El diputado Alfonso Marquina aseguró que la administración de Maduro pretende judicializar la protesta
Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) rechazaron la represión de los últimos días en contra de los ciudadanos del estado Lara, quienes protestaban por fallas en los servicios públicos, específicamente por la falta de energía eléctrica.
En la sesión virtual de este martes, 26 de mayo, los diputados aprobaron un Proyecto de Acuerdo donde exigen la liberación de los detenidos y también anunciaron la solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de una medida cautelar de protección a los habitantes de la urbanización Sucre de Barquisimeto.
El diputado Guillermo Palacios (UNT-Lara) aseguró que este sector ha sido «atropellado» de forma constante y permanente por parte de la administración de Nicolás Maduro.
Palacios agregó que los larenses se han visto afectados con cortes de luz por 12 horas, así como fallas en el servicio de agua, gas y ahora la gasolina.
“Esta situación ha provocado los reiteradas manifestaciones, protestas y cacerolazos en el estado Lara, por lo que los cuerpos de represión del Estado han arremetido contra los habitantes de los sectores Sucre, el Tocuyo y Carora deteniendo a los jóvenes activistas políticos, sociales y ciudadanos que han manifestado su descontento por la situación caótica de los servicios públicos en el estado Lara”, explicó.
La AN denuncia torturas
Los diputados del estado Lara también denunciaron que los detenidos en el marco de las protestas, han sido víctimas de torturas y malos tratos.
La parlamentaria Ana Salas (Independiente-Lara) señaló que el joven Giovanny Meza, uno de los privados de libertad, convulsionó en plena audiencia de presentación. La juez ordenó el traslado al Hospital Central de Barquisimeto, «pero ante la precariedad del centro de salud, fue trasladado a una clínica privada, donde le detectaron que tenía 5 costillas fracturadas».
Igualmente el diputado Alfonso Marquina (PJ-Lara) agregó que la administración de Maduro, pretende criminalizar y judicializar las protestas. Señaló que en la urbanización Sucre fueron 5 detenidos; 7 en Carora y 13 en el Tocuyo.
“La Juez 7ma de Control del estado Lara, Ana Tovar, había dictado libertad condicional para los detenidos, pero recibió una contraorden superior que la obligó a cambiar su sentencia, por lo tanto, quedaban privados de libertad, sin importarle que entre los detenidos había dos jóvenes Humberto Carreño que sufre de escoliosis severa y es operado de la cadera, tiene 21 tornillos en su columna y Luis Pérez, quien tiene síndrome de Down”, dijo Marquina.
En el Proyecto de Acuerdo indican que solicitarán a los organismos internacionales de Derechos Humanos, entre ellos la CIDH y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que demanden a la administración de Maduro el cese de los atropellos y arbitrariedades contra la población, «apoyándose en el estado de excepción impuesto a propósito de la pandemia por COVID-19 y exijan la ejecución de medidas de protección a los grupos más vulnerables ante la propagación de esta enfermedad».
Los diputados de la AN también exigen la liberación inmediata de todos los detenidos y condenaron las formas de torturas, tratos crueles e inhumanos a los que han sido sometidos.
