La activista recordó que Venezuela es el único país de habla hispana que tiene «una norma que criminaliza las relaciones de personas del mismo sexo, aunque de manera limitada solo al ámbito militar»
Tamara Adrián, abogado y activista de derechos de la diversidad sexual, aseguró este jueves, 1 de diciembre, que el cambio de nombre a personas trans «no es un reconocimiento de identidad».
En una entrevista que ofreció al Circuito Éxitos de Unión Radio, Adrián se refirió al anuncio de la Asamblea Nacional, que tiene previsto reunirse con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para iniciar el proceso de cambio de nombre para las personas trans.
Adrián recordó que desde el año 2010 está vigente una ley que permite el cambio de nombre, pero el CNE solo le permitía este derecho a personas cisgénero.
«Esto no es suficiente, esto no es un reconocimiento de identidad. Es un simple cambio de nombre, no implica el cambio de sexo en la documentación», añadió.
Respecto a lo anterior, Tamara Adrián aclaró que ese es el estándar que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia.
«Ese no es un reconocimiento de identidad como el que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es un pequeño paso», acotó.
Asimismo, señaló algunas trabas para las personas trans en Venezuela, como por ejemplo: «Un hombre trans que nació mujer y se identifica como varón, va a buscar trabajo y le cuesta muchísimo, va a buscar una vivienda y le cuesta muchísimo».
«En la práctica, los derechos más fundamentales de la comunidad trans quedan cercenados por esta falta de derecho», añadió Adrián.
Matrimonio igualitario y criminalización de la homosexualidad en los militares
La abogado Tamara Adrián recordó que existe una sentencia en Venezuela que reconoce la «comaternidad».
«Dice que tiene carácter vinculante para cualquier otra pareja de personas del mismo sexo que quiera inscribir a sus hijos con dos madres o dos padres», explicó.
Sin embargo, dijo que Venezuela es el único país de habla hispana que tiene una norma que «criminaliza las relaciones de personas del mismo sexo», aunque de manera limitada «solo al ámbito militar».
«No tiene políticas públicas de inclusión en el área educativa, vivienda, salud, seguridad ni ninguno otros aspectos», dijo.
