ONG solicitan abrir un corredor seguro para migrantes venezolanos varados entre Perú y Chile
La portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, anunció su preocupación por la situación de los cientos de personas que se permanecen bloqueadas en su intento de salir de Chile sin agua, alimentos ni servicios
Con información de EFE y El Pitazo. Fotografía de Aldair Mejía (EFE)
Organizaciones articuladas en la Red de Organizaciones Migrantes y Pro migrantes pidieron que se habilite un corredor seguro para que los migrantes venezolanos que buscan retornar a su país puedan transitar. La solicitud surge luego de que se diera a conocer que migrantes de diversas nacionalidades llevan 15 días varados en Tacna, una zona fronteriza entre Chile y Perú.
Las autoridades peruanas han restringido el ingreso de las personas a su territorio, alegando que no poseen la documentación necesaria. Los migrantes han expresado que no tienen intenciones de permanecer en Perú y que solo desean que se les permita transitar. Según medios de comunicación peruanos, los venezolanos han expuesto que solo buscan regresar a su país de origen.
Ante la situación, las organizaciones enviaron una carta este 26 de abril a las delegaciones presidenciales en Arica, Iquique, Antofagasta, Santiago, Valparaíso y Concepción. En el documento solicitan las autoridades regionales no generar obstáculos a la ayuda humanitaria desde las organizaciones de la sociedad civil migrante y pro migrante.
«El Estado y las organizaciones de asistencia a la migración debieran estar ahí, en terreno, apoyando humanitariamente. Las organizaciones de migrantes y pro migrantes que sólo cuentan con fondos provenientes de la autogestión, vienen desde hace años apoyando cuando las instituciones que deben hacerlo no asumen sus responsabilidades. No vamos a dejar de insistir en que las instituciones deben hacerse responsables. No sólo formalmente sino sustancialmente», dice la carta.
Militarización de fronteras
Ante el flujo migratorio, Dina Boluarte, presidenta de Perú, decretó estado de emergencia en las zonas fronterizas del país y ordenó el envío de militares para controlar la llegada de personas de diversas nacionalidades, incluidos venezolanos, y prestar apoyo a la policía en los cruces limítrofes con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia.
Amnistía Internacional expresó su preocupación por la situación de precariedad en la que se encuentran los aproximadamente 300 migrantes y destacó que la situación es el resultado de políticas crueles que violan las normas internacionales y leyes de Perú y Chile para prestar ayuda a personas en necesidad de protección internacional.
«Al militarizar las fronteras y cerrar la puerta a miles de personas, entre ellas niñas y niños, que huyen de masivas violaciones de derechos humanos en sus países de origen, los gobiernos de Boric y Boluarte están agravando inútilmente la situación, convirtiéndola en una crisis humanitaria que aumenta el riesgo para la vida y seguridad de estas personas», dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Chile aboga por un corredor humanitario
El Gobierno chileno dijo el 28 de abril que es «prioritario» abrir un corredor humanitario para los cientos de migrantes indocumentados que se agolpan desde hace semanas en la frontera norte para salir del país hacia Perú.
«Nuestro objetivo ahora es controlar la crisis que se ha generado en la frontera, pero el objetivo principal de fondo es crear un corredor humanitario desde Chile para que estas personas logren volver a su país», indicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en una rueda de prensa cerca de la frontera con el país vecino.
La subsecretaria chilena de Relaciones Exteriores, Gloria De la Fuente, dijo que el Ejecutivo chileno ha tenido reuniones con autoridades peruanas para solucionar la crisis humanitaria en la frontera, pero matizó que un corredor humanitario aún «requiere de la voluntad de los países a los que los migrantes quieren volver».
«Hemos conversado con el gobierno peruano la posibilidad de generar condiciones, ya sea para un corredor humanitario, aéreo o terrestre, lo que implicaría también tener compromiso con otros países de la región, o bien para buscar otras soluciones», detalló De la Fuente.
Monsalve añadió que el Gobierno chileno tendrá puntos del registro civil para que los migrantes puedan identificarse antes de salir de Chile, para que «ninguna persona que haya cometido delitos salga del país».
«La mayoría de las personas en situación irregular en Chile quiere salir, y quieren volver a Venezuela. Necesitamos puntos de control para conocer sus identidades y asegurar también las condiciones humanitarias», dijo el subsecretaria.
Problemas humanitarios que requieren de diálogo
Cientos de migrantes indocumentados, la mayoría de llegados desde Venezuela, permanecen en la frontera norte de Chile a la espera de tener el permiso de las autoridades chilenas para salir del país, lo que ha provocado problemas humanitarios por la falta de servicios y el clima árido de la región.
El conflicto entre Chile y Perú escaló hace una semana, después de que el alcalde de la localidad fronteriza peruana de Tacna, Pascual Güisa, tildara al presidente de Chile, Gabriel Boric, de «irresponsable» y acusara a su gobierno de «trasladar el problema (migratorio) a la frontera».
La portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, pidió el 28 de abril a los Gobiernos de Perú y Chile que «dialoguen» para resolver el problema en su frontera.
La funcionaria también se mostró «preocupada» por la situación de los cientos de personas que se permanecen bloqueadas en su intento de salir de Chile sin agua, alimentos ni servicios.
Actualmente, hay unos 1,4 millones de personas del exterior residiendo en Chile, lo que equivale a más del 7 % de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de seguidos de ciudadanos de Perú, Haití y Colombia.
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Criminalización de los venezolanos
En medio de la situación, Boluarte responsabilizó a los migrantes venezolanos y haitianos por el aumento de la criminalidad en su país. Aseguró que son los extranjeros quienes más cometen actos delictivos.
Maholy Sánchez, criminóloga y supervisora de Gobernanza Migratoria de la ONG VeneActiva, dijo que antes de hacer un juicio en contra de los venezolanos se debe recordar que las personas denunciadas están amparadas por la presunción de inocencia y deben ser sometidas al debido proceso para determinar su responsabilidad.
«Lamentablemente lo que logra este tipo de acciones es una mediatización y reforzamiento a la construcción social de un “otros” dirigido justamente a crear un perfil de miedo hacia la población venezolana, porque se busca hacer una asociación entre extranjero y delincuencia, dejando de lado los grandes pasos que se han realizado desde diferentes niveles de gobernanza en integración y convivencia pacífica que se han establecido en Perú», puntualizó mediante una nota de prensa.
La representante de VeneActiva agregó que si bien Perú es el segundo país con el mayor número de venezolanos en el mundo con 1.499.190 personas, según la plataforma R4V, el acumulado de personas de esta nacionalidad en el Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales es de 2.492 hasta diciembre de 2022, lo que deja en evidencia la baja participación de venezolanos en actos al margen de la ley.
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Perú, Federico Agusti, también rechazó la criminalización de la migración. Señaló que se trata de un problema que distorsiona la realidad.
«Cuando uno va a la frontera no ve a criminales cruzando la frontera, uno ve familias, ve una mujer con un niño en brazos, una persona con una mochila que es todo lo que tiene», explicó Agusti en una entrevista con EFE.
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