La impunidad oficial por Juan Martín Echeverría
La señal que se le envía a la población es que la impunidad favorece la criminalidad común
El régimen carece de una épica y ha optado por la permisividad frente a la acción de los colectivos armados, invasores, sicarios y motorizados, cometiendo delitos de alta violencia de manera impune: por ello la irracionalidad se desboca facilitando que agresores ataquen a los médicos en los hospitales, se destruyan los bienes públicos y sean innumerables los episodios de agresiones en los sectores populares; de allí que sea indispensable una acción decidida de las autoridades para reducir los ataques a la propiedad, homicidios, secuestros, tráfico de drogas y en general actos contrarios a la convivencia, que se potencian ante la pasividad del poder. La impunidad oficial va más allá de la ideología, del 8D y la crisis de desabastecimiento, porque la violencia cotidiana ocupa espacios que por su naturaleza pertenecen a la democracia.
La detención de Alejandro Silva, coordinador de las giras de Henrique Capriles, por un organismo de seguridad, plantea el precedente aberrante de un ciudadano privado de su libertad en horas de la madrugada, sin orden judicial y sin haber cometido un delito infraganti, vulnerando los artículos 44 y 49 constitucionales, prácticamente en todos sus apartes. Después el Ministerio Público afirma que se trató de una citación como testigo, la Defensoría del Pueblo no se da por enterada, y todos los mecanismos institucionales se paralizan. La acción revela que no hay división de poderes y que, ante una orden del Ejecutivo, simplemente se obedece sin pensar en las consecuencias, demostrándose hasta la saciedad la impunidad oficial.
Las detenciones arbitrarias cometidas por funcionarios públicos, están expresamente sancionadas en el artículo 176 del Código Penal: es inexplicable el silencio de la AN y el Poder Moral frente a este nefasto precedente, ya que cualquier ciudadano podría ser detenido por un organismo de seguridad, sin que se cumplan los extremos de la Carta Magna. La señal que se le envía a la oposición y a la población en general, es que la impunidad favorece la criminalidad común, y ampara de forma abierta a las autoridades. Todo lo anterior revela el colapso del Estado de Derecho y de la gobernabilidad frente a la violencia y el abuso de poder, confirmando el nulo rendimiento del sistema político en la supervisión y control que se debe ejercer sobre la conducta de los funcionarios. Es una estrategia de situación límite y antidemocrática, apoyarse en el uso de la violencia y en el agujero negro de la impunidad.
Una detención arbitraria, tan cercana a los comicios de diciembre, tiene connotaciones que preocupan a quienes no comulgamos con el radicalismo, e impacta en la comunidad internacional, que un supuesto testigo sea privado de su libertad en horas de la madrugada y se le interrogue sin la presencia de un abogado, negando incluso a sus familiares y simpatizantes lo ocurrido, pero luego es puesto en libertad sin mayores explicaciones, y sin el pronunciamiento de los órganos llamados a proteger sus derechos civiles y políticos. La impunidad es inestabilidad, ilegalidad e ingobernabilidad.
Fuente: www.eluniversal.com
