Las relaciones internacionales como disciplina académica y como ámbito teórico que sustenta a ese conglomerado de vínculos que nacen de y afectan a, una muy heterogénea sociedad internacional, han tenido tradicionalmente un sustrato estatocéntrico donde los gobiernos llevan siempre la voz cantante. Desde hace siglos funciona el mundo de este modo.
Ello explica por qué el derecho internacional y por derivación los organismos internacionales, llevan al paroxismo el protagonismo de los Estados creando en consecuencia un conjunto normativo y un aparataje institucional-burocrático que en principio responde a sus particulares intereses. La laxitud de muchas normas y su increíble grado de flexibilidad hallan allí su razón de ser.
Pero el mundo inexorablemente gira y las circunstancias han hecho considerar la importancia de otros actores de hecho y sujetos jurídicos que van desde grupos rebeldes a movimientos sociales, pasando por corrientes religiosas y corporaciones transnacionales, que muchas veces manejan más recursos financieros y capital político que unos cuantos países juntos.
Las organizaciones de la sociedad civil han sido siempre vistas con recelo por muchos gobiernos que se resisten a ceder cuotas de poder. Lo que antes se concentró en un “estatus consultivo” sin mayores pretensiones -y circunscrito al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas- hoy se ha convertido en un papel fundamental en las discusiones y negociaciones multilaterales.
El rol de las ONGs es visible por ejemplo en la lucha contra el cambio climático, los esfuerzos para superar la pobreza en países subdesarrollados, el impulso de la educación a quienes aún no tienen acceso a ella y el fortalecimiento de las capacidades locales. La concienciación y la perenne denuncia parecen ser un denominador común.
En ámbitos como los derechos humanos las ONGs son elementos que ayudan a visibilizar las carencias y los maltratos. Son quienes representan a los más vulnerables y a las víctimas de regímenes autoritarios y opresores en instancias internacionales. Son las que insisten en que se investigue y se sancione, se legisle de modo “pro homine” y se apliquen los estándares en la práctica.
Incluso en áreas como la ayuda humanitaria, el sistema de “clusters” sobre el terreno permite una alianza simbiótica entre las ONGs y los distintos componentes de las Naciones Unidas (como el ACNUR y el UNICEF por mencionar apenas dos), para colaborar en conjunto en aras del alivio del sufrimiento de quienes padecen el impacto de desastres naturales y conflictos armados.
Hace ocho años el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, creó un grupo de expertos que debía formular recomendaciones para fortalecer las interacciones entre dicho organismo global y precisamente, la sociedad civil. Ello se tradujo en el famoso “Informe Cardoso” (documento A/58/817), que debe su nombre al hecho de que el grupo fue presidido por el ex Presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso. Grupo que curiosamente estaba integrado entre otros, por un iraní.
Uno de los párrafos del informe es especialmente demoledor: “debe fomentarse el diálogo y la cooperación con la sociedad civil (pues) ello redundará en una mayor eficacia de las Naciones Unidas (…) una mayor colaboración puede contribuir a que las Naciones Unidas desempeñen mejor sus funciones, promuevan sus objetivos globales, sean más sensibles y receptivas a los problemas de los ciudadanos y gocen de mayor apoyo público”.
Muchos países cooperan con las ONGs y facilitan su labor. Otros apuntan en dirección contraria. Pero en todo caso la sociedad civil se abre paso con fuerza en importantes instancias decisorias y en aspectos operacionales de los entes mundiales. Eso, no se puede ni se debe detener.
Omar Hernández
Internacionalista
@omarhUN
