La organización Justicia, Encuentro y Perdón denunció este 3 de abril la crítica situación que atraviesa la población penitenciaria en Venezuela que padece enfermedades crónicas o terminales, lo que se ha convertido en una “doble condena” para decenas de presos políticos.
Bajo lo que denomina un “muro de indolencia”, la ONG alertó que la privación de libertad se ha transformado en un trato cruel e inhumano que pone en riesgo inminente la vida de decenas de ciudadanos.
Mediante un comunicado, la organización advirtió que actualmente, 49 presos políticos con patologías graves permanecen tras las rejas. “Este grupo no solo sufre la privación de libertad, sino que está sometido a un patrón de aniquilación silencioso en el que la denegación de medicina, alimento y sol funciona como una ejecución diferida”, alertó.
Asimismo, recordó que entre 2015 y 2026 se contabilizan 26 víctimas mortales bajo custodia del Estado (ya sea en celdas, hospitales o arrestos domiciliarios) debido al abandono médico. A la fecha, no existen investigaciones penales efectivas contra las cadenas de mando responsables por estos fallecimientos.
La organización destacó casos emblemáticos donde la omisión estatal desafía incluso medidas internacionales:
- Emirlendris Benítez: En silla de ruedas desde 2018, padece fibromialgia crónica y parálisis parcial. Pese al respaldo de organismos internacionales, el Estado no ha respondido a las solicitudes humanitarias.
- Orlando Laufer (70 años): Paciente oncológico con un tumor cerebral. Fue trasladado el pasado 13 de marzo a un destino desconocido, por lo que su familia denuncia una situación de desaparición forzada en cuadro terminal.
- Merys Torres de Sequea: Recluida desde 2025 con desgaste vertebral y crisis hipertensivas; el TSJ mantiene en silencio un amparo introducido el pasado febrero.
- Leonardo Chirinos: Exfuncionario cuya salud mental ha colapsado, presentando intentos de suicidio sin recibir atención psiquiátrica.
“La situación se agrava al observar que muchos de estos ciudadanos son adultos mayores. Someter a personas de la tercera edad a condiciones de insalubridad y privarlos del contacto con sus afectos no es solo una falta de ética, es una violación a los principios de protección a la ancianidad”, denunció la ONG.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
