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Por unanimidad, Edmundo González Urrutia es el candidato a las presidenciales de la oposición

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ratificó este viernes, por unanimidad, a Edmundo González Urrutia como su candidato a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, en sustitución de María Corina Machado, quien está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular.

«Venezuela y a los demócratas del mundo, quiero darles una muy buena noticia al pueblo de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática por unanimidad acaba de aprobar la candidatura del embajador Edmundo González Urrutia como el candidato de unidad, apoyado por todos los factores», señaló el secretario ejecutivo de la PUD, Omar Barboza, en declaraciones a los medios.

González Urrutia había sido postulado por la PUD como un candidato provisional, luego de denunciar la imposibilidad de inscribir a la historiadora Corina Yoris, quien fue nombrada como la sustituta de Machado.

Ante esta decisión de la PUD, Barboza anunció que el gobernador del estado Zulia (oeste), Manuel Rosales, declinará su postulación por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), que forma parte de la alianza mayoritaria, para apoyar a González Urrutia.

«Queremos hacer un reconocimiento al gobernador Rosales, un hombre que cumple con su palabra, que luego de oír la exposición de todos los miembros de la Plataforma decidió declinar su candidatura para sumarse a la de Edmundo González Urrutia», señaló.

Por lo tanto, prosiguió, el partido liderado por Rosales modificará la postulación para apoyar al exembajador, cuyo plazo vente este sábado.

El pasado 26 de marzo, la PUD inscribió a González Urrutia como su candidato provisional ante la «clara imposibilidad» de postular a Corina Yoris, la elegida de María Corina Machado por estar inhabilitada.

La coalición explicó entonces que tomó esta decisión con el fin de mantenerse «dentro de la ruta electoral» y «seguir luchando» para «garantizar la inscripción» de la «candidatura elegida por los factores democráticos».

¿Quién es Edmundo González Urrutia?

Según reportó el portal web El Pitazo, Edmundo González se graduó en la Universidad Central de Venezuela (UCV) como internacionalista y tiene un magíster en relaciones internacionales por la American University ubicada en Washington, Estados Unidos, en 1981. 

González es un diplomático de carrera y ha ocupado cargos como la dirección general de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) durante cuatro años, entre 1994 y 1998. También dirigió el comité Análisis y Planificación Estratégica dentro del organismo. 

Entre 1998 y el año 2002 fue embajador de Venezuela en Argentina y previamente, entre 1991 y 1993, ocupó el cargo de embajador de Venezuela en Argelia. Además, es miembro del Consejo Editorial Internacional del diario El Nacional.

*Con información de Efe 

Fundehullan exige justicia por la muerte del exconcejal Carlos Andrés García en Apure

2406 días han pasado desde la muerte de Carlos Andrés García, exconcejal de Guasdualito estado Apure y hasta la fecha no se ha hecho justicia.

García fue señalado por parte del Estado venezolano como uno de los presuntos promotores de las protestas del 2016, en Guasdualito. Desde el momento de la detención, los familiares se comunicaron con la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), para que brindara acompañamiento jurídico, en este sentido el abogado Roland García a través de la organización realizó los trámites necesarios y relató que el exconcejal se encontraba en buen estado de salud, pese a que tenía lesiones físicas.

De acuerdo a lo relatado por Yhorlenys Aular, familiar de García, este sufrió tratos crueles e inhumanos, negándole acceso a la familia, ni de los abogados defensores. Los cargos que se le imputaron fueron hurto calificado, instigación pública e incendio en grado de coautor.

Carlos Andrés García fue detenido en diciembre de 2016 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Durante su reclusión, su condición médica se fue deteriorando, desde e hipertensión arterial, desnutrición, estrés post traumático y una infección de toxoplasmosis, así como un ACV que complico aún más la situación.

Carlos García recibió el beneficio de casa por cárcel el 14 de septiembre de 2017 y fue trasladado al Hospital Central de San Cristóbal del estado Táchira donde falleció dos días después.

Fundehullan insta al Estado a abrir una investigación independiente e imparcial que permita esclarecer la muerte del exconcejal García.

Médicos Sin Fronteras denuncia aumento de violencia sexual, extorsiones y secuestros contra migrantes

La ONG Médicos Sin Fronteras denunció un aumento de la violencia sexual, extorsiones y secuestros contra migrantes en su recorrido por Centroamérica y México.

Según la organización, al presentar su informe anual, se da violencia sexual mayoritariamente en la selva del Darién y violencia física o secuestros en el noreste de México, en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas.

“Nos preocupa enormemente la normalización de las situaciones de violencia extrema, como la extorsión, el secuestro y la violencia sexual que afectan directamente la salud física y mental de esta población”, agregó la ONG. 

Según MSF, hay un deterioro en la situación de seguridad en muchos puntos de la ruta pero, además, el aumento de la incertidumbre debido a los cambios en las normas migratorias y la falta de información clara multiplicó la vulnerabilidad de los migrantes y, por ende la violencia, algo que se dejó notar en los últimos mese de 2023 en Tamaulipas.

En esa frontera noreste de México, MSF atendió a 775 víctimas de violencia. El 22 % de ellas niñas, niños y adolescentes. Una de cada cuatro consultas de salud mental en Matamoros y Reynosa fueron por secuestro.

MSF subrayó que el incremento de movilizaciones de extranjeros no debería implicar un aumento de la violencia, sino que “prueba la absoluta ineficacia de las políticas y mecanismos existentes para proteger a estas poblaciones”, dijo Camilo Vélez, jefe de misión adjunto, en alusión a garantizar su acceso a la salud, a un tránsito seguro o a protección internacional.

El informe habla, además de “violencia acumulativa” en los casos de secuestro «como amenazas, violencia física, violencia sexual, privación del sueño y de alimentos y agua, además de reportes de violencia física extrema como quemaduras con ácido, fracturas y tablazos, e incluso mencionan haber sido testigos de homicidios”.

Con información de EI Médicos sin Fronteras

Tribunales en materia de terrorismo son usados para reprimir y castigar a la disidencia

A partir del año 2021, con la reforma del Código de Justicia Militar, se prohibió expresamente el juzgamiento de civiles en tribunales militares, lo que llevó a esa jurisdicción a declinar los casos a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, un informe realizado por la Coalición por los DDHH y la Democracia, evidencia como los tribunales en materia de terrorismo son usados como arma política para reprimir y castigar a la disidencia.

El informe señala que con dicha reforma no cesó la persecución sino que se utilizaron los tribunales con competencia en terrorismo para encarcelar las voces disidentes tanto de civiles como de militares.

Durante el primer trimestre del 2023, se reportó que el 61% de los presos políticos eran militares, mientras que el 39% restante eran civiles. Esta proporción se mantuvo constante en el segundo trimestre, pero en el tercer trimestre, la cifra de militares disminuyó ligeramente a 58%, aumentando la de civiles a 42%, cerrando el año con 62% de presos político militares y 38% pertenecientes al sector de la sociedad civil.

En términos numéricos, en el primer semestre del año 2023 se contabilizaron 293 presos políticos, divididos en 178 militares y 115 civiles. Para el segundo semestre, la cifra total de detenidos políticos disminuyó a 266, con 164 militares y 102 civiles.

La distribución de los casos en los tribunales refleja una realidad alarmante. En el 2023, 50% de los casos se llevaron a tribunales con materia en terrorismo, 25% a tribunales militares y 25% a tribunales penales ordinarios. Sin embargo, en el tercer trimestre, los casos en tribunales de terrorismo aumentaron al 58%.

 

Traición a la patria es el «delito» más común

La traición a la patria es el delito que encabeza las imputaciones contra civiles y militares, seguidos de conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, luego la rebelión militar, instigación a la rebelión, sin duda, hay una clara predominancia de los delitos relacionados con el terrorismo.

La coalición señala que las violaciones al debido proceso han sido una constante en las últimas dos décadas, en el 2023, el 94% de los casos tuvieron retardo procesal y una ausencia probatoria y de igualdad procesal del 100%, algunos personas se encuentran detenidas de manera preventiva, sin ser llevados a juicio desde hace 5 años.

Entre otras violaciones destacan que las pruebas presentadas en los juicios se limitan a funcionarios actuantes durante la detención y a informes de inteligencia sin valor probatorio. También, los detenidos son llevados a juicios sin contar con abogados de su confianza, lo que impide su derecho a la defensa.

«Preocupa enormemente, la persecución y la utilización de sistema de justicia contra dirigentes políticos, periodistas y defensores de DDHH, así como los patrones continuados de ilegalidad como desapariciones forzadas al momento de las detenciones y detenciones arbitrarías», señala la ONG y además hace un llamado a la urgente necesidad de reformar el sistema de justicia en Venezuela para garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente, de su posición militar, civil y política.

Estados Unidos: Acuerdos de Barbados son la vía para restaurar la democracia en Venezuela

Un día después de poner fin al alivio de las sanciones petroleras, Estados Unidos insistió en que el cumplimiento de los acuerdos de Barbados, que establecen el compromiso del gobierno de Venezuela con unas elecciones justas, «es la mejor vía para ‘restaurar la democracia’ en Venezuela»

El portavoz  adjunto del Departamento de Estado de EEUU, Vedant Patel, dijo en rueda de prensa que la implementación del acuerdo de Barbados ofrece el mejor camino para restaurar la democracia que los venezolanos merecen, y ayudará a mejorar las condiciones económicas y humanitarias (en el país) y también abordará la crisis migratoria.

Patel no reaccionó directamente a las acusaciones de la administración del presidente Nicolás Maduro de que EEUU incumplió lo acordado en negociaciones directas llevadas a cabo desde el año pasado con la facilitación de Qatar.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado no ofreció nuevos reportes sobre intercambios con representantes del gobierno de Maduro después de la revocación de una licencia que autorizaba transacciones petroleras y gasíferas a Venezuela este miércoles.

El pasado miércoles, el gobierno de Estados Unidos anunció que no renovaría una licencia que autorizaba transacciones al sector petrolero y del gas de Venezuela, argumentando que el gobierno de Maduro incumplió con sus compromisos electorales.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y jefe de la delegación negociadora del gobierno, acusó a Washington de incumplimiento de pactos establecidos en 2023 y remarcó que nunca se comprometieron a aceptar el nombre de un aspirante opositor.

Acuerdos de Barbados

Con información de VOA

El Mañanero del 19 de abril: Consulta popular en las comunas y otras noticias sobre Venezuela

En El Mañanero del 19 de abril de Runrun.es resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: el gobierno de Nicolás Maduro promueve una consulta popular en las comunas que se realizará el próximo domingo, 21 de abril, en todo el territorio nacional. El evento contará con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE), a diferencia de la primaria opositora, que no tuvo el apoyo técnico del Poder Electoral.

Por otra parte, voceros del oficialismo se pronunciaron sobre el levantamiento del alivio de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos al de Venezuela por el irrespeto al Acuerdo de Barbados firmado en octubre del año pasado y el cual promovía elecciones presidenciales libres y transparentes en julio de este año.

También, como si se tratara de un guion repetido con cada preso político, la ONG Espacio Público denunció este jueves que al periodista Carlos Julio Rojas no le han permitido nombrar una defensa privada.

Vuelven las comunas y van a consulta popular

PERFIL | Marino Lugo, tercer detenido de la trama Pdvsa-Cripto fallecido en custodia

Al igual que a Rocío San Miguel, a Carlos Julio Rojas no se le permite defensa privada

Chavismo condenó regreso de sanciones y aseguró que el país “saldrá adelante”

Ley contra el fascismo y el odio se dan la mano

Consorven pide al CNE brindar accesibilidad a personas con discapacidad en elecciones

La educación sexual integral es una herramienta contra la violencia de género

«Nos preocupa a todos los venezolanos que haya una indefinición en el proceso político. Preocupa esos factores no han permitido que ese sector importante de la población (la oposición) pueda canalizar su voluntad política de participación». Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), durante una entrevista con el Circuito Éxitos de Unión Radio este #18Jul.

La educación sexual integral es una herramienta contra la violencia de género

La feminista y psicóloga Magdymar León, coordinadora general de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), advirtió que la educación sexual integral en el país está en riesgo por la acción de grupos conservadores que apuestan por eliminar del currículo educativo «lo que ha sido un logro, el hecho de alcanzar la educación sexual integral como un derecho reproductivo y humano».

«Negar ese derecho humano le resta la posibilidad a niños, niñas, adolescentes y jóvenes y a toda la población del ejercicio de una sexualidad responsable. Si no conozco la realidad de la sexualidad y las decisiones y riesgos que enfrentamos, como las infecciones de transmisión sexual, no podemos protegernos y no se pueden construir las bases para que una persona respete a la otra en condiciones de igualdad. La educación sexual integral es una necesidad en la Venezuela de hoy en día, donde tenemos altos índices de violencia contra las mujeres, violaciones y abuso sexual infantil, además de  embarazos muy tempranos en adolescentes», explicó en declaraciones a Runrun.es, y en el marco de una actividad celebrada el pasado 10 de abril para celebrar los 40 años de Avesa. 

León acotó que aunque en el país existe el marco normativo jurídico favorable para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, pero en la práctica, no hay programas ni políticas públicas que acompañen este proceso. 

Respecto a la violencia contra la mujer, recordó que ocurre porque la sociedad las sigue mirando como ocupantes de un espacio subordinado.

«Se sigue viendo a la mujer como que se le puede dominar y controlar a través de la violencia. Entender que somos sujetas de derecho, que valemos, que merecemos un trato igualitario con respecto a los hombres es algo básico. Necesitamos aprender a identificar la violencia contra las mujeres en sus primeras manifestaciones, y es algo que se puede lograr gracias a la educación sexual integral. La violencia contra las mujeres no es solamente cuando recibo un golpe o una amenaza de muerte, esas son las formas extremas,  hay otros indicios que se pueden detectar antes y la educación sexual integral es una herramienta para detectar temprano la violencia y corregirla, pero también para educar a los hombres sobre conductas violentas que deben ser transformadas. Entonces, la educación sexual integral tiene un componente de prevenir no solo víctimas, sino también agresores», explicó León. 

Una educación sexual patriarcal y machista

La educación sexual la reciben a diario los niños y adolescentes en distintos entornos. Y a pesar de que se incluye dentro de los derechos sexuales y reproductivos concebidos como derechos humanos,  su enfoque tradicional ha sido «machista, patriarcal y moralista», lo que dificulta que las personas tomen sus propias decisiones conscientemente a través de la reflexión de lo aprendido y no automáticamente. 

Así lo comentó Mercedes Muñoz, presidenta de la Junta Directiva de de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) en el conversatorio organizado el pasado 10 de abril por el aniversario de la asociación. 

«Hay que sacarse de la cabeza que la educación sexual es un tema frívolo, porque es un tema trascendental. Acá no hay tendencia política, derecha o izquierda, que no haya sacrificado lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva y los derechos de la mujer por sus necesidades políticas», amplió. 

Magdymar León, por su parte, insistió en que la educación sexual inicia en los primeros años de vida con el reconocimiento de los órganos del cuerpo.

«La educación sexual integral no se circunscribe al coito o relaciones sexuales, tiene que ver con la emocionalidad, con la forma en la que nos relacionamos en pareja, si queremos tener una familia y reproducirnos. De manera que estamos hablando de emociones, cuerpo, aspectos biológicos, derechos, dignidad, respeto, estamos hablando de muchos temas cuando hablamos de educación sexual integral. Eso es lo que se tiene que entender. Se tiene la idea de que hablar de educación sexual es solo hablar de relaciones sexuales y métodos anticonceptivos, eso es solo una pequeña parte de todo», amplió. 

Las iniciativas chocan con la realidad del sistema educativo

Fernando Pereira, cofundador de Cecodap, también tomó la palabra en el conversatorio sobre las  perspectivas, riesgos y desafíos de la educación sexual integral y destacó como uno de los rectos actuales en la materia el cuestionamiento de algunos sectores que plantean que la educación sexual es un tema exclusivamente familiar y que le compete a la madre y padre.

«En la práctica se ha instaurado la matriz de la ideología de género y eso ha ido en detrimento de paralizar muchas de las experiencias y retos del acompañamiento crítico que se debería seguir desarrollando», opinó.

Insistió en que, en general, las condiciones actuales del sistema educativo educación no favorecen la promoción de una educación sexual alternativa. 

«No solo este tema, sino cualquier otro que sea alternativo, humanista, formativo o complementario como la formación en derechos humanos, ciudadanía, derechos de niños y prevención de violencia está chocando con la realidad del sistema educativo y de las escuelas que se encuentran en modo supervivencia, con horarios escalonados, actividades restringidas, con maestras y maestros que apenas les alcanza para poder llegar a su trabajo, incluso poniendo de su bolsillo para el desarrollo de las actividades”, especificó. 

 

Pereira destacó que es necesario hacer un esfuerzo pedagógico para comunicarse con las comunidades y la familia desde la perspectivas de que los problemas como la violencia de género, violencia en las relaciones y abuso sexual los afectan cotidianamente. 

A propósito de este punto Magaly Huggins, una de las fundadoras de Avesa, magíster en Criminología y doctora en Estudios del Desarrollo, intervino para comentar que entre 2022 y 2023 entre las primeras causas de detención en los 300 centros de detención preventiva -calabozos- figuraban casos de violencia de género y abuso sexual infantil. 

«Eso pone los pelos de punta, porque lo que llega a los calabozos es un porcentaje del total. Esta es una lucha de hombres y mujeres por el tema de la equidad, que nos involucra a todos. Las personas que padecen a sus hijas embarazándose a los 13 ó 14 años, o que tienen el riesgo de que sus hijos sean abusados, cuando uno les habla de educación sexual desde otra perspectiva, se olvidan de lo político», acotó. 

40 años promoviendo la educación sexual alternativa

En 1984, un grupo de mujeres valientes, lideradas por Elisa Jiménez, oficializaron el registro de una de las organizaciones no gubernamentales pioneras de Venezuela. La coordinadora de Comunicaciones de Avesa, Belkis Lugo, aseguró que cumplir 40 años significa plantearse y replantearse sobre lo útil del camino hecho y lo que se presenta como oportunidad.

“Dicen que tamaño y tiempo no son causa de crecimiento ni envejecimiento. Organizaciones con larga tradición no son necesariamente viejas y organizaciones sin mucho trayecto no son necesariamente jóvenes. Si una empresa que cumple 40 años demuestra capacidad para cambiar, de hacer adaptaciones, reconocer su trayectoria, revisar su misión, no es vieja ni joven: es una empresa madura y se dice que está en plenitud y sigue apostando al futuro”, recalcó.

Mientras que Magdymar León, coordinadora general de Avesa, narró los hitos, desafíos y logros de la organización en estas cuatro décadas, como el hecho de ser la primera organización que en Venezuela fundó un servicio de atención psicológica a víctimas de violencia sexual.

Asimismo, afirmó que la prestación de servicios en Avesa es una herramienta para lograr un objetivo mayor junto con la investigación, formación, capacitación y creación de conocimiento: la transformación sociocultural para una sociedad más justa, equitativa y democrática.

“Porque sin la participación de las mujeres, sin respeto a sus derechos sexuales y reproductivos, no podemos hablar de democracia. Entonces Avesa tiene un fin político, que no es político-partidista sino político-femenista”, remató.

Ley contra el fascismo y el odio se dan la mano

Al parecer, cada vez son menos los espacios de libertad de expresión y más los de represión política en Venezuela. Así lo expresa la ONG Espacio Público en comunicado, luego que el pasado 2 de abril, la Asamblea Nacional chavista aprobara en primera discusión el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares.

De acuerdo a Espacio Público esta iniciativa se suma a una serie de normativas arbitrarias que buscan cerrar el espacio cívico, silenciar a sectores críticos y legitimar prácticas persecutorias por parte del Estado venezolano.

Según Espacio Público, el nuevo instrumento legal promovido por el chavismo tiene similitudes con la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia. 

La ONG denunció que el proyecto de ley incumplió con los requisitos mínimos del Reglamento Interior y Debates de la AN, debido a que su aprobación en primera discusión se produjo sin debate alguno , con opacidad, ausencia de debate y participación diversa de los diferentes sectores de la sociedad civil.

“La redacción es amplia y genérica, lo que conduce a interpretaciones arbitrarias al plantear definiciones ambiguas; esto a su vez facilita una amplia discrecionalidad y con ello un abuso del poder por parte de las autoridades estatales en una eventual aplicación”, reza el comunicado.

De acuerdo a Espacio Público, el Estado venezolano justifica la ley como una respuesta a expresiones violentas y para controlar las redes sociales.

“La ley contra el fascismo restringe el ejercicio de la libertad de expresión, al imponer obligaciones a los prestadores de servicios de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos, públicos, privados y comunitarios”.

La ley contempla sanciones de hasta 12 años de prisión para quienes promuevan acciones violentas o hagan apología del fascismo.

“Faculta a los Tribunales Civiles y al Consejo Nacional Electoral a disolver organizaciones que califiquen como fascistas o promuevan el fascismo. Utiliza el derecho penal con el fin de imponer sanciones de hasta 10 años de prisión para quienes intenten constituir o promover dichas organizaciones”.

De acuerdo a EP, el proyecto de ley sanciona con multas desproporcionadas a personas naturales o jurídicas que financien organizaciones políticas o privadas que incurran en acciones contrarias a la normativa.

“El proyecto de ley antifascista se presenta como una continuación de la ley contra el odio. Ambas normativas emplean conceptos vagos y definiciones imprecisas que permiten sanciones administrativas y penales desproporcionadas, dejando amplio margen a la discrecionalidad estatal”.

EP también hizo énfasis en un uso excesivo del derecho penal al sancionar con privativa de libertad, revocatoria de licencias, censura de medios de comunicación y redes sociales, disolución  y prohibición de constituir organizaciones civiles y políticas, a quiene se asocien con el fin de “promover el fascismo”.

“Ambas leyes profundizan la narrativa del enemigo interno, lo que aumenta las amenazas a grupos vulnerables y disidentes”. 

 

Con información de Espacio Público