A tres meses del suceso, los testigos claves siguen aislados arbitrariamente en el Hospital Militar Carlos Arvelo en Caracas
La muerte violenta de los indígenas fue denunciada ante distintos organismos internacionales
Hace tres meses cuatro indígenas yanomami murieron a manos de militares en el sur de Amazonas. Pero el delito sigue impune.
El medio regional aliado Correo del Caroní informó que los testigos claves del hecho siguen aislados arbitrariamente en el Hospital Militar Carlos Arvelo en Caracas.
En trabajo de la periodista Laura Clisánchez reseñaron que Seyoma Silva, madre de Borges Sifontes, -adolescente de 16 años herido en los hechos– denunció formalmente ante el fiscal superior del estado Amazonas la retención arbitraria de su hijo.
En redes sociales Olnar Ortiz, abogado y coordinador nacional de pueblos indígenas de la organización Foro Penal, ofreció detalles de la denuncia el 24 de junio.
Traslado arbitrario a Caracas
El asesinato los indígenas ocurrió el 20 de marzo de 2022 en Parima B, municipio Alto Orinoco del estado Amazonas.
En esa fecha, hubo un enfrentamiento entre indígenas yanomami y efectivos de la Aviación Militar de una base de seguridad fronteriza.
Esto debido a que los castrenses negaran el uso o devolución de un router para acceso a internet que era propiedad de los indígenas.
Tras los hechos, a dos de los heridos, Borges Sifontes y su hermano Gabriel Silva, los llevaron al Hospital Militar de Caracas. Y ni la familia, defensa legal o diputados pueden tener libre acceso a la habitación de los testigos.
«Se les prohíben las visitas y salir del cuarto (…) Antes del traslado, Sifontes fue operado tres veces en el Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho. Y requería otra cirugía, pues presenta una fractura expuesta de hombro izquierdo, herida de bala en la pierna derecha y anemia severa (…) Ortiz denunció que al muchacho solo le administraban calmantes«, explica el Correo del Caroní.
El medio también recuerda que a los militares heridos también los sacaron de Amazonas tras pasar cinco días retenidos por la comunidad indígena.
Según denuncias de ONG, el Estado ha intentado «negociar con la comunidad y ocultar los hechos».
Por otra parte, el caso fue denunciado ante la relatoría de derechos de los pueblos indígenas de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional.
Pero, a nivel de la justicia local, no hay avances.