas horas de la mañana de este lunes Ángelo Palmeri y Diana Rodríguez, representantes de UNT ante el CNE, comparecieron personalmente en la sede comicial y denunciaron que ni siquiera fueron atendidos.

Desde las 8:30am se encuentran en la recepción del CNE nuestros representantes Angelo Palmeri y Diana Rodríguez. Quienes están ahí para entregar 2 comunicaciones: La primera para dejar constancia de la imposibilidad de acceso al SAP y la segunda consignando vía administrativa la… pic.twitter.com/4vHtdWHNBj

— Un Nuevo Tiempo (@partidoUNT) April 22, 2024

“Desde el día de ayer (domingo), estamos intentando por el sistema automatizado de postulaciones hacer la adhesión de UNT a la (tarjeta) Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que encabeza el candidato, González Urrutia. Seguimos insistiendo entonces en hacer el trámite y exigimos nuestro derecho, como organización política”, dijo Palmeri.

A la par, González Urrutia, quien todavía no ha comparecido personalmente ante los medios de comunicación volvió a hacer uso de las redes sociales y escribió: “Inicia una semana desafiante y determinante para nuestro país. Agradezco a todos los miembros de la Plataforma Unitaria por el respaldo firme y valiente, y sobre todo a cada venezolano que confía y que desde ya está listo para el cambio”.   

Inicia una semana desafiante y determinante para nuestro país.

Agradezco a todos los miembros de la Plataforma Unitaria (@unidadvenezuela) por el respaldo firme y valiente, y sobre todo a cada venezolano que confía y que desde ya está listo para el cambio.

A trabajar unidos!

— Edmundo González (@EdmundoGU) April 22, 2024

Primero Justicia para Brito 

Después de días de inactividad, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino por segunda vez en menos de cuatro años, al partido Primero Justicia.

La Sala Constitucional del máximo tribunal ordenó el nombramiento de una junta directiva ad hoc presidida por el candidato José Brito, a quien autorizó para el uso de la tarjeta y los símbolos del PJ en el proceso electoral del 28J.

A mediados de marzo, Brito pidió al TSJ aclarar el «limbo» jurídico en el que considera se encontraba PJ. En junio de 2020, el tribunal intervino el partido y lo nombró líder de una junta directiva ad hoc.

«Se ordena al Consejo Nacional Electoral, de manera provisoria, abstenerse de aceptar cualquier postulación para procesos electorales que no sea acordada, conforme a los procedimientos de rigor, por la junta directiva ad hoc», reza la sentencia. 

“Esa sentencia ratifica la ausencia de Estado de derecho, la ausencia de separación de poderes en nuestro país y ratifica el miedo terrible que tiene Nicolás Maduro de las elecciones del 28 de julio de este año”, dijo la presidenta de PJ, María Beatriz Martínez.

Primero Justicia es más que una tarjeta. Es una familia que está en toda Venezuela y que se mantendrá firme en su compromiso de trabajar junto a la Unidad para lograr el cambio que el país necesita. #YoSoyPrimeroJusticia https://t.co/QfPqIPZiEw

— Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) April 22, 2024

Por su parte, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles Radonski calificó la decisión como una «aberración».

«Forzar una reestructuración vía sentencia es una aberración más del poder, que no solo viola derechos políticos, sino que busca confundir a los venezolanos en las próximas elecciones y tapar el rechazo que tiene Maduro dentro de su propio partido y en todo el país», sentenció en su cuenta de X el exgobernador.

Vuelven a usar al TSJ como brazo ejecutor de ilegalizaciones, esta vez en una arremetida en contra de nuestro partido @pr1merojusticia, además, durante la visita del fiscal Karim Khan al país.

Forzar una reestructuración vía sentencia es una aberración más del poder, que no… pic.twitter.com/xl4f1NzpOF

— Henrique Capriles R. (@hcapriles) April 22, 2024

Capriles añadió que lejos de desmotivar, este tipo de acciones impulsan a la gente a salir a votar para salir de Maduro y su gobierno.

«Que esta última acción de Maduro, más que desmotivarnos, nos impulse a redoblar la fuerza para ganar con millones de votos el 28 de julio», subrayó.

Alvarado y Ratti declinaron por Martínez

Tanto Juan Carlos Alvarado, de la fracción de Copei intervenida  por el TSJ como Luis Ratti, del partido Derecha Democrática, declinaron sus respectivas candidaturas a favor de Luis Eduardo Martínez, abanderado de la Acción Democrática (AD) judicializada.

“El país reclama la unificación de los liderazgos para fortalecer las instituciones. Hoy más allá de una alianza se inicia el proceso de una alternativa histórica que ya marcó a Venezuela en el desarrollo fundamental”, dijo Alvarado.

“Somos la única alternativa de cambio en paz en Venezuela. Sumándose Copei avanzamos en la construcción del mayor y más poderoso frente opositor que concurrirá a las elecciones”, sentenció Martínez, quien adelantó que en las próximas horas se sumarán otras alianzas.

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La ONG Espacio Público denunció que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) amenazó y hostigó a un estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV) a que borrara la fotografía que había tomado en la cola del Consejo Nacional Electoral, en Caracas, el pasado 16 de abril. 

El estudiante Franco Gil relató a la ONG que el hecho ocurrió mientras hacía­ una fila en la sede del CNE de Plaza Venezuela con un grupo de estudiantes universitarios que iban a inscribirse en el registro electoral.

“Yo estoy haciendo la cola y tomo una foto de la cola para pasársela a un amigo que me estaba preguntando si estaba corta o larga. En lo que la tomo, un funcionario del CICPC se me acerca y me dice que no puedo tomar fotos de ningún tipo”, dijo el estudiante.

El funcionario le exigió -sin argumento legal alguno- que borrara el material o, de lo contrario, “se iba a meter en serios problemas con ellos (el CICPC)”. Gil le preguntó si había alguna razón o ley específica que le impidiera tomar fotos y el sujeto solo le dijo que eran “órdenes de arriba”.

“Prácticamente, me hizo meterme en la galería del teléfono para verificar que estuviera eliminada”, dijo. El estudiante de la UCV agregó que la foto tomada “realmente no comprometía” y que no era algo que pudiera considerarse “polémico”.

Violación a expresarse libremente

La amenaza y el hostigamiento en contra del estudiante Franco Gil viola su derecho a expresarse libremente y busca sentar precedente para evitar críticas o divulgaciones por parte de la ciudadanía que puedan ser contrarias al discurso oficial, señaló Espacio Público. 

«Las y los ciudadanos tienen pleno derecho a registrar con sus propios medios situaciones de interés público, principalmente aquellas que puedan relacionarse con órganos y funcionarios del Estado, dado que abona al debate público y la contraloría social», finalizó la ONG.

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Este lunes, 22 de abril, la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) del Distrito Capital se pronunció mediante un comunicado por el caso de Carlos Julio Rojas y aseguró que el comunicador social “Es periodista y activista, no terrorista”. 

A través de su cuenta en X, antes Twitter, el CNP expresó todo su apoyo a Rojas, quien además es secretario general adjunto de la organización. 

«En el CNP-Distrito Capital creemos en la inocencia del colega periodista Carlos Julio Rojas, y rechazamos que se le atribuya estar implicado en supuestos planes magnicidas y desestabilizadores, y de falsos señalamientos de ataques al Metro, empresas básicas y de electricidad», se lee en el comunicado.

#22Abr Creemos en la inocencia de @CarlosJRojas13 ,su detención implica el agravamiento de acciones represivas contra integrantes de organizaciones de #DDHH ,comunicadores y dirigentes políticos .Carlos es periodista,activista social y no un terrorista. #LiberenACarlosJulioRojas pic.twitter.com/OKvL5L1Jgh

— CNP Caracas (@CNPCaracas) April 22, 2024

Carlos Julio Rojas fue detenido el pasado lunes 15 de abril, en las inmediaciones de su residencia, por sujetos encapuchados que lo introdujeron en una camioneta sin placas, presuntamente de un cuerpo de seguridad del Estado. Al día siguiente fue presentado esposado en la sede del Sebin. Según Tarek William Saab, es acusado de estar presuntamente incurso en graves delitos.

El CNP señaló que a Rojas se le incrimina por la confesión de dos testigos detenidos el 25 de marzo, en donde aseguran que el periodista está involucrado en un plan magnicida cuando el candidato presidencial del PSUV, Nicolás Maduro, acudía al CNE para hacer su postulación. Supuestamente, Rojas le suministraría armas y alta suma de dinero para su ejecución.

Argumentos cuestionables  

El Colegio Nacional de Periodistas expresó que resulta inexplicable que después de la detención de sus supuestos cómplices, noticia ampliamente divulgada por los medios públicos y privados, Rojas permaneciera veinte días después haciendo su vida normal y sin ausentarse nunca de su residencia, cercana a la esquina de Alcabala, donde fue abordado por sus captores.

«Alguien verdaderamente implicado en tan graves delitos no hubiera vacilado en darse a la fuga, mucho más cuando supuestamente tenía preparado un plan de evasión del país para sus cómplices», señaló el CNP.

El CNP indicó que Rojas es bien conocido por su activismo ciudadano en reclamo de la eficiencia de los servicios públicos, en la parroquia Candelaria donde reside, así como por oponerse a las frecuentes invasiones en esa zona y otros sectores del norte de Caracas.

La organización recordó que en septiembre de 2023 el abogado Joel García, denunció que cuando detuvieron a John Álvarez, estudiante de la UCV, le obligaron a realizar unos videos incriminando a Rojas como autor de un supuesto plan para colocar explosivos en la autopista Valle Coche.

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