“Les dijimos que no queríamos policías aquí», fue lo último que escuchó Osman José Castillo Granado, funcionario activo de la Policía Municipal de Caroní (PMC), el 23 de marzo. Esa noche fue a buscar a su pareja en la casa Nº 16 del barrio Francisco de Miranda, un sector populoso de San Félix en el estado Bolívar. Pero apenas entró a la vivienda fue interceptado por cuatro maleantes. Lo golpearon, le quitaron su arma de reglamento y lo asesinaron con al menos 12 balazos visibles. Solo 10 fueron entre la cara y la cabeza.

El oficial Castillo tenía 26 años y estaba adscrito a la Brigada Motorizada de la PMC, en el centro de San Félix, que a su vez pertenece a la comisaría de Nueva Chirica. A dos semanas del asesinato, en este centro policial nadie quiere declarar oficialmente a la prensa. Solo una oficial, de unos 21 años, respondió: “investiguen, reporten esto… Este es el país al revés, los malandros son los que mandan y matan a la policía”.

El asesinato de Osman Castillo estremeció a los oficiales de la Policía Municipal de Ciudad Guayana. Las investigaciones apuntan a que el móvil es la venganza de una banda armada que opera en el barrio Francisco de Miranda, una comunidad popular ubicada en la parroquia Dalla Costa de San Félix.

El origen de la supuesta venganza se remonta al 30 de enero, cuando dos funcionarios de la Brigada Ciclista de la PMC se enfrentaron a al menos seis sujetos armados que estaban merodeando el Cementerio Municipal de Chirica. En el intercambio de balas, uno de los maleantes murió.

Dos días después, el 1 de febrero, dos oficiales de la PMC que residían en el barrio Francisco de Miranda recibieron información de sus propios vecinos de que debían salir de la zona. “Por tu seguridad, es mejor que te vayas de aquí”, le advirtieron a Osman Castillo. Esto lo confirmaron otros oficiales de la PMC.

“Él era un funcionario bueno, de los que no tenía problemas ni con los compañeros ni en los procedimientos”, dijo un funcionario policial que pidió mantener su nombre en reserva. “Los policías ahora tenemos que ir por la calle de en medio, para no meternos en problema ni con el gobierno ni con los malandros”, adujo.

Castillo decidió irse del barrio Francisco de Miranda, donde vivía en casa de la familia de su concubina, Treisy Carvajal, en la calle Las Flores. El 23 de marzo, luego de salir de su guardia, regresó solo a buscarla. Al entrar, cuatro sujetos armados entraron a la casa y lo mataron en frente de su mujer. “Mira, para que no se te olvide”, le dijeron. “Aquí no queremos policías”, fue la sentencia de su muerte.

Monitor de Víctimas contactó a Treisy Castillo vía telefónica, pues tuvo que abandonar la ciudad junto a su familia. En un principio se mudó a la parroquia Unare, en Puerto Ordaz, al otro lado de Ciudad Guayana, pero también allí fueron amedrentados por delincuentes.

Castillo prefirió no declarar a la prensa. “Estoy muy afectada, todavía no me salen las palabras”, fue su única respuesta. Se pudo conocer que ella no cuenta con respaldo o protección ni del Ministerio Público ni del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), entes que llevan el caso.

Dalla Costa, donde ocurrió el crimen, es una de las parroquias más violentas del municipio Caroní desde hace al menos cinco años. Reportes del medio regional Correo del Caroní apuntan que en 2013 fue la circunscripción más violenta entre octubre y noviembre; mientras que en el balance de 2015 se ubicó en el cuarto lugar, con 59 de los 547 homicidios registrados en las 11 parroquias de Ciudad Guayana.

No hay detenidos

El jefe de la división de homicidios del Cicpc en Guayana, Joel Gil, respondió que “el caso está policialmente resuelto”. Son cuatro los implicados, están identificados, y próximamente serán detenidos, resumió. Pero para el 10 de abril, 18 días después del homicidio del policía municipal, no ha habido aprehendidos. Gil no respondió la razón de la tardanza.

El comisario aseguró que la banda delincuencial implicada se dedica al robo de vehículos y cobro de vacunas o extorsión, pero no dio los nombres de los responsables del crimen.

El Fiscal Superior del estado Bolívar, Orlando Alcalá, se excusó en “no estar autorizado para dar declaraciones” sobre el caso. Monitor de Víctimas esperó por una semana que el recién designado Fiscal Superior fuera autorizado desde Caracas, pero el funcionario no respondió las llamadas ni los mensajes.

Al menos dos efectivos de Policaroní han sido expulsados del sector Francisco de Miranda

Asedio a la familia Carvajal 

Tres días después del asesinato de Osman Castillo, el 26 de marzo, la familia de su concubina Treisy Carvajal fue asediada por un grupo de personas. En una minuta oficial de la PMC se reporta que a las 12:04 de la madrugada querían entrar por la fuerza a la casa. “La amenazaron de muerte y querían quemarle su residencia, motivo por el cual procedimos a trasladarnos a dicho sector (…) Logramos observar una unidad radio patrullera de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que se encontraba rodeada por varios ciudadanos”, reza el parte.

Los ciudadanos que rodeaban la patrulla de la GNB, según la policía, se enfrentaron a los 12 funcionarios municipales que se aproximaron a la calle Las Flores de Francisco de Miranda. “Pudimos dispersar a los ciudadanos con duras técnicas de control ciudadano”, indica la minuta.

Luego del enfrentamiento fueron detenidas seis personas: cuatro hombres y dos mujeres. Los ciudadanos Yoel Antonio Plaza Aguilarte, C.I. 21.496.153 y Daniel Antonio Plaza Aguilarte, C. I. 22.825.060, resultaron aprehendidos durante el enfrentamiento en la calle Las Flores.

Minutos después, en la calle principal de Francisco de Miranda, la PMC detuvo a William Alexander González Barreto, C.I. 22.587.897; a Oswaldo José Soto Aguiño, C.I. 19.260.220, ambos funcionarios activos de la GNB; y a sus parejas, Judeilis María Veliz Rodríguez, C.I. 19.703.988; y Danieli Andreina Plaza Aguilarte, C.I. 27.936.849. Todos iban a bordo de un vehículo Toyota Corolla negro, señalado por Treisy Carvajal como el carro en el que se habían ido parte de los atacantes en búsqueda de gasolina para quemar su vivienda.

Estas seis personas fueron presentadas en tribunales por intento de homicidio pero fueron dejadas en libertad bajo régimen de presentación. Los imputados, a su vez, contrademandaron al Estado en la Fiscalía de Derechos Fundamentales del estado Bolívar por abuso de poder de los funcionarios actuantes en el operativo. El Fiscal Superior del estado Bolívar, Orlando Alcalá, tampoco quiso declarar sobre ese caso.

La PMC no reveló la identidad del otro oficial que fue expulsado de Francisco de Miranda, junto con Osman Castillo, por su seguridad. Revelaron que su esposa, embarazada de nueve meses, fue golpeada y amedrentada por los delincuentes después de lo sucedido con la familia Carvajal. Ambas familias tuvieron que irse del barrio. Según las investigaciones, con estas son 11 las casas deshabitadas por presión de esta banda armada en ese barrio de San Félix.

“La comunidad prácticamente está a favor de los malandros y dicen que nosotros somos los malos. Nosotros tenemos prohibido entrar en esa zona, estamos vetados”, asume un funcionario activo de la PMC, que apuntó que esa comunidad realmente pertenece a cuadrantes de seguridad de la Policía del estado Bolívar (PEB) y Guardia Nacional. El error de los funcionarios municipales fue solo vivir ahí.

Poder delincuencial

De acuerdo con los compañeros de Osman Castillo, se le atribuye el móvil de “venganza” a su asesinato nada más por ser funcionario policial. Él no participó de la balacera del 30 de enero en el Cementerio Municipal de Chirica, “simplemente era policía municipal y vivía en un barrio que está controlado por malandros”, explicaron. “Nos da miedo que esto se pueda volver costumbre, que nos maten en cualquier barrio controlado por delincuentes, que aquí en San Félix son muchos”.

Desde Cicpc no informaron las identidades de los implicados en el asesinato de Castillo. En reportes de prensa local manejaron el alias “El Yordi” como el principal implicado en el crimen, dato que también reseñaron en la PMC.

Hace al menos 10 años que funcionarios policiales del estado Bolívar desistieron de reclamar la construcción de un urbanismo solo para oficiales, para evitar compartir morada con delincuentes de sus zonas. “Aquí el policía o se hace de la vista gorda o termina siendo cómplice, para salvar su vida”, coincidieron dos de los funcionarios consultados para este trabajo, ambos bajo el resguardo de su identidad.

La desconfianza hacia los cuerpos policiales tiene fundamentos. El mes pasado, la Policía del Estado Bolívar ejecutó extrajudicialmente al joven Pedro Lizardi Coral, de 19 años, dentro de su casa en el barrio Nuevo Mundo, también de la parroquia Dalla Costa, al confundirlo con el delincuente que buscaban, también llamado Pedro.

A dos semanas del asesinato nadie en el centro de coordinación policial se atreve a declarar sobre el hecho

Posible vinculación con mafias del oro

La versión oficial del Cicpc es que la banda de “El Yordi”, que opera en el sector Francisco de Miranda, se dedica a “delitos comunes” como robo y extorsión. Los delincuentes de esta banda se encontraban robando a visitantes del cementerio de Chirica, en el primer enfrentamiento.

Pero otra versión ronda en las investigaciones. Una fuente vinculada con el caso reveló que los maleantes que se enfrentaron a la Brigada Ciclista de la PMC ese 30 de enero en el cementerio son miembros de una banda armada que operaba en la mina El Perú, del municipio El Callao, al sur del estado Bolívar.

Esta banda habría sido desplazada por un operativo del Ejército y se instaló en San Félix para explorar las riberas del río Caroní en busca de oro u otros minerales.

La fuente precisó que el delincuente que cayó en ese enfrentamiento del 30 de enero era un allegado al pran de la banda, dedicada al comercio ilegal del oro, razón por la cual las retaliaciones en contra de la policía y, en este caso, en contra del oficial Osman Castillo, fueron tan cruentas. “Estamos hablando que le dieron más de 10 disparos en la cara. Es un tema muy, muy delicado. Sabemos que están diciendo que policía que se les atraviese, lo matan”.

Fueron 57 los homicidios ocurridos en marzo en Ciudad Guayana, estado Bolívar. Osman Castillo es el primer policía asesinado en el mes, de acuerdo con el conteo de Monitor de Víctimas. A 18 días del crimen, el Estado todavía no ha hecho justicia.

@OrianaFaoro