Gutiérrez se refirió en la reunión a la supuesta «agresión» contra Venezuela por las sanciones internacionales
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) , Gladys Gutiérrez, afirmó el sábado, 29 de enero de 2023 su voluntad «de trabajar en conjunto» con la Corte Penal Internacional (CPI), durante un encuentro en La Haya con la primera vicepresidenta de esta institución, Luz Ibáñez.
La cita, en la que ambas funcionarias destacaron el papel de las mujeres en el derecho penal internacional, fue informada en un comunicado del TSJ que calificó de inédita y fructífera la reunión.
«La presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, destacó el firme cometido del sistema judicial nacional de seguir dando cumplimiento a los compromisos derivados del Estatuto de Roma y de trabajar en conjunto con la CPI, en los términos del memorando de entendimiento suscrito con la oficina del fiscal de esa corte (Karim Khan), en noviembre de 2021», detalla el escrito.
Gutiérrez también se refirió en la reunión a la supuesta «agresión» contra Venezuela por las sanciones internacionales.
La representante de la CPI «hizo referencia a la importancia de la sinergia entre las jurisdicciones nacionales con las internacionales, de cuyo trabajo depende la atención judicial que establece el Estatuto de Roma», siempre según el texto.
El Gobierno de Nicolás Maduro denunció en febrero de 2020 a Estados Unidos ante la CPI por las sanciones contra su economía y reclamó al fiscal de entonces, Fatou Bensouda, que abriera una investigación contra EEUU por «crímenes de lesa humanidad».
Posteriormente, Venezuela presentó una serie de «evidencias» ante la Corte, como parte de un nuevo informe que buscaba «demostrar» el impacto de las sanciones económicas.
Entretanto, el fiscal Karim Khan anunció en noviembre que pidió al tribunal autorización para seguir adelante con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Esta postura fue rechazada por el Ejecutivo venezolano al afirmar que se ha aportado «amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos».
