Este jueves se cumplen dos meses del día en el que la adolescente Ángela Aguirre, de 16 años, fue asesinada durante una fiesta en la isla La Terecaya, en el río Caroní (Puerto Ordaz, estado Bolívar).

Desde entonces hasta acá nada está claro en torno de su muerte. Ha habido dos autopsias, decenas de protestas de sus familiares y amigos y el apresamiento de siete personas (cinco hombres y dos mujeres) que estaban con ella en la noche en la que desapareció, la del sábado 23 de marzo.

Pero nada más. Fue por eso que este miércoles, la Subcomisión de la mujer e igualdad de género de la legítima Asamblea Nacional emitió un acuerdo en el que rechaza las turbiedades que han salpicado el caso y en el que continúa exigiendo justicia.

La subcomisión, que presiden los diputados Manuela Bolívar y Miguel Pizarro, es parte de la Comisión permanente de desarrollo integral social. En el documento explican que desde que el cadáver de la adolescente flotó en el río Caroní el martes 26 de marzo, la justicia venezolana solo ha dado indicios de querer favorecer a los señalados como responsables de la muerte.

“Desde el principio del caso, sus padres han reportado una serie de irregularidades donde la justicia del Estado violento y patriarcal trata de invisibilizar el crimen. El caso se ha visto enredado en una serie de de soborno, cambio de fiscales y encubrimiento”.

También detalla que hubo una segunda autopsia con la que se pretendió cambiar los resultados de la primera, en la que se determinó que la muchacha, habitante de San Félix y estudiante de quinto año de bachillerato, había sido violada. El resultado del segundo examen habla de “muerte accidental”.

Protesta permanente

Al día siguiente de la desaparición de Aguirre, las siete personas involucradas (incluyendo a José Alberto Cedeño, de 18 años, a quien en un mensaje de voz que grabó antes de morir, Aguirre acusó de haberla violado) fueron detenidas. Los familiares y amigos de la víctima han denunciado que hubo pagos de sobornos a fiscales y a autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas (Cicpc) para favorecer a los responsables. De esa denuncia también es eco el documento de la AN.

“Rechazamos la pretensiones, por parte de las autoridades, de cambiar y ocultar los hechos del asesinato y exigimos justicia para Ángela Aguirre y para su familia”, apunta.

La semana pasada, la abogada de la familia Aguirre refirió que los siete detenidos tenían privilegios en el lugar en el que están: el Eje de Homicidios del Cicpc en San Félix. La familia continúa protestando para que haya justicia, una manifestación que ha acompañado la sociedad guayanesa.

@marcosdavidv