Al lado del Imperio por María Teresa Belandria
Transcurrió el año de preaviso que el artículo 78 de la Convención Americana de Derechos Humanos, mejor conocida como el Pacto de San José da para hacer efectiva la desvinculación de un estado de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El retiro de Venezuela configura, un golpe a las bases constituyentes de 1999 y a la Constitución Nacional, que consagra en los artículos 23, 31 y 339 el rango constitucional y la primacía en su aplicación de los Tratados, Convenciones y Acuerdos en materia de derechos humanos.
El régimen desde 1998, ha desconocido de manera sistemática las sentencias de la Corte Interamericana y además lo ha hecho, contando con la anuencia y dirección de la indigna Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que afirmó en la sentencia N° 1.938/08 lo siguiente “se exhorta al Ejecutivo Nacional para que denunciará la Convención Americana sobre Derechos Humanos que sometió a la Republica a la Jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ante la evidente usurpación de funciones en que incurrió la misma”.
La decisión devela un arcaico concepto de soberanía estatal muy propio del siglo XIV, pero inaceptable en una materia tan sensible como los derechos humanos en el siglo XXI. El régimen de Hugo Chávez antes y de su ilegitimo sucesor ahora, han mantenido una doble moral que se manifiesta en, acatar aquellas decisiones dictadas para condenar al estado antes de 1998 (El Caracazo y El Amparo) y desacatar las sentencia en la que se les condena. Es decir, hagamos política con los Derechos Humanos siempre que nos sirvan para consolidar “el proyecto” –del que ya nadie habla- o la manirrota “revolución”.
El sistema interamericano de Derechos Humanos conformado por la Comisión y la Corte ha sido reconocido internacionalmente como el único ante el cual los ciudadanos pueden acudir para demandar a los estados por justicia y reparación de daños. La imposibilidad de rendir cuentas y admitir la violación de derechos por parte de sus funcionarios, es la razón fundamental para abandonarlo.
La decisión coloca al régimen que ilegítimamente nos gobierna, en la misma fila que se encuentra la nación que más detestan y, que le sirve de sustento al discurso para el público Albista, al lado de los Estados Unidos de Norteamérica, este país, tampoco acata la jurisdicción de la Corte, no admite que ningún tribunal extranjero le objete su actuación, le conmine por violaciones de derechos humanos y mucho menos le sancione. La desvinculación de Venezuela de la Corte nos acerca y nos iguala con Estados Unidos, al que se critica-y con razón- por la Cárcel de Guantánamo y la negación derechos de los internos o por las violaciones de la Cárcel de Abu-Ghraib durante la ocupación de Irak, vale decir, Venezuela se pone del lado del Imperio.
Sin embargo, no hay lugar para la desesperanza, pues si bien lo que ocurra a partir del 10 de septiembre nos limita para que la Corte conozca de los casos, los que están en curso llegarán a sentencia y el estado será condenado. Además, la Comisión sigue teniendo plenas facultades para conocer de las violaciones de derechos humanos y continuará recibiéndolos, dictando medidas cautelares y acumulando expedientes en contra de todos aquellos que impunemente han utilizado su autoridad para menoscabar los derechos de los ciudadanos venezolanos.
Finalmente, vuelvo sobre mis palabras, y en mi artículo de septiembre de 2012 titulado El Soberano soy yo, donde expresé “Olvidan los juristas del horror y la Cancillería de la infamia, que la protección de los derechos humanos goza de rango constitucional conforme al artículo 23, que la normativa de derechos humanos de Mercosur se asienta sobre la Convención Americana, que UNASUR adopta el mismo sistema y que la CELAC proclama la tutela y protección como uno de los pilares de su estructura. Es decir, patearon la mesa sin medir las consecuencias jurídicas y políticas de su decisión. Peor aún, olvidan que la violación de los derechos humanos, no prescribe y si lo dudan, volteen al cono sur, allá militares y políticos de la dictadura están en prisión 30 años después de las desapariciones y asesinatos. Miren hacia Perú, donde Fujimori que por cierto, también retiro a su país de la Convención, hoy purga condena”.
Tarde o temprano se restituirá el estado de derecho, Venezuela dejará de ser un estado contumaz y para todos aquellos que hoy insuflados de poder y temporalmente inmunes, se sienten por encima de todo, la justicia, llegará.
María Teresa Belandria