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Espacio Público rechaza amenazas de colectivos a trabajadores que protestan por aumento salarial

amenazas de colectivos
Redacción Runrun.es
Hace 2 años
Espacio Público recordó que el derecho a la protesta está garantizado en el artículo 68 de la Constitución

La ONG Espacio Público rechazó el pasado domingo, 15 de enero, las amenazas de colectivos contra trabajadores que protestan por un aumento salarial.

Mediante su página web, Espacio Público mencionó un video, que se difundió el 14 de enero, en el cual un grupo de colectivos chavistas amenazó a quienes acuden al llamado de protestar en los próximos días.

Desde el lunes 9 de enero, trabajadores del sector público, especialmente del sector educativo, han protestado en diferentes regiones del país por bajos salarios,  desmejoras en los beneficios laborales y malas condiciones laborales.

Ante todas esas protestas, un líder de un grupo de colectivos del estado Aragua envió un mensaje donde amenaza a quienes se sumen a ejercer su derecho a la manifestación pacífica en las calles.

“Les puede ir mal”

“Esa gente que los está convocando a la calle son los causantes de las medidas que ha tomado Estados Unidos con unas sanciones criminales contra nuestro país”, expresó la persona en un video que difundió el reportero Delmiro De Barrio.

Asimismo, esta persona, en sus amenazas, agregó que ellos como colectivos “están tranquilos”, que solo miran y monitorean. Pero advirtieron que podrían actuar: “A la hora de salir, no queremos chilladera”.

Espacio Público recordó que los colectivos son grupos que el gobierno respalda. En ocasiones, han utilizado armas blancas y de fuego contra los manifestantes.

El accionar de estos grupos ocurre, según denuncian, bajo el amparo de fuerzas de seguridad pública como efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.

“Reclamen lo que tengan que reclamar por equipo, no se dejen manipular por esas personas porque les puede ir mal”, sentenció el vocero del grupo en el video referido. 

Por todo esto, Espacio Público recordó que el derecho a la protesta está garantizado en el artículo 68 de la Constitución y también está contemplado en los acuerdos internacionales que el Estado debe cumplir.

“Las manifestaciones pacíficas son acciones legítimas y necesarias para exigir ajustes en las políticas públicas y la reivindicación ante violaciones de derechos humanos”, añadió la ONG.

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