Varias organizaciones de la sociedad civil invitan a la comunidad en general a suscribir la declaración que solicita la adhesión de Venezuela al Acuerdo de Escazú
Al menos cuatro ONG, con el apoyo de Amnistía Internacional, promueven la exigencia al gobierno venezolano de que firme el Acuerdo de Escazú, instrumento que busca que los Estados se comprometan con la protección de los defensores de derechos humanos ambientales y de los territorios
Venezuela es uno de los ocho países de la región que no lo ha suscrito, pese a que como lo advierten varias ONG, «es un territorio donde la minería, los derrames petroleros y la deforestación, entre otros problemas, destruyen ecosistemas sensibles»
En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente este 5 de junio, la sociedad civil organizada exhorta al gobierno de Venezuela a adherirse al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú.
A propósito de la fecha, cuyo fin es motivar a las personas y comunidades para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y de protección del medio ambiente, distintas ONG recordaron que el Acuerdo de Escazú aborda aspectos «fundamentales» de la gestión y la protección ambiental desde una perspectiva regional, así como también que regula los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia «en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras, el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres».
Insistieron en que este instrumento busca que los Estados «se comprometan con la protección de los defensores de derechos humanos ambientales y de los territorios».
Las organizaciones que promueven la declaratoria son Sinergia (Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil), el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), La Vida de Nos y Clima21, con el apoyo de Amnistía Internacional.
Venezuela, 1 de los 8 que no lo ha suscrito
El 22 de abril se cumplieron dos años de la entrada en vigencia del acuerdo, que se convirtió en el primer tratado regional enfocado en el medio ambiente y el primero en el mundo con disposiciones cuyo fin es proteger a los defensores del medio ambiente.
Escazú, según precisa la nota de prensa de las ONG promotoras, «garantiza, además, el acceso a la justicia, prevenir, investigar y sancionar los ataques en contra de quienes protegen el medio ambiente», así como también que los ciudadanos «puedan acceder a la información pública en temas ambientales».
Pero, hasta abril de 2023, Venezuela era uno de los ocho países que no lo ha suscrito en la región, a pesar de que como lo advierten las organizaciones no gubernamentales, «es un territorio donde la minería, los derrames petroleros y la deforestación, entre otros problemas destruyen ecosistemas sensibles».
“El hecho de que Venezuela no se adhiera y ratifique este Acuerdo tiene consecuencias sobre cada uno de nosotros. No es trivial saber sobre la calidad del agua, sobre la cantidad de mercurio que hay a nuestro alrededor, si estamos en un área de inundación y vamos a perder nuestras casas. La falta de información mata gente, y por eso es importante el acuerdo”, dijo Alejandro Álvarez, coordinador general de la ONG Clima21, en un foro realizado en abril pasado, organizado por la alianza Sinergia, Odevida y La Vida de Nos, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la UCAB.
#EscazúYa
Las organizaciones ambientalistas e indígenas venezolanas se unen en la consigna #EscazúYa, bajo el precepto de que el medio ambiente sano «es un derecho humano fundamental del individuo y el colectivo», y que por tanto, debe ser prioridad del Estado su preservación y mantenimiento a través del desarrollo de políticas públicas y normativas sensibilizadas.
En el documento instan al Estado venezolano a firmar y ratificar de forma «inmediata» el Acuerdo de Escazú, así como también a adoptar medidas de «derecho interno» necesarias para el aseguramiento del cumplimiento de los derechos de acceso y divulgación de información ambiental, acceso a la justicia ambiental, y promoción de la participación pública en asuntos ambientales.
De igual forma, exhortan a respetar y generar mecanismos de «prevención, investigación y sanción de ataques, amenazas o intimidaciones dirigidas a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales«, incluidos los líderes y lideresas de los pueblos indígenas.
Así mismo, solicitan que se publique información «transparente, certera y accesible» sobre la situación de la minería ilegal y la presencia de grupos armados irregulares en la Amazonía venezolana, con el objetivo de desarrollar mecanismos de respuesta inmediata para la seguridad y preservación de los pueblos indígenas de la zona y sus territorios ancestrales, «así como de otros temas relacionados con derrames petroleros, calidad del agua, tasas de deforestación del país, niveles de contaminación del ambiente y otros necesarios para cumplir con el derecho constitucional a una vida y un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado».
El documento también incluye la petición de que se investigue el asesinato del guardián territorial y líder indígena Virgilio Trujillo y que se inicie el proceso judicial correspondiente en contra de los responsables.
Las ONG compartieron el enlace para las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y cualquier otra que desee sumarse a la declaratoria.. Haga clic acá si desea suscribir el documento.
