Tamara Adrián advierte que COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a la comunidad LGBTIQ - Runrun
Tamara Adrián advierte que COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a la comunidad LGBTIQ
La parlamentaria agregó que los más vulnerables son los que se encuentran en centros de aislamiento o refugios

La Asamblea Nacional aprobó un Proyecto de Acuerdo en el que exhortan a los organismos del gobierno interino y a la sociedad venezolana en general a evitar la discriminación, exclusión, estigmatización, violencia verbal o física en contra de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersex, especialmente en el marco de la pandemia de la COVID-19.

La diputada Tamara Adrián (VP-Distrito Capital) alertó que la pandemia ha afectado de manera diferenciada y agravada a la comunidad LGBTIQ, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, entre otros organismos internacionales.

Igualmente refirió que esta situación es peor para los migrantes o refugiados venezolanos que han regresado al país y se encuentran en albergues pasando la cuarentena. Por eso indicó que el Acuerdo lo que busca es que los órganos del gobierno interino más las ONG, que se ocupan del tema del COVID-19, «puedan visibilizar aquellas situación que eventualmente están dentro del marco de lo que propone estos organismo internacionales”.

Igualmente refirió que esta situación es peor para los migrantes o refugiados venezolanos que han regresado al país y se encuentran en albergues pasando la cuarentena.

En el Proyecto de Acuerdo se expresa que los organismos multilaterales exhortan a sus Estados miembros a tomar medidas en relación a la violencia en el ámbito familiar, a la falta de atención igualitaria en los centros de salud, a la pobreza que afecta a esta población, especialmente a las personas transgénero y a la discriminación, violencia y segregación que sufre esta población en centros de aislamiento y campos de refugiados.

Igualmente se indica que se deben establecer mecanismos de seguimientos, desde las Comisiones y Subcomisiones de la Asamblea Nacional, «sobre los impactos diferenciados que pueda tener en Venezuela la pandemia de la COVID-19 sobre la población LGBTIQ, con la colaboración de los organismos e instituciones que el Gobierno interino ha establecido para ocuparse del tema». 

También se propone en el Acuerdo, presentado por Tamara Adrián, revisar la legislación vigente en Venezuela, para proponer proyectos de ley que acaben con la segregación legal y establezcan la igualdad efectiva ante la ley de este grupo.

El control lo tiene la junta ad hoc

En la misma sesión, el diputado Alfonso Marquina presentó también un Proyecto de Acuerdo para ratificar que los activos recuperados del Banco Central de Venezuela (BCV) pueden ser administrados únicamente por la junta ad hoc, nombrada por la Asamblea Nacional.

“Dentro del marco de este estatuto de manera expresa establece en su artículo 36 que los recursos recuperados no podrán ser dispuestos ni ejecutados ni por el gobierno interino ni por la Junta Administradora Ad Hoc, sin la previa autorización de la Asamblea Nacional”, explicó. 

Marquina señaló además que de acuerdo al artículo 319 de la Constitución y el artículo 37 numeral segundo de la Ley del BCV, sobre su autonomía, la junta administradora ad hoc, puede definir las condiciones del préstamo que va a otorgar al gobierno interino, con la intención de hacerle frente a los gastos y compromisos originados a través del Fondo para la Liberación de Venezuela. 

Sin embargo la fracción 16 de Julio rechazó este Proyecto de Acuerdo, porque consideran que la recuperación de los activos es una tarea del gobierno de transición, «de acuerdo a los artículos 28 y 36 del Estatuto para la Transición».

También indicaron que la aprobación de este Acuerdo, los aparta del interés de la población que es el «cese de la usurpación».

«Es inaudito dedicar los esfuerzos políticos y presupuestarios de la AN a contrataciones de firmas internacionales y otras operaciones dedicadas a la captación de esos recursos robados y no al cese usurpación», agregaron a través de su cuenta de Twitter.

La fracción considera también que ese debate, en estos momentos, es inoportuna por los «cuestionamientos y desconfianza que se han generado sobre la falta de rendición de cuentas en el manejo de recursos por parte del interinato».