Violaciones a DDHH, destrucción y otros excesos deja operativo militar “Roraima 2022” en Bolívar - Runrun

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Redacción Runrun.es Nov 03, 2022 | Actualizado hace 1 año

Violaciones a DDHH, destrucción y otros excesos deja operativo militar “Roraima 2022” en Bolívar
Violaciones a DDHH, destrucción y otros excesos deja operativo militar “Roraima 2022” en Bolívar
Un comerciante de Tumeremo contó a Runrun.es que en el marco del operativo “Roraima 2022” los militares están desplazándose  “tipo asalto” por todas las minas»
“La que más sufrió y primero atacaron fue la población de  Imataca, allí hay indígenas y población minera que fueron afectados. Entraron a sus casas, los sacaron y les lanzaron explosivos. Acabaron con todo ese sector, hasta con las escuelas. Luego, lo ampliaron a otros sectores mineros”, denunció el informante
El medio aliado Correo del Caroní  informó que unos 1.000 mineros resultaron desplazados. 200 de ellos habrían huido a las montañas, a unas 10 horas de Imataca

 

Denuncias sobre atropellos militares y destrucción de medios de trabajo a mineros artesanales se han generado tras la activación del operativo militar “Roraima 2022”, en el marco del cual se desplegaron más de 650 efectivos militares en el Municipio Sifontes de estado Bolívar, para supuestamente actuar contra la “minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas” y la “destrucción ambiental indiscriminada”.

 

El diputado a la AN de 2015, Luis Barragán, indicó este 2 de noviembre que el operativo militar llevado a cabo en los últimos días se tradujo «en la violación de los derechos humanos de los habitantes de esta importante municipalidad guayanesa (Tumeremo)».

En su blog, Barragán escribió que el  «ataque y la presencia militar para el desalojo» en Tumeremo originó la huida de más de mil mineros de Imataca.

Precisó que el operativo «incluyó la quema de la Iglesia aislando a la entidad, bajo el argumento de un desempeño ilegal de grupos considerados como ‘armados y terroristas’, aunque – negando la calificación – los trabajadores refieren una actividad legal que tributa a la Corporación Venezolana de Minería (CVM) por concepto de extracción».

Mineros de Tumeremo exigieron respuestas al gobierno tras denunciar los atropellos sufridos durante el operativo.

“Nuestras cosas y maquinarias han sido quemadas, han sacado al pueblo, como si no valemos nada. Todo el tiempo salimos perjudicados los pequeños mineros”, denunciaba una manifestante el pasado 29 de octubre.

Otro de los mineros comentó a la periodista Pableysa Ostos que, pese a que las operaciones son presuntamente para eliminar la minería legal, ellos han sido atacados aunque compran legalmente sus equipos a la Corporación Venezolana de Minería: “Tenemos guías para moverlo, pagamos planes de arrime, todo eso nos hace legales”, exclamó.

Un habitante y comerciante de Tumeremo declaró a Runrun.es detalló a Runrun.es el gran despliegue militar que han presenciado en la zona. 

“El gobierno nacional ha desplegado un gran lote de efectivos militares con todo el equipamiento, hay tanquetas, aviones sukoi, helicópteros. Están peinando y desplazándose tipo asalto por todas las minas. La que más sufrió y primero atacaron fue la población de  Imataca, allí hay indígenas y población minera que fueron afectados. Entraron a sus casas, los sacaron y les lanzaron explosivos. Acabaron con todo ese sector, hasta con las escuelas. Y luego lo ampliaron a otros sectores mineros”, denunció el informante. 

El entrevistado relató que los grupos armados de la zona supuestamente huyeron a Guyana. “Ese era el interés del Gobierno, sacar los grupos subversivos de allí, pero también le destruyen las máquinas a los mineros artesanales, quienes viven de esa producción”. 

Entre los habitantes de la región se comenta que el supuesto objetivo de esta operación es “limpiar las minas de grupos criminales y guerrilleros para, presuntamente, “entregárselas en el mes de enero a los iraníes”, una versión que no ha podido ser confirmada de forma independiente.

El medio aliado Correo del Caroní reportó que, como consecuencia de esta situación, unos 1.000 mineros resultaron desplazados. 200 de ellos habrían huido a las montañas, a unas 10 horas de Imataca.

El sitio web del medio también reseñó un comunicado de comerciantes de Tumeremo, en donde señalan a la FANB de irrumpir “de manera hostil, prepotente” en sus comunidades:  “Han irrumpido la paz social de nuestro pueblo con la presencia de tanques de guerra, vehículos blindados, aviones de combate, como si fuéramos nosotros un campo de batalla de la segunda guerra mundial”, reclamaron.

En El Callao también hubo protestas tras la incursión militar. La noche del 29 de octubre, los mineros artesanales trancaron el sector cercano a la plaza de Las Madamas. 

“El pueblo del Callao está cansado de los atropellos de la Dgcim, de la GNB, del Gepamo. Nos quitan lo poco que tenemos, nos quieren quitar el poco trabajo que tenemos. ¿Hasta cuándo nos van a atropellar, robar y culpar de cosas que ni siquiera hacemos?”, reclamaba una de las trabajadoras presentes en la protesta. 

La versión oficial se estrella contra la realidad

De acuerdo con la información oficial, la operación “Roraima 2022” busca detener la “explotación y destrucción ambiental indiscriminada por parte de grupos delincuenciales asociados al narcotráfico y la minería ilegal”.

La anterior afirmación la hizo en sus redes sociales el general Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien agregó también que estaban desmantelando estructuras delincuenciales vinculadas con la trata de personas. 

En videos compartidos por el Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana N° 62 del estado Bolívar se observan actividades de detonación de campamentos mineros y el supuesto hallazgo de armas y municiones en las zonas inspeccionadas en el marco de este operativo. 

Tras publicar varias imágenes de campamentos bajo fuego, Hernández Lárez lanzó una advertencia: “Ningún grupo paramilitar podrá explotar la minería arbitrariamente. Venezuela es un Estado de Derecho y de Justicia”. 

El 30 de octubre, el mismo funcionario anunciaba la detención de 4 miembros de la banda delincuencial Las 3R. Según relató, “se enfrentaron con armas largas a una patrulla de la FANB que realizaba labores de patrullaje de seguridad en el área”. El 28 de octubre se reportaron otros 11 detenidos  “en flagrancia” mientras “destruían la reserva forestal” de Imataca, 

Por otra parte, el  2 de noviembre se informó la detención de otras seis personas presuntamente vinculadas a «bandas de minería ilegal», según Hernández Lárez.

En esta fecha también se notificó la incautación de un helicóptero «usado en la estructura logística, sin ningún tipo de registro o permiso legal e identificación para operar», indicó el funcionario en su cuenta de Twitter.

Pese a las afirmaciones del funcionario, en Venezuela los únicos grupos paramilitares confirmados son los colectivos, y no hay certeza de su presencia en la zona minera.

Lo que sí han confirmado investigaciones independientes como la de la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas  es la presencia de la guerrilla colombiana, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC, megabandas y sindicatos mineros. 

Procedimientos irregulares y resultados repetidos

El tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo referencia a ofensivas militares que ha lanzado anteriormente el gobierno tras “reconocer la presencia continua de grupos armados ilegales en el sector minero”. 

Sin embargo, destacan que estos procedimientos no han cambiado la situación de fondo, solo desencadenan reacomodos en las zonas mineras, por lo que los grupos irregulares siguen operando.

La Misión de la ONU mencionó  que en 2018, se activó una ofensiva militar contra los actores irregulares, “despejando esencialmente el camino para nuevas estructuras administrativas y corporativas fuertemente controladas para supervisar la minería del oro en la región del Arco Minero”

En junio de ese año, el entonces vicepresidente Tareck El-Aissami anunció la Operación Manos de Metal, para desmantelar “bandas involucradas en redes de contrabando de oro”. Se aumentó la presencia militar en El Callao y se empezaron a desarrollar las «operaciones de limpieza», como indica la ONU, “supuestamente destinadas a tomar el control de las zonas mineras bajo el control de grupos irregulares”.

Organizaciones no gubernamentales como SOS Orinoco advertían que la Operación «Manos de Metal “eliminó control de las minas por sindicatos, pranes y consolidó el control de la cadena de suministro por chavistas, enchufados y oligarcas de la FANB con sus socios de las FARC y  el ELN”.

La ONG aseguró que, desde entonces, 31 plantas de cianuración “centralizan el flujo de oro y fondos ilícitos”.

El tercer informe de la Misión de la ONU es enfático en afirmar que, a pesar de la presencia militar, los grupos armados operan abiertamente y controlan minas y poblaciones a las que someten a diversos abusos, que van desde asesinatos hasta explotación sexual de mujeres y niñas.

Asimismo, denuncia que el gobierno no había hecho nada para prevenir o detener estos abusos, y los señala incluso de actuar en complicidad con las bandas criminales en algunas zonas de Bolívar. 

“A pesar de los intentos ocasionales de desmantelar los grupos ilegales, existen claros indicios de que algunas autoridades políticas y militares están vinculadas, en distinto grado, con las redes criminales que controlan la producción y comercialización ilegal de oro en el Arco Minero y otras zonas mineras del estado de Bolívar. Las alianzas entre las autoridades estatales y los grupos criminales han tendido a evolucionar con el tiempo”, reza textualmente el informe.

Distintas personas entrevistadas por la Misión coincidieron en señalar que funcionarios del gobierno central y la gobernación de Bolívar “mantuvieron contactos y relaciones con los ‘sindicatos’ o con el ELN.

La Misión también ha recibido testimonios de testigos directos o indirectos de que funcionarios del Estado hacían negocios con los ‘sindicatos’, intercambiando armas, combustible o insumos para la explotación minera a cambio de oro. Por ejemplo, según una fuente consultada por la Misión, algunos ‘sindicato’ pactaron con el Gobierno venezolano la entrega de armas y víveres durante momentos de escasez de alimentos en el país”.

Diversas fuentes confirmaron la Misión de la ONU que “sindicatos” como el de “El Juancho” y el de “El Tren de Guyana” presuntamente” tienen alianzas estratégicas informales con altos funcionarios del Estado, para que este, a través del ejército de la FANB, les provea combustible, y les facilite el transporte de maquinaria hacía las áreas mineras remotas”.

Por otra parte, cabe mencionar que en 2022, además de la Operación Roraima, se desarrolló la operación militar Escudo Bolivariano Autana I en el mes de agosto, encabezada por la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) de la región con el supuesto propósito de “ejercer control interno del territorio, evitar devastación ambiental y el contrabando de material estratégico”.

 Los habitantes de Tumeremo también denunciaron en esa ocasión la quema de campamentos, incautación de maquinaria y robo de  medicamentos de dispensarios. Al igual que como ha ocurrido en el marco de la operación actual, los acusaban de estar “ilegales” para arrasar con sus campamentos y maquinarias, a pesar de que afirmaban tener su documentación legal para laborar y estar avalados por la Corporación Venezolana de Minería (CVM).

En el marco de la Operación Autana se denunció el asesinato de un mototaxista y deportista de 18 años.

La ONG Control Ciudadano aclaró que aunque la minuta del Cicpc indicaba que la muerte se produjo en un supuesto enfrentamiento, ”pobladores y mineros de Tumeremo afirmaron que lo que ocurrió fue una persecución y un presunto ajusticiamiento que ejecutaron los soldados”.

Arco Minero:  zona de devastación y violación de DDHH

“En cumplimiento de su misión, la FANB no permitirá que grupos terroristas armados asociados al narcotráfico y trata de personas, socaven, destruyan y causen daños irreparables al ambiente ecológico en las Reservas  Forestales venezolanas”, recalcaba en un tuit el general Hernández Lara sobre los avances de la Operación Roraima 2022.

Pese a que la FANB invoca la protección ambiental como un justificativo de estos operativos militares, diversos trabajos han comprobado que la destrucción ambiental en la zona ha sido promovida y avalada por el Gobierno. 

Una investigación especial de Runrun.es  y el Correo del Caroní, que contó con el apoyo de Transparencia Venezuela y  publicada en septiembre de 2022 advertía sobre la deforestación acelerada, ríos contaminados, explosión demográfica, invasión de territorios indígenas, colapso de los servicios, aumento de la pobreza y consolidación del control de las minas por parte de los grupos armados en el Arco Minero.

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Entretanto, el tercer informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela concluía que la  “invasión ilegal en territorios indígenas por parte de mineros ilegales y grupos armados, la degradación del medio ambiente, y la violencia generalizada han gravemente afectado la mayoría de las comunidades indígenas en el estado de Bolívar”.

“La deforestación y la contaminación afectan a la fauna, el agua y los recursos hidrobiológicos de los que dependen los pueblos indígenas para sus economías tradicionales de subsistencia. Esto incluye a varios pueblos indígenas que viven en relativo aislamiento, como los hoti (jödi), yanomami y piaroa (uwottüja),  que viven entre los estados de Bolívar y Amazonas, y que se estima, comprenden una población de poco más de 10.000 personas. Estos pueblos son también especialmente vulnerables a las dinámicas sociales perturbadoras y a los abusos asociados a la minería ilegal”, señalaban.

La Misión también advertía que el procesamiento del oro en el Arco Minero permitía que el mercurio se evaporara a la atmósfera, con las consecuencias medioambientales que ello implica. 

“El producto resultante son pequeñas pepitas de oro sin refinar, que en la República Bolivariana de Venezuela se llaman “gramas”. El uso generalizado del mercurio tiene efectos graves y duraderos en la salud de las personas y el medio ambiente”, alertaban.

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