Ambos son reclamados por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con blanqueo de capitales
La Policía Nacional detuvo este miércoles a Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del ex presidente venezolano Hugo Chávez, y a su marido, Adrián Velásquez, ambos reclamados por Estados Unidos por delitos relacionados con blanqueo de capitales, según informan fuentes policiales a Europa Press.
La operación ha sido coordinada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Fuentes jurídicas informan que ambos detenidos pasan este miércoles a disposición judicial ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz (que se encuentra sustituyendo al hasta ahora titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, tras su marcha al Eurojust).
El magistrado instructor les informará en esta comparecencia de la petición de extradición realizada por las autoridades estadounidenses y de los delitos por los que están reclamados. Asimismo, deberá decidir si les envía a prisión provisional, o por el contrario les deja en libertad, mientras se tramita la extradición.
Ya fueron detenidos en abril de 2018, reclamados por Venezuela
Ambos ya fueron detenidos en abril de 2018 después de que la Embajada de Venezuela emitiera una orden de detención por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito contra la también ex directora de la Oficina Nacional del Tesoro y su pareja que, según la prensa venezolana, ejerció como jefe de seguridad del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano.
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó casi un año después, en febrero de 2019, rechazar sus extradiciones a Venezuela debido a la “posible vulneración de derechos fundamentales” de la que podrían ser víctimas en caso de ser entregados.
Se trata de una decisión que adoptaron los magistrados por mayoría, pero no por unanimidad, tras estudiar los recursos que presentaron contra la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de autorizar su entrega a Venezuela.
