Odevida: Lideresas sociales y políticas son víctimas de violencia y represión en Venezuela

Para el año 2022, Cepaz totalizó 523 casos de persecución y criminalización, discriminados en 78 mujeres
El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) Capítulo Venezuela, presentó el informe Lideresas sociales y políticas son víctimas de violencia y represión, el cual pretende visibilizar la situación de las féminas en el contexto de crisis que se vive en el país.
El informe señala que si bien los actos de persecución y criminalización contra las mujeres víctimas no se ha desarrollado por motivos de género, en Venezuela existe un contexto de persecución y criminalización generalizada que las afecta de forma diferenciada.
“Cuando esto ocurre contra las mujeres, el impacto es diferenciado y además sobresalen actitudes discriminatorias por parte de los perpetradores en donde ocurren actos de violencia que sí ocurren por motivos de género”, se lee en el informe.
Mujeres víctimas de la violencia y represión
El informe de Odevida, una iniciativa de Pares Colombia junto a Provea, rescata que se ha podido documentar casos en los que las mujeres detenidas son obligadas por funcionarios del Estado a mantener relaciones sexuales a cambio de bienes y privilegios.
En los interrogatorios de las mujeres detenidas también se desarrollan actos de violencia sexual. La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, documentó que funcionarios del SEBIN han amenazado a las mujeres de violarlas durante los interrogatorios.
Destaca el Foro Penal que al menos el 33% de las mujeres presas políticas refirieron haber sido sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes al momento de su detención y durante su reclusión.
Por su parte, Cepaz registró durante 2021 un total de 818 casos de persecución y criminalización, de los cuales 73 tuvieron como víctimas a mujeres.
Responsables de la violencia contra las mujeres
Odevida ha podido establecer que en el caso de la violencia cometida contra las mujeres que ejercen un liderazgo social o político los responsables son los funcionarios públicos mayoritariamente policiales y militares y miembros de grupos irregulares armados.
De acuerdo con los hallazgos en materia de violencia sexual y de género realizados por la Misión de la ONU, los victimarios también serían agentes no estatales (“pranes”, “sindicatos”, “guerrillas colombianas”) y funcionarios pertenecientes a las fuerzas armadas y policiales.
Además, existen indicios de subregistro de la violencia sexual y de género en el estado de Bolívar, sobre todo con respecto a grupos históricamente oprimidos como las personas indígenas y personas LGBTIQ+.
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