CLAUDIA PATRICIA GUILLÉN, quien fuera enfermera personal del fallecido Hugo Chávez y que está detenida desde hace unos meses en España, rechazó el 6 de noviembre su extradición a Venezuela por delitos de blanqueo y malversación y alegó que con su entrega se pone en “grave riesgo” su vida.

Díaz Guillén apeló la decisión de la Audiencia Nacional española, que el pasado 26 de octubre aprobó su extradición y en su recurso, aprovechó para recordar que el Estado venezolano “no respeta los derechos humanos” y que en la actualidad está sancionado por la Unión Europea.

El abogado de la exenfermera de Chávez argumentó para oponerse a la extradición que en Venezuela existe un clima de violencia y recurre a palabras del opositor venezolano Lorent Saleh, que llegó a España hace un mes, y que denunció torturas. Añadió que en la actualidad su cliente “es objeto de una constante persecución política, simplemente por el hecho de no acatar las directrices” de Maduro.

Díaz Guillén fue arrestada en Madrid el pasado mes de abril junto a su marido, Adrián José Velásquez, quien ejerció de jefe de seguridad de Chávez y que también está reclamado por Venezuela por los mismos delitos, si bien su vista de extradición se celebrará el próximo día 16.

La defensa de ella sostiene que al matrimonio “le han montado un expediente simulado, bajo la apariencia de un delito común, escondiendo motivaciones espurias”, dado el “modus operandi” del Servicio de Inteligencia de Venezuela (Sebin).

Además, alega que Venezuela no incluyó en su petición de extradición “ni una sola descripción”, “ni un solo hecho” que respalde las acusaciones contra ella: “Tan solo se aporta el recorte de prensa sobre los ‘Panamá Papers’”.

La justicia venezolana la reclama por presuntos delitos de blanqueo, asociación ilícita y malversación, en vista de que su nombre aparece en la investigación de los “papeles de Panamá” por, supuestamente, haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para “blindar” una fortuna no declarada, según la Fiscalía de Venezuela.

El tribunal español que aceptó la entrega a Venezuela afirmó que no se han probado las “motivaciones espurias” de ese país contra la mujer, aunque la defensa cree que “sería anecdótico” que ese o cualquier otro país “mostraran claramente motivaciones de carácter de persecución política”.