Altos cargos de la PNB no fueron investigados por tortura sexual a joven manifestante en Zulia
La organización asegura que el Estado debe reparar “apropiadamente” el daño que infligió al joven mediante la tortura sexual
En julio de 2017, un joven manifestante fue torturado sexualmente por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). El hecho ocurrió en Maracaibo, estado Zulia.
De acuerdo con la ONG Codhez, aunque los ocho agentes implicados en el hecho fueron condenados, no hay altos cargos la PNB investigados, pese a haber evidencias para iniciar procedimientos disciplinarios y penales.
Además, la organización agrega que el Estado tampoco ha reparado el daño que infligió al joven. “No hay justicia sin reparación a la víctima”, señala Codhez.
“La falta de reparación de la víctima, la ausencia de investigación a altos cargos de la Policita Nacional Bolivariana y la revictimización por el sistema de justicia reafirman la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, bajo el principio de complementariedad. La Corte debe evaluar este caso como muestra del patrón sistemático de violaciones de derechos humanos en Venezuela desde al menos abril de 2017″, sumó la ONG.
No hay justicia sin reparación a la víctima
La organización asegura que el Estado debe reparar “apropiadamente” el daño que infligió al joven mediante la tortura sexual, haber sido sometido a la justicia militar y detención arbitraria por motivos políticos.
“Hasta que estas tres violaciones sistemáticas no hayan sido reparadas, no habrá justicia para la víctima y existirá la posibilidad de repetición de estos graves crímenes”, señala Codhez.
Asimismo, señalan que, en el juicio, se confirmaron actos y omisiones por parte de supervisores y comisionados de la PNB sin los cuales el delito no se hubiera cometido.
No obstante, denuncian que el Ministerio Público ha ignorado estos hechos y “no ha abierto una investigación sobre las responsabilidades penales y disciplinarias que deben enfrentar estos funcionarios”.
Se debió proteger la identidad de la víctima
Según Codhez, en múltiples oportunidades, la víctima ha solicitado la reserva de su identidad por razones de seguridad y privacidad, pero esto ha sido ignorado por el Circuito Penal del Estado Zulia, a pesar de haberse reportado actos de persecución ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público.
“A nivel nacional, el Estado ha implementado una política de exhibición de la identidad de la víctima sin empatía o consideración de los terribles daños infligidos a través de la tortura sexual. Esta política viola el derecho a la seguridad personal y la privacidad, y revictimiza dentro y fuera del proceso penal. Las víctimas merecen respeto. Las víctimas no son propaganda”, denuncia la ONG.
CPI tiene jurisdicción complementaria para conocer del caso
A juicio de la organización, la falta de reparación a la víctima, así como la ausencia de investigación de los altos mandos de la PNB, confirman que en este caso no ha habido justicia plena como han anunciado el TSJ o el MP.
Codhez, en representación y asistencia legal de la víctima, exhorta al Estado venezolano lo siguiente:
- Reparar el daño que ocasionó al joven
- Detener la política de exhibición de los datos identificatorios de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos
- Proteger el derecho a la seguridad personal y a la privacidad de la víctima en el proceso judicial
