CON EL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA a Ecuador aprobado esta semana, el de Argentina que data de 2018 y la grave crisis económica de Venezuela, el Fondo Monetario Internacional vuelve a implicarse en Latinoamérica después de años de distanciamiento y recelos.

«Lo único que sorprende de Ecuador es el tiempo que ha tardado en solicitar la asistencia del FMI, porque lleva un tiempo bajo una importante presión financiera», dijo a Efe Mónica DeBolle, economista del Peterson Institute de Washington y profesora la Universidad Johns Hopkins.

«Lo que probablemente ha pasado es que, además de los problemas internos, se ha sumado la presión adicional de la crisis de la migración venezolana y el efecto fiscal que conlleva», agregó.

El préstamo a Ecuador confirma el regreso de la institución financiera internacional, la punta de lanza de la ortodoxia de la economía de libre mercado, a una región que en los últimos años había apostado por políticas más izquierdistas.

En este sentido, Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, rápidamente criticó el acuerdo, que calificó de innecesario y como «un garrotazo al pueblo ecuatoriano».

«Un acuerdo con el fondo no es ningún logro, es solo sometimiento», remarcó Correa en una entrevista con Efe en Bélgica, donde reside actualmente.

El tabú se rompió en 2018 cuando Argentina, el país latinoamericano con una relación convulsa con el FMI después del fallido plan de rescate de comienzos de siglo, recurrió a la institución.

De manera inesperada, el presidente argentino Mauricio Macri llamó a las puertas del FMI en mayo de 2018 para solicitar un préstamo multimillonario, cuyo monto tuvo que ampliarse más tarde, en septiembre, a 56.300 millones de dólares, en medio del desplome del peso y las dudas financieras de los mercados sobre la sostenibilidad económica.

El plan, de tres años de duración, exige agudos recortes en el gasto público por parte de Argentina para equilibrar las cuentas públicas.

Caso aparte es la profunda crisis de Venezuela, sobre la cual la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha abierto ya la puerta a un programa de asistencia, aunque deberá ser solicitado previamente por el gobierno de Caracas.

Por ahora, la institución financiera no ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino del país, lo que complica el panorama.

Hasta el momento, más de 50 países han reconocido a Guaidó como el mandatario interino de Venezuela, entre ellos Estados Unidos, Canadá y el Grupo de Lima así como la Unión Europea; mientras que otros como Rusia, China y México siguen considerando a Maduro como jefe del gobierno.

«Tendremos un trabajo monumental en nuestras manos respecto a Venezuela, porque es un país que no ha abierto sus puertas al FMI en los últimos 15 años», afirmó Lagarde hace una semana, sin ofrecer más detalles.

Los analistas consultados cifran la ayuda necesaria para estabilizar la economía de Venezuela, que ha perdido 50% de su PIB en los últimos 5 años y enfrenta una espiral de hiperinflación, en torno a los 65.000 millones de dólares.

«Venezuela va a ser, creo, el mayor lío. Y hemos tenido una historia de grandes líos en Latinoamérica con el FMI. Pero el de Venezuela, probablemente, va a ser mucho mayor que cualquiera de los que hayamos vivido en el pasado», subrayó DeBolle.

La crisis venezolana es un problema que va más allá de sus fronteras y que está desbordando a la región, puesto que se calcula que más de 3 millones de personas han salido en los últimos años del país para escapar de la precaria situación económica.

DeBolle remarcó que si bien no ve «a otros países en el corto plazo recurriendo al FMI, porque no tienen problemas externos, sí que hay naciones que van a sufrir graves situaciones fiscales», entre las que mencionó a Colombia, Perú y Brasil.

Terminado el boom de los precios de las materias primas de la década anterior, la economía latinoamericana ha perdido impulso y, lo que parece más grave, no ha aprovechado la ocasión para realizar las reformas necesarias a fin de lograr un crecimiento más sostenible y equilibrado.