CIDH: represión en el contexto electoral venezolano incluyó “terrorismo de Estado”
A raíz de las violaciones a los derechos políticos registradas en el documento, la Comisión consideró que la reelección de Nicolás Maduro no goza de legitimidad democrática
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este martes, 7 de enero de 2025, un informe que denunció la violación sistemática de derechos que hubo en medio del contexto electoral venezolano a lo largo de 2024.
El documento, titulado “Venezuela. Graves violaciones a los Derechos humanos en el Contexto electoral” analizó la persecución y represión política, así como la situación de la libertad de expresión, en los meses previos a los comicios presidenciales, así como durante y después de estos, y concluyó que hubo “prácticas de terrorismo de Estado” que buscaron infundir el miedo en la población.
“Ante el incremento de la persecución política en el país, en el marco de las elecciones presidenciales de 2024, la CIDH activó todos sus mecanismos de protección, incluyendo la instalación de una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI Venezuela)”, subrayo el documento.
El informe fue solicitado por “numerosas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos” y analizó “los testimonios recibidos a través el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE)”, información disponible sobre los casos, peticiones y medidas cautelares y provisionales, y otros documentos de la Comisión. Además, se basó en los actos oficiales e información pública del Estado y las conclusiones de otros órganos internacionales de derechos humanos.
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Todo lo sucedido durante el período analizado violó el derecho a la igualdad de oportunidades para postularse a unos comicios, a hacer campaña sin restricciones arbitrarias ni discriminatorias, a unas elecciones libres, a la seguridad, a la vida, a la igualdad ante la ley, a la presunción de la inocencia, a la vida privada, a circular libremente por el país y a salir y regresar a este, a la identidad, a la libertad, entre otros.
CIDH y la represión por etapas
Para la CIDH, la administración de Nicolás Maduro ejecutó una “estrategia represiva coordinada” antes, durante y después de la elección presidencial del pasado 28 de julio para perpetuarse en el poder, en la que usó “prácticas de terrorismo de Estado”.
La Comisión destacó que toda la estrategia se implementó en tres etapas. La primera fue durante el período preelectoral y pretendió impedir la “participación política” de la oposición en el proceso. Por medio de instituciones como la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las fuerzas de seguridad se giraron instrucciones para hostigar, perseguir y detener a “personas opositoras, defensoras de derechos humanos y con liderazgo social”, así como retirar a misiones internacionales de observación comicial.
Esa primera etapa también incluyó acciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para restringir la libertad de prensa, y del Consejo Nacional Electoral (CNE) para negar “el derecho al voto en el extranjero”, lo que afectó al menos a cinco millones de venezolanos.
Todo lo sucedido en ese período preelectoral violó el derecho a la igualdad de oportunidades para postularse a unos comicios y a hacer campaña sin restricciones arbitrarias ni discriminatorias.
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La segunda etapa se ejecutó el día de la elección: 28 de julio de 2024, cuando se manipularon “los resultados para proclamar como ganador a Nicolás Maduro sin ningún tipo de transparencia”. La CIDH resalta que el CNE detuvo la transmisión de datos por un supuesto “ciberataque”, suspendió auditorías al proceso electoral y nunca publicó las actas de votación.
La tercera etapa fue la represión sistemática contra la ciudadanía que protestó por el presunto fraude electoral. Según la institución, se incrementó “el terror como herramienta de control social” por medio de los ataques de grupos civiles de choque (colectivos) y la “Operación Tun Tun”.
El resultado fueron “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias —incluyendo niñas, niños y adolescentes—, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión”. La Comisión también menciona como “técnicas” represivas, las “detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes”.
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Las tres etapas fueron posibles debido a la “cooptación total de las instituciones estatales” por parte de la administración de Maduro. Ese control, “junto con la corrupción a gran escala para el recaudo de rentas lícitas e ilícitas”, garantizan que las fuerzas de seguridad actúen con impunidad.
Para la Comisión Interamericana, “el caso venezolano ilustra claramente la relación intrínseca entre los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho”, una tríada que, al colapsar, provocó la cooptación de poderes públicos por parte del Ejecutivo y estableció “un régimen de facto”.
A raíz de las violaciones a los derechos políticos registradas en el documento, la Comisión consideró que la reelección de Maduro no goza de legitimidad democrática.
De acuerdo con la CIDH, la represión por parte de la administración de Maduro “incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes”.
El organismo recomendó acciones inmediatas al Estado venezolano enfocadas en poner fin a la represión y persecución, como liberar a todos los presos políticos, “cesar las detenciones arbitrarias, publicar todas las actas y permitir su escrutinio independiente, y restablecer el orden constitucional”.
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