Salió a pescar en marzo de 2020 y solo pudo volver a su casa en septiembre de 2021. Durante todo ese tiempo estuvo encerrado junto con otras cuatro personas en instalaciones policiales venezolanas. La intervención de la embajada de Países Bajos hizo posible su liberación. Aquí narra su historia
El 26 de marzo de 2020, cinco pescadores de Curazao fueron detenidos por funcionarios policiales de Venezuela en la isla de Aves de Sotavento, a 146 kilómetros de Willemstad.
Los cinco hombres se trasladaban en dos botes, Alaika y Elsa. Llevaban con ellos 6.900 dólares, que invertirían en la compra de un cargamento de pescado que posteriormente venderían en Curazao. El propietario del Alaika era Wolfgang Martínez, un venezolano de 50 años de edad que reside en Curazao desde 1991.
“Aprendí a pescar por instinto, mi papá sabía pescar, pero no era profesional. Nuestro sitio de pesca estaba en el parque nacional Morrocoy y recuerdo que en mi casa había tres lanchas para transportar turistas, pero con el tiempo cada quien escogió un rumbo diferente”, cuenta Martínez, oriundo del estado Falcón.
Inicialmente, las autoridades venezolanas alegaron que Martínez y los otros cuatro hombres contrabandeaban combustible desde Venezuela. Posteriormente, la fiscalía encargada del caso cambió las imputaciones y los cinco fueron acusados por tráfico de drogas.
Los humildes trabajadores del mar pasaron casi año y medio detenidos en Venezuela. Gracias a las diligencias de la embajada de Países Bajos en Caracas y la intervención de la Comisión Especial para la Reforma del Sistema Judicial, que preside Diosdado Cabello, recuperaron su libertad en septiembre de 2021 y fueron llevados a Curazao en un vuelo humanitario.
“Yo tuve que dejar mi bote en Venezuela, fue mi instrumento de trabajo por seis años para ganarme el pan de cada día. Todavía la fiscal está interesada en dinero a cambio de devolverme mi bote”, denuncia Martínez en conversación con Crónicas del Caribe.
Martínez insiste en que durante su cautiverio en Venezuela fueron extorsionados y exige que las autoridades del país le devuelvan dos equipos celulares, la suma de 1.275 dólares y los documentos del seguro médico de Curazao.
– ¿Cómo describe lo que vivió el día de su detención?
– No nos detuvieron, nos secuestraron. Ese día, a las 2 de la tarde, veo venir una lancha con un movimiento extraño. Yo estaba en tierra (en la isla de Aves de Sotavento) y cuando me doy cuenta, consigo a dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en mi bote revisando mis pertenencias. Uno de ellos vestía un uniforme con las siglas DIP (Dirección de Investigaciones Penales de la PNB).
Los funcionarios inmediatamente me preguntaron dónde estaba la droga y les expliqué que yo trabajo con pescado. Luego de un forcejeo con los demás, me apuntaron con una pistola. Adentro -en el bote- yo tenía 6.900 dólares para comprar pescado. Ese monto lo agarraron y lo reseñaron en el expediente. Luego, me obligaron a subir en la lancha Elsa. Yo conocía al dueño de esa lancha, mas no a los tripulantes que estaban allí.
El dueño del bote no estaba. El capitán, todo nervioso, no pudo encenderlo y como a las 6 de la tarde un policía sí lo logró. Llegamos a Tucacas, estado Falcón, y hasta allá fue una fiscal a acusarnos.
Al principio no estuvimos en una comandancia de la policía, sino en un taller. Ahí llegó la señora fiscal con su auxiliar. Para mi sorpresa, llegaron a interrogarnos, violando nuestros derechos.
Luego, nos trasladaron a una comandancia de la policía turística y ahí nos tuvieron por siete días. El 4 de abril, a las 2 de la madrugada, fuimos trasladados al Tocuyo de la Costa. Ahí empezó el infierno de la corrupción. Nosotros pagamos hasta 3 mil dólares para que no nos metieran en un cuarto chiquito. Después de un año la fiscal por fin se presentó y pudimos celebrar la audiencia preliminar.
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