A Carlos Jiménez le cuesta describir lo que sintió cuando reconoció a su hermano en la morgue del hospital. Se sorprendió, se indignó, se asustó. Tenía mucho tiempo sin verlo. No puede evitar estremecerse cuando le viene a la mente la imagen de un cuerpo con la piel pegada a los huesos, un cuerpo distinto al que tenía en su memoria. morir
“Estaba totalmente desnutrido y acabado, era prácticamente un esqueleto. Los pómulos estaban hundidos, no tenía estómago y se le marcaban los huesos de la cadera y las costillas. Realmente nos sorprendimos con eso”.
Los custodios del Centro Penitenciario 26 de Julio de San Juan de los Morros hacían el conteo diario de los presos cuando se dieron cuenta que faltaba uno de ellos. Inspeccionaron las celdas y hallaron sin vida a Carlos Eduardo Jiménez. Eran las 5:00 am del martes 9 de junio.
Su hermano se enteró horas después, alrededor de las 4 de la tarde, por una llamada que hizo su sobrina para avisarle la mala noticia a la familia: “Mi papá Carlos se murió”. Trató de confirmar la información con otros allegados antes de salir de San Fernando de Apure al estado Guárico con su hermana.
Tuvieron que pedir cola a las personas que se iban encontrando en el camino y pasar las alcabalas que los paraban preguntándoles la razón de su viaje en plena cuarentena por coronavirus. Un trayecto que normalmente podían recorrer en cinco horas, les llevó casi dos días.
En Guárico debieron ir de un sitio a otro. El primer paso fue buscar la boleta de excarcelación en el centro penitenciario. Al llegar, los recibieron de la peor manera en la entrada. “¿Qué me trajiste?”, les preguntó una custodia que esperaba un “pago” si querían ser atendidos. “Espere afuera, al frente”, le contestó ante la negativa de retribución alguna.
Ambos esperaron más de cuatro horas por el documento de excarcelación de Carlos Eduardo. En ese tiempo, hablaron con familiares de algunos presos que esperaban su excarcelación por parte de la ministra Iris Varela, basándose en el Régimen de Confianza Tutelado para disminuir el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles. “Una señora nos contó que a mi hermano lo tenían castigado. Gritaba que lo estaban dejando morir de hambre y la noche antes de morir un custodio le llevó comida. Se la comió y empezó a preguntar qué le habían dado, que lo estaba quemando por dentro. En la mañana lo sacaron muerto”.
Ver el cuerpo de su hermano en la morgue los dejó paralizados, sorprendidos del estado de desnutrición que presentaba el cadáver de Carlos Eduardo. No pesaba más de 30 kilos. “Ya tenía dos días ahí en la cava, fue feo. Cuando lo prepararon en la funeraria, tuvieron que rellenarlo con sábanas de lo flaco que estaba”, cuenta Jiménez.
En el acta de defunción que les entregaron dice que la causa de muerte fue por tuberculosis y desnutrición, luego de haberle practicado una autopsia. “Murió fue de hambre”, expresa una de sus primas. No sería el primero: según informes del Observatorio Venezolano de Prisiones, de los 104 presos que murieron en el año 2019, 66 fueron por razones de salud. El hacinamiento en las cárceles venezolanas ha sido el caldo de cultivo para el incremento de enfermedades graves.
Pero Carlos es incrédulo a esa versión. “Unos trabajadores de la funeraria nos dijeron que no le hicieron autopsia a mi hermano. Siempre que uno lo visitaba o hablaba con él, estaba bien. Lo único que decía es que estaba flaco”. Sobre todo después de haber escuchado lo que una familiar de un preso le dijo sobre las condiciones en las que estaba su hermano tras las rejas.
Sin vehículo personal y por las restricciones de movilidad por la pandemia, para el traslado del cuerpo de Guárico a Apure tuvieron que pagar 400 dólares. “Reunimos el dinero entre varios familiares, recogiendo plata entre todos”.
“Lo estábamos esperando”
Carlos no hablaba con su hermano desde febrero de 2019. Antes de la pandemia ya eran pocas las oportunidades que tenía de verlo: el Ministerio de Asuntos Penitenciarios había prohibido la visita de hombres a las cárceles de régimen cerrado y, como la mayoría de los miembros de su familia también lo son, no había muchas opciones.
Su madre intentaba visitarlo cuando podía. Moverse de un estado a otro, en un país con problemas de transporte, no es tarea sencilla. Cuando lo lograba, le llevaba comida, se aseguraba que estuviera bien. Aguantaba el proceso de revisión en la entrada, que escarbaran la comida en busca de algún objeto sospechoso y que pasaran todo por un escáner. A veces, si se podía, recibían llamadas de él. “Alquilaba teléfonos y nos llamaba”.
Todo empeoró con la llegada del coronavirus. Las visitas se restringieron y así también la posibilidad de llevarle alimentos, que el Estado venezolano no le garantiza a los presos. Ella fue la última persona en la familia en verlo. Tenían meses sin saber de él. “Después de la cuarentena, más nunca nos llamó. No nos pudimos comunicar con él. No sabemos qué pasó”.
Desde el año 2019 debían otorgarle una medida de confinamiento y en enero de 2020 la libertad plena por cumplir con todos los años de su pena. Esto no ocurrió. Sus familiares fueron múltiples veces a tribunales para presionar que se llevara a cabo la audiencia para su libertad, pero siempre encontraban una razón distinta para no tomarlos en cuenta: que había que esperar, que no había vehículos disponibles para el traslado al Tribunal de Ejecución de San Fernando de Apure. La última vez le dijeron que “dejáramos eso así porque Carlos no iba a salir por ahorita”.
Carlos Eduardo Jiménez recorrió siete recintos penitenciarios: el primero fue el Internado Judicial de Apure y le siguieron el del estado Barinas (Injuba), Tocorón en Aragua, el Cepella en Portuguesa, el Centro Penitenciario David Viloria en Lara. De ahí fue trasladado hasta la Comunidad Penitenciaria de Fénix y finalmente a la cárcel 26 de julio, donde estuvo tres años tras las rejas. Ahí lo encontraron sin vida.
La población carcelaria en Venezuela es de 43.992 presos encerrados en lugares con capacidad para albergar poco más de 26.000, según el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Aunque el número disminuyó en comparación con otros años, el hacinamiento continúa: las condiciones en las cárceles son precarias, indignas e insalubres. El retardo procesal es otro de los fenómenos que ponen en evidencia las fallas en el sistema de justicia venezolano: 61 % de los privados de libertad todavía están bajo un proceso penal no concluido.
Ese número llegó a 100 desde que en los tribunales penales venezolanos no se están realizando audiencias por los decretos de estados de alarma, en el marco de la cuarentena obligatoria por el coronavirus. Aunque según la ley la administración de justicia es de carácter permanente y los Estados de Excepción no interrumpen el funcionamiento de los Poderes Públicos, en la práctica no ocurre de la misma manera.
En un comunicado de Acceso a la justicia y el OVP, las organizaciones ven con preocupación los decretos de estado de alarma porque pueden ser una excusa para que el Estado no garantice el acceso a los órganos de justicia, debido proceso y la libertad personal. «Las autoridades nacionales han fallado a la hora de tomar dichas medidas sin afectar a otros derechos fundamentales».
Sus familiares contaban los días para que Carlos Eduardo fuera puesto en libertad y volviera a casa. “Nosotros lo estábamos esperando”. Carlos piensa en la muerte de su hermano y se indigna. “A pesar de los delitos que cometa el familiar de uno o cualquier persona, para eso está siendo juzgado. No es para que el gobierno los deje morir de hambre. Si están pagando condena, deberían garantizarle la vida. Ellos no están condenados a muerte”.
