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Prorrogado por dos años decreto de inamovilidad laboral

Los patronos de las empresas y entes público no pueden despedir ni desmejorar los beneficios de los trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2022. Esta medida comenzó a aplicarse en 2002 por órdenes del entonces presidente Hugo Chávez, y ha sido prorrogada cada año

 

La gestión de Nicolás Maduro extendió el decreto de inamovilidad laboral que afecta tanto del sector público como al privado.

El decreto N° 4.414 se publicó en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.611 del pasado 30 de diciembre, y en su artículo 2 establece que “las trabajadoras y trabajadores amparados por este Decreto no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa calificada previamente por el Inspector o Inspectora del Trabajo de la jurisdicción”.

Quedan exentos de este decreto los empleados que ejerzan cargos directivos y aquellos que cumplen contratos por tiempo definido, bien sea por tiempo o por funciones determinadas.

Si un trabajador es despedido, o sus beneficios son desmejorados de alguna forma, dispone de 30 días para interponer una denuncia ante el inspector del trabajo de la jurisdicción y solicitar el restablecimiento de su puesto de trabajo y demás beneficios contractuales.

Asimismo, establece sanciones para los empresarios o patronos que obstaculicen o desacaten la orden de reenganche y restitución de la situación jurídica infringida sobre un trabajador.

Esta medida comenzó a aplicarse en 2002 por órdenes del fallecido presidente Hugo Chávez, y ha sido continuada cada año por Maduro.

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Los patronos de las empresas y entes público no pueden despedir ni desmejorar los beneficios de los trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2022. Esta medida comenzó a aplicarse en 2002 por órdenes del entonces presidente Hugo Chávez, y ha sido prorrogada cada año

 

La gestión de Nicolás Maduro extendió el decreto de inamovilidad laboral que afecta tanto del sector público como al privado.

El decreto N° 4.414 se publicó en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.611 del pasado 30 de diciembre, y en su artículo 2 establece que “las trabajadoras y trabajadores amparados por este Decreto no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa calificada previamente por el Inspector o Inspectora del Trabajo de la jurisdicción”.

Quedan exentos de este decreto los empleados que ejerzan cargos directivos y aquellos que cumplen contratos por tiempo definido, bien sea por tiempo o por funciones determinadas.

Si un trabajador es despedido, o sus beneficios son desmejorados de alguna forma, dispone de 30 días para interponer una denuncia ante el inspector del trabajo de la jurisdicción y solicitar el restablecimiento de su puesto de trabajo y demás beneficios contractuales.

Asimismo, establece sanciones para los empresarios o patronos que obstaculicen o desacaten la orden de reenganche y restitución de la situación jurídica infringida sobre un trabajador.

Esta medida comenzó a aplicarse en 2002 por órdenes del fallecido presidente Hugo Chávez, y ha sido continuada cada año por Maduro.

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